Dina Boluarte, presidenta de la República del Perú, ofreció a mediados de diciembre pasado un pronunciamiento en forma de rueda prensa para explicar al país la situación por la que está pasando. Para ello se hizo acompañar de los ministros de su gobierno y de altos mandos militares en traje de faena, que fueron los que informaron sobre las protestas y los más de 25 manifestantes muertos. La magnitud de la protesta y sus consecuencias no se explica, sin embargo, con los acontecimientos políticos recientes, la rabia de la población y la contundente respuesta de las autoridades, que de momento no reconocen la mínima responsabilidad; enmascara razones mucho más profundas y antiguas que no se explican sólo con análisis políticos.
El sábado 18 de diciembre Perú se encontraba en estado de emergencia, con el Ejército en las calles y carreteras del país tratando de restablecer un orden que los días 14 y 15 estalló por los aires en un reclamo de adelanto de elecciones inmediato por parte de la población. Especialmente graves fueron los enfrentamientos en Ayacucho entre soldados armados con subfusiles de asalto y manifestantes, con el resultado de nueve fallecidos y 29 hospitalizados. El viernes 16 el Congreso, con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, rechazó el texto sustitutorio para un adelanto de elecciones.
En este marco, la presidenta se presentó en directo para “explicarle al Perú entero por qué Dina Boluarte ha asumido la Presidencia de la República.” Lo hizo rodeada de sus ministros y su intervención giró en torno a la idea de que toda la responsabilidad de los sucesos es de los grupos violentistas y conflictivos que los han protagonizado; que el país pasa por momentos críticos respecto a la falta de agua para cultivos y ganados; la deficiente educación y la falta de servicios de internet para los estudiantes; la paralización de las obras del norte; el déficit de importaciones de urea; y como si de la exposición de un programa de gobierno se tratara, comenzó a exponer su compromiso de abordar todos los problemas que cercan al país.
A continuación, tres generales, dos del Ejército y uno de la policía, tomaron el micrófono a pesar de la presencia de los ministros de Defensa e Interior. Gómez la Torre, jefe del Comando Conjunto, resumió la situación en “malos, muy malos peruanos, han tratado de generar el caos en nuestro querido Perú”. También habló de la destrucción de infraestructuras críticas “que generan que tengamos nosotros bienestar”.
Precisamente, el bienestar es uno de los grandes ausentes del país, o es ausente para una gran parte de la población que se encuentra al margen de los procesos de desarrollo por haber nacido en una u otra parte del mismo. Las estadísticas ayudan a visionar la situación tan dispar en la que viven unos y otros peruanos. En 2021, los sectores pertenecientes a los niveles sociales D y E (ingresos mensuales de 535 y 325 dólares, aproximadamente) sumaban 61,5% de la población, frente a 1% del nivel A. La brecha crece si miramos, por ejemplo, la región de Apurímac, una de las primeras en alzarse el día 11 contra el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo dejando dos jóvenes fallecidos, uno de ellos menor, de 15 años. La paradoja es que en esta región se halla la mina de las Bambas, que proporciona 15% del cobre que exporta Perú (y lo hace a China), pero esa riqueza, lejos de beneficiar a la población, no ha hecho más que incrementar los conflictos sociales por el empobrecimiento que significa la minería para la población, al perjudicar la actividad agrícola a causa de la contaminación.
Naciones Unidas presentó un informe sobre Perú el pasado 17 de noviembre. En él afirmaba: “Actualmente unos 16,6 millones de personas, más de la mitad de la población, no tiene acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos […] pese a que el Banco Mundial clasifica a este país como una economía de ingresos medios altos que puede producir todos los alimentos que necesita”. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apunta que la mala gestión del Gobierno, los malos hábitos alimentarios y la excesiva dependencia de los alimentos básicos y fertilizantes importados son razones adicionales de las carencias alimenticias en el país. No hay mucho que comentar.
Algunas encuestas más: sólo 15% de los consultados en la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades señala que cuenta con ingresos suficientes; a 32% no le alcanza y tiene dificultades y 15% tiene grandes dificultades. 83% considera el acceso a la justicia muy desigual; 70% evalúa lo propio sobre el acceso a la salud; 59% sobre la educación y 59% sobre el trabajo.
Estos números no son producto del gobierno de Pedro Castillo, ni del covid, ni de la crisis de combustibles por la guerra de Ucrania, circunstancias que se han dejado notar en la economía del país, pero que no han impedido que los últimos datos en crecimiento económico y balance en el comercio exterior presentasen resultados más que positivos. Si hubiera que buscar razones para explicar en dos párrafos cómo es posible esta desigualdad entre la macroeconomía y las economías familiares, yo apostaría por buscarlas en tres aspectos: la corrupción, la ineficacia del estado y la informalidad.
