La inclusión comprende una actitud activa para identificar y eliminar obstáculos y diferencias y que cada persona pueda ejercer su derecho de vivir de acuerdo a su voluntad e interés. En esa acción podemos estar todos involucrados/as con diferente grado de responsabilidad, aunque, por supuesto, las actitudes individuales son importantes. En definitiva, de lo que se trata para avanzar hacia una sociedad más integrada es de un cambio cultural que incorpore esa actitud activa de inclusión, y eso pasa, en primer lugar, por lo que haga cada uno/a. Sin embargo, hay otros niveles de responsabilidad colectiva y, en particular, los que corresponden al Estado, donde se orienta, incentiva y define de una forma mucho más determinante los límites y posibilidades de generar condiciones efectivas para esa inclusión.
Nuestro país ha logrado algunos avances en ese sentido desde la definición de marcos normativos de diferente alcance, que han sido verdaderas conquistas a la hora de aumentar las posibilidades y oportunidades de la sociedad para generar mejores condiciones de inclusión. Esa legislación ocurrida en los últimos años se puede entender como la adecuación al compromiso asumido por nuestro país al adherirse, en 2009, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Sin embargo, y sin desmerecer la importancia de estas definiciones, su efectivo cumplimiento y el impacto que generan en la sociedad están todavía lejos de ser los deseados.
Es imprescindible ese rol activo que el Estado puede asumir para que la legislación se cumpla o, en el peor de los casos, sería deseable que al menos no actuara de forma tal que afecte negativamente ese cumplimiento y, en definitiva, la vida de las personas en situación de discapacidad.
Hoy en nuestro país son una realidad los cambios en las políticas de prestaciones sociales, que han afectado el acceso a la atención de salud, la economía, la vivienda y la educación, que inciden negativamente en la autonomía y calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Los recortes presupuestales en el ámbito de la salud han generado demoras en la atención médica de entre tres y cuatro meses, así como la falta de medicamentos e insumos. Además, los recursos son insuficientes en el caso de asistentes personales, intérpretes de lengua de señas, sistema de cuidados, asistentes terapéuticos y acompañantes. También ha habido recortes y suspensiones de pensiones de personas que no son autosuficientes y que sin ese aporte no pueden acceder al mundo laboral. Este es el caso de muchos jóvenes que pierden el derecho a percibir la prestación al cumplir la mayoría de edad. Para definir este tipo de cuestiones es necesario que esa decisión sea tomada por un equipo interdisciplinario idóneo, que evalúe cada caso con conocimiento, a diferencia del personal administrativo que actúa actualmente.
Hoy en nuestro país son una realidad los cambios en las políticas de prestaciones sociales, que han afectado el acceso a la atención de salud, la economía, la vivienda y la educación.
El pasado 3 de diciembre, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevó adelante la decimosegunda Marcha por la Accesibilidad y la Inclusión en Montevideo. La consigna de este año era por la “ausencia del Estado” y el aumento de “recortes”, precisamente debido a esta disminución de recursos y acciones que van afectando en forma negativa, cada día, la calidad de vida de las personas en esta situación.
Tanto el Día Internacional como la Marcha significan un momento de visibilidad y exposición, donde los medios muestran interés por el tema y se da la posibilidad de plantear las dificultades y desafíos que se encuentran. Ese es en parte su objetivo, que logra cumplir cabalmente. Sin embargo, pasada esa fecha no continúa ese interés. Es fundamental que el camino recorrido, los impulsos y avances que en algún momento se han logrado concretar y que ahora están en riesgo, sean motivo de una preocupación permanente por parte de la sociedad en su conjunto. Porque lo que está pasando no tiene que ver con algo que sólo importe a los afectados/as, sino con una forma de entender la sociedad y la forma en la que en ella participamos y podemos integrarnos. La sociedad a la que no le importa la suerte del otro/a debería ser dejada atrás, y, para ello, se requiere en primer lugar la acción, el conocimiento y el compromiso de todos y todas los que compartimos esa forma de entender la convivencia más allá de fechas y actividades.
Gimena Urta es dirigenta de Nuevo Espacio, Frente Amplio.