Interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay: diez años de una práctica accesible, segura e infrecuente

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Hace 20 años, la “situación del aborto” en Uruguay era una ignominia para la sociedad. Una injusticia desde la perspectiva de género y socioeconómica. Las mujeres pobres eran esposadas en sus consultas por complicaciones por aborto, cual delincuente, las más de las veces morían o quedaban con graves mutilaciones. Además de injusta, la situación era de una hipocresía a gritos: todos sabían dónde y nadie se hacía cargo, salvo que le pasara a sí mismo. En fin, el cinismo realista prevalecía y como la idea era que nada se podía hacer, se miraba para otro lado, invisibilizando la situación.

El movimiento feminista fue la vanguardia de la lucha contra esta gran injusticia. Desde la salida de la dictadura denunció y propuso sucesivas leyes que legalizaran el aborto. En los 90, fruto de su trabajo, todo el movimiento popular integró esta bandera y la llevó adelante. Pero los avances en términos legales y normativos eran lamentablemente escasos. Prevalecía la visión conservadora y la política del avestruz.

Particularmente, en el mundo de los profesionales de la salud, hace 20 años no había alternativas a la absurda y anacrónica dicotomía de estás “a favor” o “en contra”. Hace 20 años lo legal era antiético y el aborto era la primera causa de muerte de las mujeres en el embarazo, llegando al 50% de las muertes en el hospital Pereira Rossell. Esta grave situación incrementaba el riesgo para la infancia: la mayoría de las mujeres que morían tenían otros hijos a su cargo que quedaban así sin los cuidados maternos, esenciales para la vida y la crianza.

Cuando algo está tan mal, no hacer nada para cambiarlo es ser parte del problema y en definitiva es ser cómplice de esa injusticia. Ese fue el impulso inicial de la creación del modelo de reducción de riesgo y daño en el aborto inseguro al que denominamos “Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo”. De 2001 a 2012, este modelo fue exitoso en ayudar a las mujeres a decidir y salvaguardar su salud a la vez que iban cambiando paulatinamente los pensamientos de los equipos y profesionales, y la perspectiva de la sociedad. Fue clave en este momento la alianza entre la academia, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), con la organización de los profesionales comprometidos con esta causa y organizados en la asociación civil “Iniciativas sanitarias” y las organizaciones de profesionales, como el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior y, por momentos, la Sociedad Uruguaya de Ginecotocología, dando lugar a la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva.

Los cambios producidos desde las Iniciativas sanitarias se sumaron a la presión del movimiento feminista y al compromiso político de las fuerzas progresistas (no todas, ya lo sabemos) y se llegó a la compleja negociación y posterior promulgación por el entonces presidente José Mujica de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La propia ley ordenaba su reglamentación e implementación inmediata y el 1º de diciembre de 2012 se comenzaron a prestar los servicios en todo el país. Se concretó, a la uruguaya, una subversión del injusto orden anterior, una revolución de los derechos sexuales y reproductivos.¹ En abril de 2013, el malogrado plebiscito llevado adelante por referentes de la derecha, e infaustamente apoyado por personalidades de la izquierda uruguaya, matrizó la ley.

Hoy, diez años después, como lo habíamos planteado en un artículo académico entonces,² se demuestra que el aborto voluntario en Uruguay es una práctica segura, accesible e infrecuente. Segura, ya que la mortalidad materna por aborto ha descendido de casi 30% antes de las Iniciativas sanitarias, a 14% en la década de 2002-2012, a 5% en esta década de despenalización. Es accesible ya que los servicios se prestan en todo el país, y la prueba de fuego de la emergencia sanitaria por covid-19 fue sorteada, fundamentalmente por los profesionales comprometidos que aseguraron la continuidad. Por último, es infrecuente, ya que nuestro país tiene una tasa promedio en la década de aproximadamente diez abortos cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, la tasa más baja de América latina y el Caribe y en guarismo promedio con Europa, donde el aborto lleva más de 40 años legalizado. A pesar de estos buenos resultados, se debe remarcar que lamentablemente hubo tres muertes maternas desde la despenalización, y la injusticia reproductiva, lamentablemente, se mantiene: las tres mujeres provenían del subsector público del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Los desafíos para mejorar los servicios se deben basar en la triple estrategia que está en la base del éxito: educación en salud sexual y reproductiva para una sexualidad libre, placentera y responsable; anticoncepción universal y de calidad para evitar los embarazos no deseados; y servicios integrales de salud sexual y reproductiva para asegurar el cumplimiento de las decisiones de las mujeres.

En lo inmediato, es perentorio mejorar la aplicación de la ley. Se debe reevaluar el aumento de los plazos a las 14 semanas en algunas circunstancias, incluir a la creciente población migrante, extender los equipos a médicos de familia, obstetras parteras entre otros, incorporar más métodos y estrategias de acompañamiento y telemedicina, muy desarrollados en la pandemia. Estas modificaciones, quizás, se podrían hacer con base en una nueva reglamentación más avanzada.

En lo estratégico, seguimos pensando que lo mejor sería eliminar el delito de aborto del Código Penal. Otras legislaciones han demostrado su beneficio, como la de Canadá, convirtiendo al aborto en un hecho puramente sanitario que se gestiona en el servicio de salud.

Todos los avances se deben plantear con visión de política pública, universal y que fortalezca al SNIS sin habilitar el lucro privado en la materia, como lo plasmamos en la reglamentación en su momento. Además, se debe complementar con mejoras en las prestaciones y programas integrales en salud sexual y reproductiva. Esto se debe integrar con la búsqueda de estrategias para la disminución del impacto de las crisis económica, social y psicológica de la emergencia sanitaria. Hemos consignado un incremento de los peores resultados al nacimiento, como son el parto prematuro y el bajo peso al nacer,³ el aumento de la mortalidad materna, sin olvidar la sífilis congénita⁴ entre las mujeres con mayor vulneración de sus derechos que se atienden en el subsector público, lo que provoca un agravamiento de la injusticia reproductiva.

Desde la academia, la sociedad civil y las organizaciones profesionales debemos promover, 20 años después, nuevas “iniciativas sanitarias”, ahora por la justicia reproductiva y la salud sexual, por un presente donde los derechos sean hechos y por la futura salud de quienes están naciendo, ya que las enfermedades del recién nacido afectan la salud de esos futuros uruguayas y uruguayos comprometiendo, más allá de reformas de la seguridad social, nuestro proyecto de nación. El embarazo y la primera infancia son prioridad.

Leonel Briozzo es docente de la Universidad de la República y director de la asociación civil “Iniciativas sanitarias”.