La corrupción política es notoria. En 2017, nueve exgobernadores estaban sentenciados en prisión y cinco más eran investigados, cuatro de ellos en prisión preventiva. Entre gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales el número de funcionarios encarcelados era de 17.328, según cifras dadas por el procurador anticorrupción Amado Enco. En las pasadas elecciones regionales y municipales, 89 de los aspirantes a gobernador lo hacían con antecedentes penales por corrupción y más de 150 alcaldes y gobernadores con antecedentes por violencia familiar. Los esfuerzos del Estado por la descentralización del país, no sólo con la creación de nuevas regiones sino también con el aumento de presupuesto (17 mil millones de soles en 2007 frente a 36 mil millones en 2017), parece haber servido nada más que para poner un gran botín a disposición de inescrupulosos.
Junto a los que buscan entrar en política para robar, hay que hablar de la ineficacia de las administraciones públicas, sobredimensionadas por la presencia de trabajadores que lo son como pago de cupo a los apoyos electorales; mal preparadas; desconfiadas y de una rigidez exacerbada hacia el ciudadano y entre ellas. La ejecución del gasto público es un buen indicativo de la falta de eficiencia del estado en sus diferentes niveles de administración; la media total es 78,9% del gasto anual, (son datos del Ministerio de Economía y Finanzas) que desciende a 65,1% en las municipalidades y en regiones como Arequipa, una de las que mayores protestas ha protagonizado, baja a 54,3% en sus municipalidades.
Esta rigidez tiene consecuencias fatales en aquellos que desean acceder a la formalidad. Se estima que 73% de la población económica activa (PEA) es informal; eso de media, bajando al detalle encontramos 80% en el sector transporte, 86% en restaurantes y alojamientos y 97% del sector agropecuario. El Banco Central de la Reserva informó que las exportaciones de productos agropecuarios acumularon un valor de 6.675 millones de dólares entre enero y octubre de 2022, un crecimiento de 8,4% frente al mismo periodo de 2021. Ese crecimiento se hace sobre un 97% de trabajadores informales.
El profesor David Gutiérrez, de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, establece que la diferencia en materia de eficiencia entre las empresas formales e informales es de cuatro veces. Eso significa que por más planes gubernamentales de formalización que se implementen, la regularización de empresas y trabajadores se hace casi imposible al ser cuatro veces más ineficientes, sin acceso a la formación, a la tecnificación, sin beneficios legales para los trabajadores, sin acceso a crédito.
Existe una norma no escrita que dice que los espacios que no ocupa el Estado son ocupados por la mafia. En el caso de la informalidad, lo hace de dos maneras: a través de microcréditos por la modalidad del gota a gota (préstamos a 20% de interés diario dominado por colombianos, muchos de ellos exguerrilleros de las FARC) y del cobro del cupo, extorsiones a los comerciantes y profesionales por permitirles ejercer su actividad.
Uno de los mayores ejemplos de ineficacia del Estado y su desarrollo a través de la informalidad es la vivienda. A falta de un programa nacional de vivienda y de planes urbanísticos en las ciudades, el crecimiento de éstas se hace a golpe de invasiones. Las invasiones son programadas por grupos especializados que ocupan espacios sin importar si son baldíos, privados, estatales o de valor arqueológico (véase el caso del sitio arqueológico de Caral y la arqueóloga Ruth Shady, amenazada de muerte por invasores), a continuación, son respaldadas por alcaldes y finalmente constituidas como asentamientos en los que viven nuevos vecinos que no son los invasores originales que han vendido su lote y van a invadir nuevas tierras.
Algo no funciona, y no son sólo los malos, muy malos peruanos. Es pertinente en este punto recordar las movilizaciones de agricultores en Ica en diciembre de 2020, cuando se supo que estaban cortando las carreteras no por maldad, sino porque les pagaban aproximadamente diez dólares al día (recordemos el dato: las exportaciones de productos agropecuarios acumularon un valor de 6.675 millones de dólares entre enero y octubre de 2022, y eso pagando 18 dólares al día a los trabajadores tras aquellas protestas).
La presidenta Dina Boluarte puso la pelota de la solución en el Congreso, que en sesión del 20 de diciembre aprobó la convocatoria a elecciones para abril de 2024. La finalización en 2023 del plazo de explotación de varios lotes mineros y petroleros que han de ser renovados habrá estado en la mente de más de uno. Inmediatamente, una nueva foto del gobierno en las escalinatas de Palacio con cambios en la Presidencia del Consejo de Ministros y en las carteras de Interior, Defensa, Cultura y Educación sustituyó a la del encuentro con el que comenzaba este artículo. Desde las instituciones se da por concluida la crisis, sin embargo, las regiones del sur, lejos de estar pacificadas, más parecen estar ocupadas militarmente en una tensa calma mientras entierran a sus muertos con enfrentamientos aislados. El futuro sigue siendo una incógnita en un presente que persiste entre la corrupción, la ineficacia y la informalidad.
Juanjo Fernández es periodista español radicado en Perú