Las políticas de protección a ciudadanas y ciudadanos en este país han fracasado. La llamada “seguridad” no ha tenido en las últimas décadas una política general, consensuada, eficiente y eficaz para mejorar los índices en los distintos delitos que se cometen. Desde el hurto de una bicicleta hasta un femicidio. Desde la venta de pasta base al tráfico de cocaína en contenedores. Desde la rapiña más salvaje a la violación. Desde el asesinato por disputa de territorios hasta el crimen más feroz por un puñado de monedas. Desde el asalto al almacenero hasta incendiar a una persona en la calle.
Desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, hasta la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC), que permite el abuso policial y una represión encubierta y justificada, se han transitado distintos caminos.
En los 15 años de gobierno del Frente Amplio, se trató de focalizar en mejorar las condiciones materiales de la Policía en todos sus órdenes, de corregir el bajísimo nivel de sus ingresos, de capacitar y educar. Al mismo tiempo, se rescataba de la pobreza a miles de uruguayos y uruguayas. Se intervenía en procedimientos importantes en el combate desigual contra las drogas, y se promovía la integración y la convivencia como método para amortiguar la violencia y los estragos sociales y culturales que producían las nuevas formas del delito, con el tráfico de drogas como actor principal. Se legalizó la marihuana para evitar su clandestinidad y consecuencias, como parte de esa política. Ir a las causas mientras se combatían los efectos. Aun así, las cárceles eran infierno y vergüenza nacional y los cabecillas seguían mandando, desde dentro del submundo del delito. Un capo narco se fugaba a pie.
Con la aparición de este nuevo gobierno, el único plan visible es la represión y el miedo. Tanques y Ejército en las fronteras. Helicópteros en el día y la noche, patrullas pidiendo documentos, atropellos físicos y verbales de toda naturaleza. Órdenes de “no aflojar”, como un mandamiento. Al mismo tiempo se desmantelan muchos dispositivos de contención social que existían. O sea, manija y el juego de la piñata, en el que los ciudadanos estamos todos dentro de la bolsa y el que manda, dando palos a ciegas.
Este gobierno no va a llegar nunca, porque tiene una visión política elitista, simple y retrógrada sobre cómo combatir la espiral de delincuencia, droga y muerte.
Un gobierno del FA que atendió la pobreza y otro que atiende a los empresarios. Un gobierno que puso al Estado como escudo de los débiles y otro que lo desguaza de a poco para dárselo a los privados. Un gobierno que bregó por la recuperación material y humana de las personas y otro que brega por el sálvese el que pueda. Un gobierno para que los malla oro nos den su limosna y otro que gobernó para que los malla barro pudieran salir del pelotón de rezagados y meterse en el medio de la fila.
Pero unos y otros tienen algo en común. Han fracasado en cuidar a sus ciudadanos y ciudadanas. El gobierno del FA lo intentó y avanzó, pero no alcanzó. Este gobierno no va a llegar nunca, porque tiene una visión política elitista, simple y retrógrada sobre cómo combatir la espiral de delincuencia, droga y muerte. El sistema crea necesidades y deseos; satisfacerlos, para algunos, justifica los medios para alcanzarlos. Que nadie se haga el desentendido y mire para otro lado. Dicen, los que saben, que “la seguridad” es un todo, con varias partes, que no se arregla con más palo ni más plata en el bolsillo. Condiciones materiales, culturales, educativas, laborales, de sanidad, con prevención y represión adecuadas, serían instrumentos que ayuden a la solución, pero está bravo, porque la cabeza tiene dos ojos y cada uno mira para sitios diferentes. Mientras tanto, nosotras y nosotros acá, esperando que algo pase y no sea una bala, ni un golpe ni un llanto, ni un grito, ni una sirena. Que algo pase y sea bueno, porque las sociedades con miedo no son libres.
Gastón Silva fue alcalde del Municipio G.