La primera mitad del mandato del Gobierno amerita algunas reflexiones sobre su conducción y sobre la perspectiva futura. Porque se acabó el recreo para el presidente, para nuestro presidente, pues se están alterando –con grave riesgo– algunas directivas sagradas de la política nacional, y de todo corazón, no encuentro una respuesta apropiada.
Voy a tomar algunos ejemplos concretos sobre la conducción gubernamental. Lo primero, y más notorio, es que Lacalle Pou ejerce las funciones del Poder Ejecutivo (artículo 165 de la Constitución) y no las del presidente de la República (Sección IX de la Carta), que son escasas.
No hay acuerdo semanal con los ministros (aparecieron en las dos semanas últimas), que tienen muy acotada su libertad de acción y las reuniones del gabinete no suelen ser de adopción de decisiones, sino la previa de las sucesivas conferencias de prensa.
Todo lo decide el presidente (“en acuerdo con el presidente”, “por orden del presidente”, “en consulta con el presidente”).
Se ha hablado de una “empresa unipersonal” y esto es grave y peligroso. Lacalle Pou se “hace cargo” de todo, pero esto no resuelve nada, y encierra una patología del sistema democrático que debemos ayudar a cambiar.
Naturalmente, este estilo deriva no sólo de su personalidad, sino de comandar una alianza electoral multicolor, cuyo gran objetivo era superar al Frente Amplio, y que hoy hace muy visible una cantidad de diferencias en lo político y en la cantidad de cargos que le tocaron, y esto va para el Partido Nacional en lo interno y para los demás sectores del elenco multicolor, que plantean iniciativas que el mandatario ni siquiera responde.
Era muy claro que la fuerza que ganó las elecciones no tenía un órgano suprapartidario para poder dirimir diferencias, y aún es más notorio que el presidente no quiere la “mesa chica”, sino que está cómodo con la concentración del poder en sus manos. Pero la interna se calienta y se hablan de muchas candidaturas como para creer en un rumbo republicano y serio.
Se ha hablado de una “empresa unipersonal” y esto es grave y peligroso. Lacalle Pou se “hace cargo” de todo, pero esto no resuelve nada, y encierra una patología del sistema democrático que debemos ayudar a cambiar.
La comunicación asertiva requiere reuniones plurales e intercambio horizontal –con todos los socios– para la toma de decisiones, y para peor, el jefe de Gobierno suele adelantar la decisión el día anterior a algún encuentro, con lo que cierra muy fuerte la puerta para un consenso.
El otro grave error es tratar de desconocer o tratar en forma despectiva al Frente Amplio. Un poco de humildad y realidad, presidente: el Frente Amplio es la fuerza política más grande del Uruguay desde 1999, y llegó en empate técnico, en noviembre de 2019, con los cinco partidos que se unieron para derrotarlo.
Y no insista con “la herencia maldita” (frase de su bisabuelo) pues el documento del Gobierno y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 20 de junio de 2020 habla elogiosamente de la situación emergente de los quince años de la era progresista y su posición predominante en América Latina, en casi todos los rubros.
En este período, las sombras se agigantan y se pretende esconder la cruda realidad con proyectos de futuro aún no realizados, pero sin dar un paso serio hacia la recuperación salarial.
A los ya comentados escándalos del Puerto de Montevideo (concesión hasta 2081 en favor de capitales privados extranjeros, repartiendo beneficios y asumiendo onerosas obligaciones) y del Proyecto Neptuno (iniciativa privada, varias veces rechazada, que intenta privatizar parte del proceso de abastecimiento del agua potable) con el avasallamiento de la Constitución y de la ley, siguen noticias escalofriantes.
El “caso Astesiano” supera todo lo imaginable, la página más negra de la corrupción uruguaya: pasaportes adulterados, tráfico de influencias, pesquisas secretas, acomodos en cargos, oficina en la Torre Ejecutiva, y muchas cosas más que recién asoman, ahora les toca el turno a los procesos licitatorios. Y el jefe no sabía nada, ¡lo sorprendieron!
Ni que hablar del favor que le hicieron a Marset, peligroso narcotraficante según las propias autoridades del Gobierno, para lograr su liberación en Dubái, violando el art. 5º del Decreto 129/2014, que impide –prohíbe– la extensión de un pasaporte sin la solicitud y comparecencia personal del interesado.
Han perdido seriedad y confiabilidad y pretenden unas reformas “exprés” sin el consenso de los involucrados y de la sociedad civil.
Son muchas decisiones que marcan un rumbo de derecha neoliberal, con gran concentración del poder para la defensa de la renta empresarial, el achicamiento del Estado, la corrupción política y la mentira sin límites, sin la menor orientación coherente en lo internacional, y –en especial– de espaldas a los trabajadores urbanos y rurales y a los pasivos.
Julio Vidal Amodeo es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.