La comparecencia de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el Parlamento el 6 de abril fue el escenario de otra crítica a la gestión anterior del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El doctor Juan Gabito se despachó diciendo que “el PAE se administraba en forma arbitraria porque se pasaban todos los niños matriculados sin distinguir quiénes hacían uso del comedor”. “Eso hizo que hubiera más de 200.000 demandantes, ahora hay 190.000. ¿Qué pasaba? Se tiraban las bandejas sobrantes... Hemos tenido multas de la Intendencia [de Montevideo] porque eran residuos no domiciliarios en las volquetas”. “Eso era un despilfarro”.
Un discurso con antecedentes en representantes del gobierno: en junio de 2020, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, hablaba del “gasto fantástico” que antes tenía el PAE y lo comparaba con los 60.000 comensales que retiraban viandas en plena pandemia, y la senadora Graciela Bianchi advertía que extender el horario no era sinónimo de dar de comer y que los alumnos podían llevarse viandas. Más recientemente la directora de Primaria justificó no repetir el plato para “evitar el riesgo de la obesidad”.
El ministro también anunció auditorías e investigaciones que muchos meses después terminaron en conclusiones obvias tales como que, “a pesar de identificar debilidades de control”, el PAE “cumple su cometido de asegurar alimentación a los alumnos”. Esta auditoría hecha en 20 escuelas, de los 2.213 comedores sólo estudió servicios tercerizados, cuando 90% son comedores tradicionales. Aun así, se formularon algunas sugerencias valiosas, que ojalá la actual administración atienda, como la de asignar más cargos técnicos y registros más exhaustivos, en tanto otras observaciones son evidentes e inevitables, como la diferencia entre el alumnado y el número de comensales.
Precisamente sobre estos aspectos vuelve el doctor Gabito, con dichos inexplicables al provenir de un expresidente del Codicen (1990-1995) que debería conocer el funcionamiento del PAE, más allá de que durante su gestión los recursos fueran exiguos y se sufriera la peor caída de presupuesto de la ANEP (3,3%) desde 1985 a 2020.
La insistencia merece algunas aclaraciones:
a) Antes (y ahora) se confeccionaba un padrón con los alumnos que requerían asistir al comedor escolar; prueba de ello es que sobre 340.000 escolares se servían unos 207.600 almuerzos, es decir, no se registraba a toda la matrícula. Esto sí se hacía (y se hace) en centros de tiempo completo, extendido, internados rurales y jardines de jornada completa, donde la comida está incorporada en el horario de clase.
b) El Consejo de Educación Inicial y Primaria impulsó hasta 2019 la atención de todos los que lo solicitaran, sin retaceos, basada en que los cometidos del PAE no son sólo asistenciales, también hacen a la integración social tan cara al pensamiento de Varela: “quienes comparten el banco escolar (y la mesa del comedor) aprenden a considerarse iguales haciendo uso de un mismo derecho”. Un tercer cometido es la educación para la salud, aspecto desarrollado por el PAE apoyando y aportando a la reglamentación de la Ley 19.140, de “merienda saludable”. La dieta equilibrada que se brinda ayuda a un crecimiento sano.
c) El padrón que releva cada escuela incluye a todos los alumnos que pueden ir al comedor, luego van efectivamente quienes asistieron ese día a clase. El porcentaje de ausentismo (alto, cercano a 15% y creciente a partir de la covid) también se ve reflejado en los comedores. Este fenómeno no es nuevo, tampoco exclusivo de Primaria ni de la alimentación. Se padece tanto en una policlínica como en un merendero; en cualquier servicio existe una cantidad variable de usuarios que faltan, un “despilfarro” entre la capacidad de atención instalada y quienes concurren realmente.
d) El destino de las porciones sobrantes está explícito en la licitación y en los reglamentos de Primaria: si se conoce con tiempo la falta de alumnos (por ejemplo, una clase que está de paseo o de campamento) se corrige el número de porciones; si es imprevista (por ejemplo, una alerta meteorológica) y no se ha cortado la cadena de frío, se dona a alguna institución sin fines de lucro (club de niños, CAIF, Ejército, etcétera). Si hay porciones ya prontas, el sentido común indica la posibilidad de repetición. Los restos de porciones se desechan, y eso no debe confundirse con “tirar bandejas”, menos con una normativa municipal que regula el carácter doméstico, institucional o comercial de los residuos.
e) Hay escuelas que brindaban (y brindan) alimentación a estudiantes de un liceo lindero; así puede suceder que con 200 alumnos figure que se brinda 400 almuerzos. Precisamente eso ocurrió con la escuela 19 de La Barra de Maldonado, lo que indujo a un notorio desacierto del ministro de Educación y Cultura cuando denunció esa diferencia.
