“Es un tema privado”, “son privados que piden información”. Estas fueron las expresiones del señor presidente de la República al ser consultado en una rueda de prensa por el espionaje a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera, según consignó El País el 11 de octubre de 2023, luego de la formalización de Marcelo Acuña, gerente de la empresa Vertical Skies.
Considero que fue muy claro en esa ocasión y que de alguna manera el presidente Lacalle Pou ha sido consistente en este posicionamiento en varias instancias en las que se pronunció con respecto a resoluciones de gobierno en que se contemplan intereses de particulares y utilización de información pública para favorecer fines privados.
Una enumeración sucinta evidencia la práctica del actual gobierno de favorecer intereses de empresas del sector privado: la extensión de la concesión del puerto a Katoen Natie hasta 2081; la reducción de exigencias en la comercialización de productos de la industria tabacalera (en la que Lacalle Pou declaró que lo resolvió a pedido de dicha industria y no de una fábrica de chicles, a modo de respuesta irónica ante la consulta de la prensa); el beneficio de compra de energía eléctrica a las grandes empresas; las transferencias a los canales privados, el Proyecto Neptuno, entre otras.
Alguno de esos episodios ha tenido diversas repercusiones de prensa de los más variados medios. La siguiente muestra ilustra esa pertinaz preferencia por satisfacer intereses del sector privado en desmedro del sector público, que es el patrimonio a proteger como mandato esencial de quien lo administra.
El gobierno autorizó la compra a privados de energía eléctrica por parte de clientes grandes consumidores, lo que significa un impacto negativo en las finanzas de UTE y un incremento de las tarifas para el resto de los clientes. Así lo recogía un artículo de opinión de la diaria del 21 de setiembre de 2023: “El Poder Ejecutivo termina creando un subsidio muy importante para beneficiar a unos pocos clientes, quienes ya son los principales favorecidos por la estructura tarifaria actual, provocando como contrapartida el incremento de todas las tarifas reguladas de UTE, además de poder afectar la sostenibilidad de la empresa pública y la calidad del servicio eléctrico”.
Mediante contrato de Antel con los canales privados (4, 10 y 12) de mayo de 2022 se acordó pagarle anualmente a cada uno un monto equivalente a 1,2 millones de dólares con el “beneficio” para la empresa de fortalecimiento de contenidos de la plataforma Vera TV. El 2 de junio de 2023, el semanario Brecha informó que según un estudio económico de los servicios de Antel, el referido acuerdo ya generó una pérdida de 800.000 dólares para la empresa pública. El director por la oposición en el ente opinó que se gastaron millones de dólares y no se movió la aguja. Sería relevante conocer cuál es el impacto positivo en las finanzas de los canales beneficiarios.
El portal Medios Públicos el 1º de julio de 2022 daba cuenta de lo acontecido en Florida con la decisión de la Junta Departamental que, por unanimidad, el día previo había declarado “de interés departamental” el proyecto de una represa sobre el arroyo Casupá, aprobado por OSE en 2019. El gobierno priorizó el proyecto presentado por privados aun con informes técnicos del organismo que sugerían que podían ser complementarios y que era conveniente comenzar antes con el proyecto de Casupá.
Las prácticas de amiguismo y clientelares han abundado, la vulneración de los sistemas de información de diferentes órganos estatales ha quedado expuesta en muchos de los episodios que protagonizó el exjefe de la custodia presidencial, los que se han conocido y probablemente los que aún quedan por conocer. Como afirmó el señor presidente, “son privados que piden información”; en ese marco se gestionaron pedidos de la más diversa índole, algunos con un objetivo explícito, mientras que en otros queda aún por dirimir cuál era el móvil o quién era el que pedía esos “mandados”.
Nos hemos acostumbrado a escuchar juicios sobre lo que es verdad, mentira, error o equivocación, en actuaciones en las que el término inequívoco es corrupción. De ello da cuenta el reciente suceso en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), a la que ingresó por designación directa un número importante de militantes del Partido Nacional. El presidente de la comisión era el nacionalista Carlos Albisu, amigo personal del presidente Lacalle Pou, que renunció en forma inmediata ante la difusión de estas incorporaciones.
Un video en la web de Canal 5 del 5 de octubre de 2023 reproduce declaraciones del presidente de la República ante preguntas de la prensa por estos hechos. Declaró que toda la gente de la CTM es idónea y que trabaja, también dijo que era una oportunidad para mejorar cosas, que se pueden equivocar porque no están vacunados contra la posibilidad de que alguien se equivoque. Felizmente, fue más claro al continuar con sus declaraciones, afirmando que no hay ilegalidad y no hay corrupción, tal vez sí un abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso. Explicación clara y transparente, sólo queda la duda de cuál es el diccionario que utiliza para el alcance del término “corrupción” y también para un término omitido que es “ética” en la función pública.
El 13 de diciembre de 2022, El Observador transcribía sus declaraciones sobre el caso del pasaporte entregado en forma irregular a Sebastián Marset: “No es cierto que el gobierno haya mentido”, y a continuación dictaminaba que correspondía darle el pasaporte al narcotraficante a pesar de los intercambios entre los subsecretarios de Interior y Relaciones Exteriores.
