Presidencia dio a conocer el viernes un anteproyecto de reforma del sistema previsional, que está a consideración de los partidos oficialistas y opositores para que estos lo estudien, opinen sobre su contenido y expresen si consideran necesario modificarlo. Es muy pronto para realizar un análisis detallado del texto, que tiene 307 artículos, pero ya es posible plantear algunas consideraciones generales y básicas.
A primera vista, el anteproyecto tiene novedades importantes. Entre ellas están el aumento de la edad mínima de retiro y el propósito de avanzar en forma gradual hacia un solo sistema, equiparando en el mismo régimen muchas diferencias actuales de los aportes y beneficios para bancarios, escribanos, profesionales universitarios, militares y policías.
Otra novedad es la creación de una agencia reguladora de todo el sistema, que supervisaría incluso al Banco de Previsión Social, con potestades para inspeccionar y sancionar. Otra, un cambio en el cálculo de las jubilaciones, que aumentaría mucho la cantidad de años considerados, con la previsible consecuencia de que el promedio disminuirá. Otra, que presuntamente contrarrestaría tal efecto, es la creación de un “suplemento solidario” para mejorar las prestaciones más bajas. Otra, la habilitación de un régimen de retiro parcial flexible y de más actividades remuneradas cuando ya se percibe una jubilación. Otra, el otorgamiento al Poder Ejecutivo de potestades para decidir, por sí y ante sí, sobre diversos ajustes y modificaciones del sistema.
Sobre todo esto, y seguramente también sobre otros asuntos, comienza un período de análisis y debate, en el que seguramente no sólo participarán los partidos, sino también organizaciones sociales. Pero no está de más añadir a la agenda una cuestión conceptual relacionada con las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP).
26 años después de la reforma que las creó, gran parte de la población uruguaya ha naturalizado su existencia, pero sigue siendo muy extraño que el Estado imponga el ahorro en instituciones privadas. Ahorrar e invertir son, por lo general, opciones individuales y voluntarias, con eventuales riesgos y beneficios tanto si se realizan como si no se realizan. Que sea forzoso, a partir de determinado nivel de remuneración, entregarle parte de ella a una AFAP no se adecua a la ideología estatista pero tampoco a la liberal.
El anteproyecto de Presidencia da un gran paso más en esta dirección, al plantear que el aporte a las AFAP ya no sea obligatorio sólo por encima de un umbral de remuneración mensual, sino para todas las personas que trabajan. El fundamento de esta iniciativa no se ha explicitado con claridad, y parece apoyarse (como la propia creación de estas administradoras privadas en 1996) sobre la noción de que habría resultados indeseables si el Estado tuviera el monopolio de la administración e inversión de estos ahorros forzosos. En todo caso, es indudable la conveniencia de que ese fundamento se conozca y se discuta, atendiendo entre otras cosas a una evaluación del desempeño de las AFAP hasta ahora.