Previo al Día Internacional de los Derechos Humanos de este año se dio un hecho de alta significación para crear esperanza por una América Latina justa y fraterna: el 9 de diciembre se lanzó el Manifiesto por el desarme y la justicia social1, iniciativa ecuménica que surge en Colombia y que hoy tiene una proyección regional con el apoyo de varias organizaciones y actores, como el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y el papa Francisco.
La industria y el comercio de armas son algunos de los grandes motores del capitalismo, junto con las formas de producción y consumo, el extractivismo, las formas de explotación y desigualdad para producir bienes de capital que dinamizan lo que se ha considerado como “el progreso”, contradicciones que hoy muestran superar los límites sociales, ambientales y de viabilidad de la especie humana.
Aparece el armamentismo y las diversas formas de violencias que dinamizan el sistema socioeconómico y cultural vigente, como la columna vertebral de sociedades que están atrapadas en un círculo deshumanizador que debe ser revertido tanto para las ciencias sociales y los análisis político-ideológicos como para los humanismos y compromisos de fe.
El impacto del armamentismo y las diversas violencias en las sociedades latinoamericanas pone a los Estados de la región al borde de su desintegración, parcialidad o incapacidad de ser actores garantistas de derechos para su población. En este contexto, la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia trastoca la direccionalidad de muerte constante y genera una disrupción que permite soñar otra región con un futuro de dignidad.
El 7 de agosto de 2022, cuando asume Petro, dirá: “Es la hora del cambio. [...] Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Se puede. [...] Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar. [...] Es más democracia, más participación lo que propongo para terminar con la violencia”.
Ante el viejo adagio latino “si quieres la paz prepárate para la guerra” y la “doctrina de la guerra justa”, los movimientos sociales por la emancipación impulsaron durante todo el siglo XX, y ahora en el siglo XXI, el compromiso activo por la paz y la justicia social. Sabiendo que la guerra y el militarismo afecta principalmente a los más pobres y los trabajadores, quienes no son ni promotores del belicismo ni tomadores de decisión en los conflictos.
En tal sentido, varias religiones en sus cosmovisiones y sentidos espirituales se convocan ecuménicamente desde hace décadas contra la violencia y condenan utilizar la apelación a la divinidad como fundamento de las guerras, aunque se utilice en sus discursos con el fin de justificar la violencia. El catolicismo desde la Pacem in Terris de Juan XXIII en 1963 a la Fratelli Tutti de Francisco en 2021 va a situarse en el cuestionamiento radical a la guerra, el belicismo y el militarismo, dando por terminada la doctrina de la Guerra Justa y reafirmando que si se quiere la paz hay que prepararse para la Paz en Justicia en la perspectiva de Pablo VI y la oposición al intervencionismo militar de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Luego de un largo camino de prácticas y compromisos, análisis y reflexiones, conflictos y esperanzas en varios países de América Latina y el Caribe, particularmente en Colombia, se concreta una instancia de síntesis y convocatoria, momento que creemos disruptivo e innovador, en favor de la esperanza de construir procesos efectivos de paz, convivencia y desarme.
Un conjunto de organizaciones, instituciones, universidades e iglesias fueron convocadas primero por un espacio ecuménico e interreligioso de Colombia, presidido por el sociólogo José Fabio Naranjo. A la vez, se fue haciendo continente y región con la participación de integrantes de otros países en los que se van constituyendo nodos o grupos dinamizadores de esta propuesta, que hoy nos nuclea y se hace pública como manifiesto que interpela conciencias, prácticas, instituciones y paradigmas.
Motivos del manifiesto
Para cambiar las tendencias de muerte por las de la vida, se requiere trastocar las bases subjetivas, espirituales y materiales de las desigualdades e inequidades que generan las violencias que desgarran a las sociedades, particularmente, a jóvenes, mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, diversidad de colectivos, junto con poblaciones vulnerabilizadas, excluidas y marginalizadas a lo largo de todo el continente. Es necesario aunar esfuerzos entre el rol garantista de los Estados, la participación activa de las sociedades y las comunidades de fe.
