El carácter institucional de la Rendición de Cuentas se encuentra definido en el artículo 214 de la Constitución, dedicado –en su totalidad– a los conceptos fundamentales relativos a la herramienta presupuestal del país desde la perspectiva del sector público.
Uno de esos conceptos refiere a la Rendición de Cuentas. Así, en el marco de la necesidad de que cada gobierno presente su presupuesto de gastos e ingresos ubicándose en la modalidad quinquenal, establece, entre otros atributos y obligaciones, que dentro de los seis meses de vencido cada ejercicio anual el Poder Ejecutivo deberá presentar al Legislativo una Rendición de Cuentas sobre la ejecución presupuestal durante dicho ejercicio y, además, proponer las disposiciones que estime pertinente en cuanto al monto global de gastos, así como a los programas que se incluyeron con anterioridad como parte del Presupuesto Quinquenal.
A las disposiciones precedentes se agrega, entre otras restricciones, la imposibilidad de incluir propuestas cuya vigencia exceda la del mandato del gobierno en funciones.
Es bueno comenzar por recordar los rasgos básicos aludidos precedentemente, porque con el paso del tiempo se ha percibido un deterioro o tergiversación del verdadero espíritu de la Rendición de Cuentas. En este sentido, refiero a dos realidades a su vez conectadas entre sí. Por un lado, la inclusión en las Rendiciones de Cuentas de propuestas que no tienen conexión alguna con la realidad presupuestal del país. Para percibir estos desvíos basta leer el artículo 214 de la Constitución, cuyas definiciones son bien claras al respecto. Allí se establece la necesidad de presentar los gastos corrientes e inversiones, los escalafones y sueldos funcionales, en todos los casos distribuidos por programas.
Por otro lado, los recursos y la estimación de lo producido. En los últimos tiempos, el contenido de las Rendiciones de Cuentas ha rebasado estos límites y ha abordado crecientemente materias que no poseen conexión alguna con el gasto público y el ingreso estimado, con lo que crecientemente se han venido transformando en leyes con centenares de artículos que, en conjunto, conforman un nuevo Presupuesto que naturalmente adolece de los mismos defectos que sus precedentes. Demás está señalar las dificultades que esta característica entraña para el desarrollo de una discusión seria y rigurosa acerca de los criterios sobre cuya base se maneja toda la herramienta presupuestal.
Desde la perspectiva de la política económica, la materia presupuestal pone en juego un instrumento fundamental: el manejo de la situación fiscal, quizá el más importante en este ámbito, al punto de constituir una verdadera ancla de toda la conducción económica. Y es por esta misma razón que su administración constituye un criterio fundamental para contrastar las visiones que el gobierno y la oposición exhiben sobre la realidad nacional.
El gobierno ha incumplido las promesas de no aumentar impuestos que formuló en la campaña electoral. En el lapso transcurrido hasta 2021 incluido, el aumento impositivo se ubicó en 110 millones de dólares.
Así, por un lado, tenemos un gobierno que se ha planteado un ajuste restrictivo muy importante del gasto público, con todas las limitaciones que ello proyecta sobre los niveles de actividad, los derechos de los ciudadanos, el trabajo y el acceso a los frutos de este.
A ello cabe agregar el incumplimiento de las promesas de no aumentar impuestos que el gobierno formuló en la campaña electoral. En el lapso transcurrido hasta 2021 incluido, el aumento impositivo se ubicó en 110 millones de dólares. Sólo el cambio del criterio utilizado para actualizar las franjas del IRPF y el IASS representó cerca de 65 de los 110 millones mencionados. A esto se suman 11 millones correspondientes al impuesto covid a los salarios de los funcionarios públicos y más de 35 millones por la eliminación de dos puntos de IVA que se descontaba en las compras realizadas con medios electrónicos de pago.
Discrepando con esta conducta actúa una oposición que conoce y respeta la necesidad de cuidar el gasto y el resultado fiscal, pero también sostiene que es preciso considerar dicho resultado con un criterio intertemporal, lo que supone sostener que un mayor gasto actual, al evitar las consecuencias negativas de la actitud oficial, asegura a mediano plazo resultados mejores en la realidad social del país.
Este contraste aparece nuevamente explícito y claro en la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2021. Aunque desde filas del gobierno se anuncian mayores recursos para la educación, nuevamente aparece una rigidez totalmente incompatible con la realidad social. Un ejemplo basta al respecto. En 2021 sobrecumplieron su meta en la materia en una suma equivalente a los 300 millones de dólares, y la tercera parte de esa suma es la que ahora están dedicando al escasísimo y tardío adelanto de 2% y 3% por ciento para salarios y pasividades que se comenzará a cobrar a partir del mes de agosto. Simultáneamente, la inversión pública ha caído notoriamente y la disminución del poder adquisitivo de la población ha conducido a reducir la capacidad de estímulo del consumo interno.
Debe tenerse en cuenta en particular que la alta inflación que nos afecta es un factor que contribuye a disminuir el gasto público real.
El Frente Amplio no sólo debe cuestionar en la próxima Rendición de Cuentas esta conducta del gobierno. También debe proponer hacia el futuro cambios de corto, mediano y largo plazo. Entre los de corto y mediano plazo, ocupa un lugar fundamental la transformación sustancial del manejo de la herramienta fiscal. Y entre los que apuntan más lejos hacia adelante, las prioridades hay que asignarlas a la educación, la seguridad pública, la vivienda y el cuidado del ambiente. Se trata de verdaderas transformaciones estructurales que, en todos los casos, requieren enfoques sistémicos.
Así, en el caso de la educación es preciso incluir la formación y el papel de los educadores, así como la revisión de contenidos y competencias en la enseñanza. En el caso de la seguridad pública se requiere una aproximación global que incluya el propio concepto asociado a la mejora de esta condición y aborde la formación y condiciones laborales de los funcionarios, además del fortalecimiento y la modernización del equipamiento disponible y la transformación del sistema penitenciario. En materia de vivienda adquiere un protagonismo especial la erradicación de asentamientos, coherentemente con los progresos en materia de educación y seguridad, así como con el cuidado ambiental, que atraviesa transversalmente todas las finalidades estructurales planteadas.