Con la soltura que lo caracteriza, el ministro Heber nos anunció la semana pasada un nuevo plan de seguridad que consistiría en contratar, no se especificó ni cómo ni cuándo, a exreclusos para que trabajen o convenzan a delincuentes, de los que antes formaban parte, para que dejen de serlo y “bajen el nivel de violencia”. Una propuesta confusa y sin mucho fundamento.
El señor ministro decidió dar a conocer su nueva propuesta en un programa televisivo de la mañana, y decimos “dar a conocer” porque es difícil pensar que a un político tan experimentado le hayan hecho decir lo que no quería. Por tanto, partimos de la base de que lo que dijo es lo que hay, o sea, no mucho. Luego, y ya que estaba en tren de promesas, aseguró también que “para el fin del gobierno se terminará el hacinamiento en las cárceles”, es decir, para dentro de dos años.
Lo que se sabe del plan
Pese al hermetismo y a la orden del director nacional de la Policía de no efectuar comentarios, por artículos de prensa se pudo saber algo del plan de seguridad. En principio, no serían dos millones de dólares como anunció el ministro, sino diez millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su puesta en práctica, de los cuales, suponemos, dos millones serían para este subprograma, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto iría para cada parte. El programa consta de tres componentes: un primer componente se destinará a aplicar estrategias y programas interinstitucionales para abordar el delito. Implicaría la coordinación con otros ministerios, en particular con el Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de este componente es que se enmarca el plan para contener los homicidios. El segundo componente serían medidas para la reinserción social de personas que pasaron por el sistema penitenciario, el uso problemático de drogas y el sistema de medidas alternativas a la prisión. El tercer y último componente se dedicará a fortalecer a la Policía Nacional, sobre todo en capacitación, aunque no se especifica en qué.
En un principio, la idea habría venido del mismísimo ministro, quien la comunicó a un integrante del equipo de asesores que se desempeña en el BID. Parte de reconocer las causas sociales del delito, algo que hace unos años, cuando el Frente Amplio era gobierno, no se le aparecía tan claro.
Copiar mecánicamente es malo, pero peor es hacerlo sin tener en cuenta las condiciones para aplicar la teoría. Como si el homicidio fuese el único problema en seguridad, se reflota la idea de un norteamericano, un epidemiólogo, Gary Slutkin, que, en una analogía con la medicina, entendía que la violencia se propagaba como las enfermedades contagiosas y llevó a cabo un programa en Chicago. Para ello contrató a exdelincuentes pesados para detectar y, en lo posible, interrumpir hechos de violencia. Que sepamos, no hay evaluación de este, pero lo que es evidente es que el sistema policial y de justicia de Estados Unidos no es igual al nuestro, ni en forma ni en recursos. Tampoco parece haber servido de mucho, ni ser estable, dada la situación actual de Estados Unidos.
Sin embargo, sin mucho conocimiento y tomando la iniciativa, se propone contratar presos para algo parecido a esa idea.
Algunos cuestionamientos
Resulta por lo menos sorprendente que, después de pretender que los partidos aportaran sobre la seguridad, los primeros cuestionamientos vinieran de la propia coalición: Manini se mostró muy escéptico y Zubía fue más directo y expresó que “una cosa es la experiencia con el primario y otra cosa diferente es el narco imputado de delitos de extorsión y narcotráfico. Esto es usar una aspirina ante una enfermedad grave, ¿queremos combatir el delito o nos estamos comiendo los mocos?”, sumadas, esta vez, a las críticas del Frente Amplio. Hay algunas preguntas que saltan a la vista: ¿Con qué criterio se seleccionarán los ex presos, cómo se los evaluará y por qué se piensa que efectivamente serán de ayuda? ¿Cómo será esta relación, digamos, “laboral”? ¿La Policía está preparada, tiene las estructuras para que este plan funcione realmente? Si se sabe quiénes son los “violentos”, y se debería saber, porque si no, no se contrataría a estas personas, ¿por qué no procede la propia Policía? ¿Cómo se piensa evaluar este plan?
Lo más grave, sin embargo, es la intención de negociar con los narcos, que son quienes cometen la gran mayoría de los homicidios violentos. No se llega a entender: pretender que los narcos dejen el negocio conversando es francamente ridículo. Entonces, ¿piensa acaso “convencerlos” de que cometan crímenes pero no sean violentos? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Realmente piensa el ministro que se puede convencer de no usar la violencia en un negocio que existe al margen de la ley y con sus propias reglas? Si algo demuestra la historia, sobre todo la de los países latinoamericanos que sufren el narcotráfico, es que no se puede negociar con los narcos. Hacerlo es reconocer la impotencia del Estado para resolver el tema y darles un estatus de iguales. La resultante en estos casos no fue la disminución de homicidios, sino un aumento del poder del narco y su penetración en los organismos del Estado. Y eso es peligrosísimo y debería poner en alerta a todo el sistema democrático.
Lo evidente
Esta propuesta demuestra una vez más que el Ministerio del Interior carece de conducción política y que no existe un plan para combatir el delito. Terminadas las bravatas del anterior ministro, con todas las modificaciones que se aprobaron en la LUC, no se pueden exhibir resultados. Tan fácil no era. Lo repetimos una vez más: no es posible tener éxito si se carece de un plan general, de una serie de medidas coherentes que, dentro de la ley, permitan un accionar policial utilizando los recursos disponibles. Y para ello se necesita, antes, definir con claridad la situación actual. No se puede combatir lo que no se conoce. ¿De dónde se sacó que el principal problema es el homicidio? ¿No parece razonable pensar que son, al menos en parte, producto de un problema más grave, el narcotráfico? ¿Entonces, como se encuadran estas medidas? ¿Dentro de qué plan? Los resultados no dependen de medidas salvadoras sino de la conducción, el trabajo conjunto y la planificación. Resulta evidente entonces que estos problemas requieren un análisis serio y una propuesta que dé respuesta al conjunto del problema. Se necesita, también, buena información e inteligencia, y la Policía cuenta con los mecanismos para ello. En definitiva, requieren lo que no existe: conducción política del ministerio y la Policía.
Jorge Jouroff es experto en seguridad y defensa