En el evento de lanzamiento de la iniciativa, Iván Vélasquez, actual ministro de Defensa de Colombia, explicó que el manifiesto plantea “dos de los temas fundamentales que el gobierno viene impulsando: desarme y concreción de paz total”, para que “tantas violencias cruzadas que afectan a la población, sobre todo excluida en un país inequitativo”, puedan empezar a cambiar. Planteó que para salir del círculo de la violencia hay que “crear oportunidades y posibilidades para los sectores más excluidos. La paz total no es sólo el desarme, hay que transformar las condiciones materiales de la población orientándolas hacia la justicia social, para trastocar las violencias cruzadas”. Para que no se reproduzcan las violencias, es necesaria la seguridad humana integral.
El aporte de la mirada de género con la activista Marina Gallego Zapata, de la Ruta del Pacífico, interpeló sobre la estructura cultural basada en la violencia machista y patriarcal que está en la sociedad pero que tiene su expresión en lo militar, la seguridad nacional. Promover una acción para resolver los conflictos de forma pacífica reclama un cambio cultural.
La mirada crítica desde Estados Unidos la tuvo John Lindsay Poland, como ciudadano norteamericano coordinador del proyecto Alto a las Armas de EEUU en México. Ilustró sobre cómo en la última década Estados Unidos ha exportado a los países de América Latina miles de armas.
En la apuesta por el desarme y la justicia social se sumó la voz de Brasil, en un momento de freno a la extrema derecha belicista y de vuelta al progresismo con Lula, lo que constituye una oportunidad para recuperar un relato humanista de la política. Robson Sávio Reis Souza, del Núcleo de Estudios Sociopolíticos de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, planteó que la violencia letal en Brasil alcanzó un máximo histórico en 2017, cuando más de 64.000 personas fueron asesinadas. Brasil continúa en la cima del ranking de las naciones más violentas del mundo. En números absolutos, el país es el segundo que más mata. En términos relativos (comparando las muertes con el tamaño de la población), es el decimoquinto más mortífero.
El Foro Brasileño de Seguridad Pública indica que cuanto mayor es la difusión de armas de fuego, mayor es la tasa de homicidios. Estudios científicos demuestran que la mayor disponibilidad de armas de fuego en el mercado conduce a un aumento de las muertes violentas. Aumentan los suicidios, aumenta la violencia doméstica, hay accidentes en el hogar que involucran a niños, disputas entre personas, como en el tránsito, terminan en muertes; a esto se suma que el arma del ciudadano muchas veces termina en manos del crimen organizado.
El impacto que el armamentismo y las diversas violencias tienen en las sociedades latinoamericanas pone a los Estados al borde de su desintegración, parcialidad o incapacidad de ser actores garantistas de derechos.
El cardenal Michael Czerny afirmó que acompaña el manifiesto de carácter internacional. Aseguró que los conflictos deberían ser superados por la negociación y que la guerra es un círculo vicioso para cambiar. La iglesia católica “está por un desarme real, compartido y multilateral”. Planteó la necesidad de mirar desde las víctimas. Su mirada fue complementaria a la pacifista del pastor menonita Elkin Márquez, centrada en la no violencia activa como forma de promover la convivencia para influir en las políticas públicas.
Martha Inés Romero, de la Iniciativa Católica por la No Violencia, planteó las diversas maneras en las que el papa Francisco ha llamado a la iglesia y al mundo –tanto a los perpetradores de la violencia, incluidos los sistemas que oprimen, que marginan y destruyen, como a los que luchan por la justicia y la paz– a entender y adoptar la no violencia como el camino realizado por Jesús y como una práctica poderosa para construir la paz.
Por otro lado, la teóloga uruguaya Ana María Bidegain, actualmente presidenta del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos Pax Romana, del que fuera integrante el doctor Patricio Rodé y el recientemente fallecido padre Paul Dabezies, expuso sobre los 100 años de compromiso universitario por la paz y la justicia, llevando esa voz a los organismos internacionales.
Desde México, donde el narcotráfico y las violencias destrozan las poblaciones, nos envió su mensaje el mediador de conflictos y militante social Miguel Álvarez. “Ante el grave y violento contexto global que configura a esta compleja y profunda crisis civilizatoria, las sociedades y pueblos del mundo han de asumir la responsabilidad de participar en los temas públicos cruciales para construir colectivamente las rutas y las alternativas de justicia y dignidad. Entre estos temas, resulta prioritario, tanto en el sentido profético como en el estratégico, hacer todos los esfuerzos populares, sociales, políticos, culturales y civiles para detener la lógica de fuerza con que se disputan la hegemonía, el poder y los mercados, misma que ha trasladado a la promoción y uso de la violencia legal e ilegal, y está a su vez trasladada al uso diversificado y sin control de las armas de fuego de todo tipo en las conflictividades de todo tipo”, manifestó.