Sostener que atender a más de 200.000 niños es una exageración, que la prestación en vacaciones ya no es necesaria y se quitará... se parece más a justificar un recorte del presupuesto que a una argumentación seria.
Finalmente, cabe recordar que la alimentación que se brinda en más de 2.000 comedores que ejecutan casi 50 millones de dólares anuales es una tarea secular (iniciada en 1920), económica (el costo diario por día y por niño es del orden de un dólar), justa (atiende mayoritariamente a la niñez con más necesidades), distributiva (el costo por alumno es el triple en una escuela carenciada que en una común) y solidaria. Este último punto merece más que un paréntesis: los comedores se financian con un impuesto que pagan los propietarios (sin excepciones a partir de que en 2018 se volvió a gravar los padrones rurales), se gestionan en forma honoraria por directores y maestros, y con escasa retribución por auxiliares, ecónomos y nutricionistas, tienen el control social de las comisiones de fomento y el administrativo por parte de supervisores y técnicos. Dicho de otra forma, son miles de maestras, directores e inspectores, auxiliares, padres, madres y vecinos, nutricionistas y especialistas los que gestionan la alimentación. Es abusivo e improcedente que el doctor Gabito califique de “arbitraria” una administración que es esfuerzo colectivo y generoso.
El cangrejo bajo la piedra
Alcanza con visitar una escuela al mediodía para constatar la entrega del personal, la presencia frecuente de colaboradores y el compromiso de todos. También alcanza con ir muy temprano para ver a auxiliares preparando la leche, o pasar a última hora de la tarde y encontrar gente lavando la vajilla. Si esto es así, ¿por qué una y otra vez se vuelve a invocar el desperdicio y el despilfarro?
Sostener que los recursos son fantásticos, que atender a más de 200.000 niños es una exageración, que la prestación en vacaciones ya no es necesaria y se quitará... se parece más a justificar un recorte del presupuesto que a una argumentación seria, parece estar más cerca de una quita que de una preocupación por la obesidad.
Quizás la explicación la da el artículo 272 de la última Ley de Rendición de Cuentas, que dispone que “el producido del Impuesto de Primaria se destinará no sólo a ese subsistema, sino también a la alimentación de alumnos de educación media que asisten a modalidades educativas de jornadas ampliadas”. Además, agrega un segundo párrafo por el que autoriza que la recaudación incremental respecto de la efectuada en 2020 se destine “a financiar créditos presupuestales de servicios personales (salarios) de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria”.
Asegurar la alimentación de estudiantes de Secundaria y UTU –prestación justa y necesaria para facilitar la continuidad educativa de todos los que la requieren, no sólo de quienes van a centros de jornada completa– es una responsabilidad del Estado. Un artículo legal que financia la comida a miles de jóvenes a expensas de recortar la alimentación de los escolares es inadmisible. La alternativa de ahorrar en otros destinos del impuesto es igualmente inviable: la tercera parte de la recaudación que no se afecta a la alimentación se asigna a limpieza de locales, material didáctico y útiles escolares, partidas y transporte para escuelas especiales, emergencias médicas, pasajes a colonias y campamentos, seguridad y vigilancia, reparaciones y mantenimiento de locales. ¿Cuál de estos rubros es “prescindible”? Primaria prácticamente no tiene gastos financiados por rentas generales, es decir, todo se paga del impuesto que ahora debe cubrir la alimentación de estudiantes de educación media.
¿Es aceptable que cuando el producto interno bruto creció 4,5% y el salario cayó drásticamente, con una carestía que orilla el 10%, los alimentos de jóvenes hijos de trabajadores se cubra repartiendo los recursos de niños hijos de esos mismos trabajadores?
¿Es aceptable que el Rubro 0 (salarios de los funcionarios) se financie con un tributo especial y directo como es el Impuesto de Primaria? ¿Pueden créditos permanentes financiarse con una eventual recaudación incremental? ¿Cómo se pagan las retribuciones si un año no se cobra el impuesto por sobre 2020? ¿Es prudente modificar, después de 35 años, un tributo que tiene buena adhesión y muy bajos niveles de morosidad? ¿Es razonable transformarlo en un “impuesto de ANEP y para cofinanciar sueldos”, es decir, para subsidiar salarios?
Es hora de debates en serio. Si alguien sospecha de despilfarro o malversación de los recursos del Impuesto de Primaria en el PAE hasta 2019, debe hacer la denuncia ante la Justicia. Si nadie está dispuesto y se está justificando desviar parte de los recursos del Impuesto de Primaria para cubrir a otros comensales y salarios, es decir, para disimular recortes, también es bueno discutirlo.
Héctor Florit es maestro y fue consejero de Educación Inicial y Primaria.