Ha causado un gran impacto social y político que Gustavo Penadés, hasta hace poco una figura clave en el sistema partidario, esté en prisión preventiva, imputado por 22 delitos especialmente repudiables, pero este acontecimiento era esperable desde que comenzaron a acumularse las denuncias contra él por explotación sexual de adolescentes, y en especial desde que trascendió el contenido del documento con que Fiscalía pidió y obtuvo la suspensión de sus fueros como senador.
En cambio, fue inesperada –pero no menos grave y alarmante– otra formalización con prisión preventiva vinculada con el mismo caso: la del comisario Carlos Tarocco. Este ocupaba la dirección de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar), y se lo acusa de cooperar con Penadés mediante pesquisas ilegales sobre las víctimas y personas allegadas a ellas, realizadas durante meses con el auxilio de otros funcionarios, y el manejo de información estatal reservada, por lo menos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, del Sistema de Gestión Carcelaria y de la Corte Electoral.
Las indagaciones de Fiscalía sobre Tarocco y sus cómplices continúan, y no se ha esclarecido por completo el alcance de los delitos investigados, pero todo apunta a que no sólo se violó la reserva de identidad de las víctimas, sino que además se buscó desacreditarlas, engañar al sistema judicial, y probablemente realizar acciones de intimidación o tomar represalias.
Al igual que en varias líneas de investigación del caso Astesiano, hay fuertes indicios de un uso criminal de recursos del Estado que debilita la credibilidad de las instituciones y atropella garantías cruciales para la convivencia social en democracia. Más allá de los límites del proceso judicial, es preciso considerar por qué se pudieron llegar a cometer estos delitos, y es fácil ver que su muy probable caldo de cultivo fue la irresponsabilidad de quienes desvirtúan la función pública con intereses partidistas.
Cuando comenzaron las denuncias contra Penadés, el ministro del Interior afirmó de antemano que se trataba de una difamación, y manifestó, al igual que el propio presidente de la República, su confianza en la inocencia del entonces senador nacionalista. En una institución como la Policía, los mensajes del alto mando político no pasan inadvertidos y tienen una poderosa influencia.
Además de las responsabilidades individuales que le puedan corresponder a Tarocco, hay que tener en cuenta que desde la asunción del actual gobierno se ha conducido al Ministerio del Interior (y no sólo a él) con el criterio de que sólo son dignas de confianza las personas alineadas con el oficialismo.
Al mismo tiempo, se han potenciado tradicionales recelos en la Policía hacia el sistema judicial, con un relato que difama a este último como presunto baluarte de una izquierda enemiga, lleno además de “hijas de puta [...] de esas de género y toda esa mierda”, como dijo, refiriéndose a la jueza y la fiscal del caso Penadés, el nacionalista Santiago Borsari, jerarca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En ese terreno envenenado crecen los desvíos.