Concluyó que hay que “abrir otras rutas ante tal predominio actual del armamentismo y militarismo”, lo que implica “primeramente detectar y denunciar la red de producción y distribución de armas que despliega el primer mundo, así como detectar y denunciar las redes y mecanismos con los que el negocio de las armas promueve su uso y su demanda”. “Esto es ahora crucial, entendiendo que la paz no es solamente la ausencia de violencia, ni un mero tema de seguridad. La paz orientada a la justicia y la dignidad es una ruta profundamente diferente a estos modelos dominantes que violan y violentan a la civilización y a la dignidad humana”, remarcó.
El manifiesto y el camino que se abre
Para que América Latina y el Caribe logre un futuro de bienestar integral, es necesario aunar esfuerzos, entre otras medidas, en favor de trastocar las inversiones en armamento, enfrentar el narcotráfico con legalización, regulación y freno de la demanda externa, cuestionar el machismo, la depredación de la naturaleza, construir procesos de convivencia basados en la justicia social contra la desigualdad, a favor de la equidad y el respeto a la dignidad humana en todos los niveles.
El desafío del gobierno colombiano es construir las bases de una paz duradera, con justicia social y ambiental, que sea un ganar-ganar para toda la sociedad y poblaciones de Colombia. A la vez, esto es paradigmático para la región, por ser uno de los epicentros en los que se han desarrollado violencias programadas desde el apoyo externo, la desigualdad interna, la larga guerra civil, la represión selectiva y sistemática con violación a los derechos humanos.
¿Cuál es el plan estratégico y agenda clave para el desarme y la contracara de la justicia social, ambiental y económica? Retomando las palabras de asunción del presidente Petro: “Le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales. Disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana. [...] Latinoamérica se junta en algunas instituciones, pero no en proyectos concretos. [...] Colombia hará su énfasis internacional en alcanzar los acuerdos más ambiciosos posibles para frenar el cambio climático y defender la paz mundial. No estamos con la guerra. Estamos con la vida”.
No se puede entender a Colombia fuera de América Latina, sea por compartir problemáticas en común o porque era parte de la dificultad y hoy es parte de la solución que aspira a trastocar las bases estructurales de la violencia (en todas sus formas).
Algunas de las preguntas que nos hacemos son: ¿Qué paradigma puede generar sinergias virtuosas para salirse de las espirales de las violencias? ¿Cuáles son los pasos de corto, mediano y largo plazo en una política de seguridad humana integral?
El creciente armamentismo y reconfiguración de bloques geopolíticos basados en el poder militar y la defensa de formas de economía reclaman de miradas comunes multilaterales para el desarme y la transición a una nueva forma de desarrollo y bienestar basados en la no violencia activa y la equidad de acceso.
Es necesario visualizar cómo desactivar paradigmas instalados a distintos niveles, lo que reclama la participación de varios actores e instituciones que asuman el desafío de crear las nuevas bases de un paradigma del desarme y la justicia social que provoque sinergias a pesar de las contradicciones.
¿Cuáles son los límites y posibilidades desde esta perspectiva para que se provoquen cambios sustantivos, aunque sean pequeños y requieran de mayores procesos?
En este segundo ciclo progresista emergen sinergias que buscan aportar a la convivencia regional trastocando las bases subjetivas y materiales de la desigualdad y la violencia estructural que desgarra a las sociedades, particularmente, a jóvenes, mujeres y colectivos y poblaciones vulnerabilizadas, excluidas y marginalizadas a lo largo de todo el continente. Asimismo, transversaliza el conflicto de visiones ideológicas entre el progresismo y la presencia de extremas derechas en las Américas (los ejemplos más claros son Brasil y Estados Unidos, así como algunos países de Centroamérica).
El realismo mágico, las comunidades de fe, el principio esperanza, el compromiso humanista, las prácticas de emancipación por equidad e igualdad para una libertad inspiran un proyecto político con proyección regional de transformaciones basadas en la participación social y cultural, que requiere articular con las condiciones materiales e institucionales que la garanticen. En eso estamos, y convocamos a respaldar el manifiesto con firmas y generación de nodos en toda América Latina y el Caribe para que sea realidad el desarme y la justicia social en la Patria Grande.
Nelson Villarreal Durán es integrante de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social por Observatorio del Sur (Obsur) y el Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.