La incorporación, concertada o a iniciativa de Luis Lacalle, de José Mujica a la delegación oficial a la toma de Gobierno de Luiz Inácio Da Silva como Presidente del Brasil está indicando la necesidad de un tambaleante gobierno de coalición de quitarse de encima más pronto que tarde a antiguos “aliados” del ex Grupo de Lima: el expresidente estadounidense Donald Trump, el expresidente colombiano Iván Duque, la procesada Jeanine Áñez, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, todos formando parte de una política exterior que llegó a anunciar que instalaría una representación del Uruguay nada menos que en Jerusalén.
Los últimos acontecimientos, como el errático viaje del canciller Francisco Bustillo a Nueva Zelanda, la caída de la subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache y –sobre todo– el silencio frente a los crímenes actuales en Perú, antes en Ecuador, las transacciones de materiales de seguridad con una firma fantasma conformada por ex integrantes de las Fuerzas Armadas, no cierra, sino que son muestra contundente “de la catástrofe que nos amenaza” (dijera Lenin) como nación independiente, soberana, integrada al entramado de la región y el mundo, y no a una caterva de gobiernos y personajes de lo peor de la humanidad. Como el intento frustrado, desde el vamos, de “crear” el mecanismo de integración “Prosur” en marzo de 2019, junto a Mauricio Macri (Argentina), Duque (Colombia), Martín Vizcarra (Perú), Bolsonaro (Brasil), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Sebastián Piñera (Chile).
Uruguay venía de colocarse en lo más alto conquistado desde una nueva institucionalidad superadora de los márgenes impuestos por el imperialismo, durante los Gobiernos nacionales del Frente Amplio, sostenido en la convicción y la audacia de Tabaré Vázquez, de enfrentar, en defensa de la salud humana, a empresas transnacionales tabacaleras. Uruguay durante los Gobiernos del Frente –no sin debates, no sin crisis– pudo afirmar en la palabra del presidente de la República, sobre el final de su mandato, con contundencia, “¡No somos neutrales!”, durante la rendición de cuentas de gestión en el Antel Arena, oponiéndose a la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela.
Cuando Tabaré Vázquez invita a Luis Lacalle a acompañarlo a la asunción de Alberto Fernández en la República Argentina, uno era el presidente de la República en ejercicio; el otro, Lacalle Pou, el presidente electo. En cambio, en la delegación que irá a Brasil, Julio María Sanguinetti es el secretario general del Partido Colorado. Lacalle opta por una decisión discrecional ante el Frente Amplio, recurriendo a incorporar al compañero José Mujica, ex presidente de la República, referente principal del Movimiento de Participación Popular.
Después de tantos desaguisados a contramano de la historia –como el alineamiento absoluto del Uruguay con la OTAN y Estados Unidos–, Luis Lacalle necesitaba reperfilar lo que llaman “imagen” del país, luego de su escenificación de declarar la independencia en decisiones y anunciar acciones que conducen al Uruguay a marginarse del Mercosur.
El denominado “bloque social de los cambios” debería generar la declaración oficial de un estado de emergencia social nacional, apuntando a un programa, una propuesta mínima.
Pepe Mujica afirmó que será una “pequeña ayuda” a la integración regional e internacional de nuestro país el hecho de que se haya sumado a la delegación oficial en la visita presidencial a un acontecimiento mundial, trascendente, para América y el mundo, cuando un proletario íntegro, con tremenda garra, confiado en su pueblo y todos los pueblos, llegue nuevamente a la conducción de una de las naciones más destacadas del orbe. A nuestro criterio, esta decisión debe continuarse con política, programa y propuestas – restan más de dos años para el 1° de marzo de 2025– que procuren imponer un giro trascendente en política internacional y nacional, en la redistribución del crecimiento de la economía, que se anuncia, será de más de 5%.
El denominado bloque social de los cambios –que se ha tornado casi en un cliché que el Frente Amplio coloca en su programa y declaraciones, junto a las fuerzas sociales, sindicales, universitarias, etc. –, debería generar la declaración oficial de un estado de emergencia social nacional, apuntando a un programa, una propuesta mínima, vital, que integre, por ejemplo, un plan nacional de inversión pública en infraestructura –no exclusivo en carreteras– que genere trabajo genuino, de calidad; junto a una renta básica para personas y familias sin ingreso alguno y un plan alimentario básico, como lo ha fundamentado, en alguna oportunidad, el senador Óscar Andrade.
Mujica no podía rechazar la invitación de Lacalle a integrar la delegación a la toma del Gobierno de Lula, pero para que todo deje de seguir como está, el Frente Amplio no debe conformarse en continuar denunciando, un día sí, otro también, los casos Marset, Astesiano, y otra larga lista de asuntos, junto con asumir la urgencia de parar una reforma educativa y otra reforma de las pensiones que van contra la opinión y los intereses de los trabajadores y sociedad organizada.
Luego del 1° de enero 2023, la particular integración de la delegación nacional a Brasil será anécdota. Sin embargo, es tan dura como real la concentración y expropiación brutal del producto nacional por una exigua minoría de nacionales y no nacionales.
Necesitamos en forma urgente propuestas sostenidas en el debate y la movilización democrática independiente de la población frente a una emergencia social que nadie niega. La toma de Lula se transformará, entonces, en un poderoso estímulo a la lucha por la vida, salud, alimentación, educación, derechos humanos, sociales, culturales y económicos de nuestro pueblo.
Raúl Campanella es representante alterno por el Partido Obrero Revolucionario en las reuniones regulares de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio.