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Falacias de lo universitario en la formación en educación

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Estas líneas proponen pensar sobre la actual situación de las carreras en educación del Consejo de Formación en Educación. Comenzamos 2022 con la novedad de que a partir del 1o de marzo dejaron de existir las coordinaciones de los departamentos e institutos académicos. En una resolución del 23 de noviembre de 2021 el Consejo de Formación en Educación (CFE), por mayoría, resuelve que los coordinadores de institutos y departamentos académicos cesan el 28 de febrero de 2022. Ese hecho se concreta, lo que deja a las carreras sin los responsables de coordinar y orientar a los planteles docentes, dinamizar las actividades de producción de conocimiento, investigación y extensión, y sin sustituir esta estructura organizativa por otra.

Uruguay tiene una larga y fundada historia en la formación de educadores. El reconocimiento de la complejidad de la tarea ha impulsado un proceso de profesionalización que compromete a la formación y sus dispositivos institucionales.

Existió un plan, perfectible e incompleto, cuya orientación respondía a la idea de que ser profesionales de la educación requiere de espacios de formación en una cultura institucional y académica universitaria. Los institutos de formación en educación transitaban cambios; un lento proceso de transformación en su cultura institucional daba paso a la cultura académica y de organización del trabajo para promover la profesionalización de todos los actores de la educación.

Como señalamos hace un tiempo, a partir de los cambios en políticas socioeducativas para adolescentes y jóvenes: “Vivimos un tiempo de cambios. Pero cambiar no siempre supone incorporar aprendizaje para mejorar; a veces, cambiar es un simple acto destructivo”1.

Esta frase es aplicable a la decisión del CFE, ya que provoca un cambio cuando cesa a los coordinadores académicos. Elimina ese estamento sin proponer nada a cambio. Está claro que es más sencillo destruir que instituir cambios, aunque la retórica señale lo contrario.

La situación es grave: un retroceso en la trayectoria de los últimos diez años que estuvo orientada hacia el desarrollo de prácticas universitarias, lo que permitió concretar proyectos de investigación y extensión con participación de docentes y estudiantes. Lo analizamos tomando en consideración que estos procesos se producen sobre un escenario de disputa entre la tradición normalista, que es el modelo hegemónico, y la tendencia a la universitarización que, como señala María Ester Mancebo, se enfrenta a un escenario de compleja gobernanza.

El gobierno anterior avanzó muy lentamente y dejó sin concretar tres cuestiones centrales:

1) La universidad nacional de educación fue un proyecto fallido y es una deuda pendiente.

2) Los cargos docentes organizados por criterios académicos y no por antigüedad quedó pendiente. Si bien se aprobó el capítulo XIV del Estatuto Docente, no se implementó, lo que permitió que la nueva administración del CFE y actores docentes contrarios a estos cambios definieran una alianza puntual para suspender su aplicación.

3) Los nuevos planes de estudio elaborados entre 2016 y 2019, con la participación de cientos de docentes, estudiantes y egresados en el marco de comisiones y espacios de trabajo, fueron aprobados por el CFE, pero el Codicen los dejó durmiendo en un cajón.

No crear la universidad nacional de educación, no aprobar los nuevos planes de estudio y no concretar la creación de cargos docentes –con funciones de enseñanza, investigación y extensión– permitieron que la actual administración, con dos o tres resoluciones, frene un proceso de construcción hacia una cultura universitaria que tiró por la borda miles de horas de trabajo de docentes, estudiantes y egresados.

El nuevo gobierno no quiere crear una universidad de educación, ni una estructura académica para seguir instituyendo una cultura universitaria; quiere emitir títulos universitarios para los egresados de las carreras de la formación en educación. El mecanismo lo crea el artículo 198 de la ley de urgente consideración (LUC) y lo reglamenta el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) mediante el decreto 358 del 4 de diciembre de 2020.

El artículo 198 establece un “procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias”. Constituye un Consejo Consultivo que funcionará en la órbita del MEC, con “autonomía técnica” y una “integración plural”, para asesorar al ministerio “en los procesos de reconocimiento del nivel universitario de las carreras que voluntariamente se presenten, siguiendo criterios de calidad previamente definidos y en consonancia con otros sectores de la educación superior”.

En el artículo 5 del decreto reglamentario se establece un conjunto de criterios que las carreras que quieran acceder al reconocimiento universitario deben certificar: la sede o región para la que se pide reconocimiento –no es de carácter nacional–, el perfil de egreso, las competencias u objetivos de la carrera, los fundamentos y desarrollo del diseño curricular, la modalidad de cursada, el plan de estudios y los programas, el formatos de las prácticas, las actividades de vínculos con el medio, los planes de investigación, el sistema de evaluación, y el cuerpo docente en concreto, ya que solicita los nombres, el CV, las horas que dictará cada uno, incluso una nota firmada manifestando el compromiso.

La situación es grave: un retroceso en la trayectoria de los últimos diez años que estuvo orientada hacia el desarrollo de prácticas universitarias en la formación en educación.

Cada carrera deberá postular independientemente, por regiones, un elemento clave para evaluar la calidad es el plantel docente. De aplicarse este procedimiento habrá dos tipos de titulaciones dentro del CFE: las actuales y las universitarias. Y en el requerimiento de postulación de planteles docentes armados se exige una nota de cada docente en la que se compromete a trabajar en esa carrera, lo que sólo es posible para formaciones en instituciones privadas, ya que las normas de acceso a las horas docentes en el CFE no habilita esa previsión. Se transgreden normas del CFE y de la ANEP sobre el acceso a la función docente, un sistema de acceso a la docencia basado en la antigüedad, y en el que el docente elige año a año las horas para dictar asignaturas concretas. En síntesis, se crea un mecanismo de reconocimiento de carreras universitarias impracticable para el CFE.

¿Es posible crear carreras universitarias sin una estructura académica robusta?

Estamos convencidos de que no es posible tramitar un proceso de universitarización de la formación de los educadores sin pasar por un largo proceso de construcción de condiciones para la investigación y la producción de conocimiento, y sin crear estructuras académicas sólidas y estables. En la formación de educadores sociales encontramos algunas claves interesantes, ya que durante los últimos años se instalaron proyectos de investigación liderados por equipos docentes de los departamentos de prácticas y de pedagogía social, algunos de ellos con proyectos financiados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (CSIC) –en el marco de equipos integrados con institutos académicos de la Universidad de la República–, en los que decenas de estudiantes se formaron y están realizando sus monografías de egreso con material emergente del campo de distintas investigaciones. Pero es un proceso frágil que puede desmontarse fácilmente, no está instalado.

Los procesos de producción académica requieren de estabilidad y de tiempo. El desarrollo de la investigación es un proceso lento, los programas de apoyo que se han desarrollado en los últimos seis años han iniciado un camino, que requiere de estabilidad y mayores apoyos. El acuerdo entre el CFE y la ANII fue un avance significativo, como también lo son los fondos de iniciación a la investigación o los apoyos económicos a docentes para que finalicen los estudios de maestría y doctorado. Se trata de procesos que llevan tiempo, y que no es posible visibilizar los efectos de forma inmediata.

Hasta ahora, luego de dos años de asumido el nuevo consejo sostenido sobre una retórica del cambio para avanzar hacia las titulaciones universitarias, hemos vivido en una falacia –engaño, fraude o mentira–, ya que no hay cargos docentes, ni estructura académica que organice el trabajo, sólo señales para potenciar la gestión de los directores de los institutos, muy ancladas en lógicas escolares reñidas con la formación de adultos y una cultura universitaria.

Pequeños gestos administrativos dan cuenta de un proceso de desmantelamiento de las débiles estructuras académicas que se venían forjando en la formación de educadores. ¿Será que de fondo se cuestionan los modos del trabajo educativo deseando más gestores y menos profesionales? ¿Que es mejor educadores formados en instituciones sin una cultura académica y universitaria?

Quienes trabajamos en educación sabemos que se requiere de profesionales activos, reflexivos, críticos para organizar respuestas a los complejos problemas cotidianos. Disponibles para actuar y atentos en la producción de saberes; al decir de Cosme Sánchez: “La práctica, por sí misma, no produce efectos en cuanto al saber, sino a condición de realizar un trabajo sobre ella. Existe un mito entre algunos profesionales que sostiene que la práctica produce por sí misma un conocimiento, un saber hacer. Es un delirio compartido por muchos. Nada más lejos de la realidad. Al contrario, la práctica produce rutina, repetición, inercia, cansancio, desinterés, mecanización del acto y mortificación del deseo”2. Si el impulso de profesionalización es mutilado por las lógicas de eficiencia y mercantilización de las formaciones en educación el escenario es complejo, principalmente para las nuevas generaciones de educadores.

Formarse en educación no puede ser reducido a la asistencia a un conjunto de cursos, aulas donde repetir teorías y canturrear saberes que no producen más que desesperación. Formarse como educador es asumir un compromiso con la realidad social. Es participar en la producción de nuevos conocimientos, para alterar las prácticas y seguir construyendo saberes. Todo esto es posible si los procesos de formación se inscriben, conciben y desarrollan en dispositivos institucionales potentes. Hemos experimentado años de activa participación de los estudiantes en proyectos de investigación que promueven espacios de interacción, mayor autonomía del estudiante que se enfrenta a preguntas y problemas para los que no hay una respuesta construida, sino a construir en conjunto con sus compañeros y a la par con sus docentes.

Por si algún lector está distraído, vale la aclaración, estas líneas no redundan en la defensa de cargos, son un manifiesto contra todo gesto de suspensión de la construcción de cultura académica en la formación de educadores.

Paola Pastore y Diego Silva Balerio son docentes e investigadores del Departamento de Pedagogía Social del Instituto Académico de Educación Social del CFE.


  1. https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2021/5/politica-de-la-tristeza-menos-adolescentes-y-jovenes-en-vinculo-con-la-cultura/ 

  2. Sánchez, Cosme (2021). Desinserciones y lazo social: Una práctica orientada por la singularidad

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