La opacidad que rodea este accionar seguramente tendrá otros episodios que develen las verdaderas razones para tantos ocultamientos y falaces declaraciones. Hasta la fecha es conocido que así se actuó por parte de altos jerarcas de gobierno ante el Parlamento y que se ocultó la información en una segunda instancia cuando se negó indebidamente el pedido de acceso a la información pública presentado por la oposición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hubo que apelar como último recurso a la intervención de la Justicia para que finalmente el acceso fuera habilitado.
Las interrogantes siguen sumándose. Ya no se trata de distraernos en la deliberación de si debió entregársele o no ese tipo de pasaporte a Marset, tampoco si la responsabilidad en su expedición era de uno u otro ministerio. Las preguntas que aún quedan por responder refieren a cuál fue la razón de una expedición en tiempos inusuales, quién o quiénes fueron los que definieron que se hiciera al estilo de “favor a un amigo”, y qué motivó el persistente ocultamiento de los chats entre subsecretario y subsecretaria al punto de tomar la decisión de eliminar la evidencia de los celulares y del documento protocolizado que contenía el respaldo de los mensajes intercambiados. En definitiva, una vez más, los recursos del Estado fueron utilizados ya no para satisfacer sólo intereses de empresas privadas, sino para liberar a un narcotraficante peligroso y pesado.
La gestión del Estado en estos últimos años se ha visto privatizada, las cuestiones que vienen de mencionarse son sólo una pequeña muestra de la captura del Estado por parte de intereses particulares. Datos sensibles, información confidencial y reservada que debió haber sido custodiada por el gobierno, en particular, la que se encuentra en la órbita del Ministerio del Interior, fue inescrupulosamente utilizada para espiar, para amedrentar y perseguir causas de particulares. Recientemente, con enorme asombro, se conoció que también se utilizó en el caso Penadés para armar una trama, con connotaciones mafiosas, que pretendía transformar víctimas en victimarios, lo que fue tipificado la Fiscalía como estafa procesal.
Algunos medios de prensa nacionales e internacionales, vastos sectores de la sociedad y organismos especializados en las diferentes temáticas perciben opacidad y actos reñidos con una construcción democrática; las trazas de corrupción en algunas actuaciones se hacen inocultables; la opacidad en la gestión se ha instalado y la participación ciudadana se ha bastardeado.
Las trazas de corrupción en algunas actuaciones se hacen inocultables, la opacidad en la gestión se ha instalado y la participación ciudadana se ha bastardeado.
Desde que se comenzó a ver en los patrulleros policiales la expresión “de tu lado” no lograba comprender el mensaje. Sin embargo, cuánto se comprende ahora el eslogan estampado en los vehículos del Ministerio del Interior, “De tu lado”. Resultaba a mi entender difícil de interpretar: me preguntaba si hay policías que están “de tu lado” y quién está “del lado de los otros”. Los otros a quienes la Policía no va a garantizar seguridad, ¿quiénes son? ¿Los que no saben leer? La confusión me asaltaba cada vez que lo leía en un patrullero: ¿están de tu lado o del mío?
Ahora parece más claro. Las autoridades de confianza política con su accionar lo han transparentado, el exministro Heber encarnó lo que de forma transparente quisieron comunicar desde el principio de la actual administración. Ese eslogan no está dirigido a todas las personas; para muchos representantes del gobierno la ciudadanía se divide en dos categorías, las personas “de bien” y las que no son “gente de bien”.
De ese modo se ha tomado partido, se prejuzga, se discrimina según la apariencia, el color de la piel, el género, el barrio, la vestimenta, se mira con lentes diferentes y se cree en esos modelos de personas de primera. Así trasciende –en forma explícita a veces, implícita en otras– en sus discursos. Ese juzgar la apariencia delictiva desde el espacio impoluto de las personas “de bien” conduce a que los delitos sean tales o no según quién los cometa. Se le cree al amigo, al correligionario, al industrial, al estanciero; en definitiva, se pretende conducir al país como si se tratara de un mal patrón de estancia que dispone con libertad el destino de sus tierras, bienes y animales, y que la peonada aguante el menoscabo de sus derechos sin chistar.
El incesante pregonar del gobierno en cuanto a su respaldo casi incondicional a la Policía debió inducir a confusión de algunos agentes que han llegado a protagonizar episodios de desborde. Se han vivido actuaciones de extrema violencia y saldo trágico para personas generalmente jóvenes y en situación de indefensión. En ocasiones también han tratado como victimarias a personas que fueron denunciadas por personas “de bien” que, por su apariencia, se presumen incapaces de cometer delitos (lo ocurrido en julio de este año en Ocean Park es un claro ejemplo).
Desde el momento de su asunción, el presidente de la República asumió la responsabilidad personal; en la conferencia de prensa que dio luego de la reunión con los nuevos jefes de Policía expresó, entre otras declaraciones: “Queremos restablecer una cadena de mandos en la cual el presidente será el responsable último de la acción de la Policía” (2 de marzo de 2020, Montevideo Portal). Sin embargo, han pasado más de 43 meses y aún esperamos que se haga cargo.
La privatización de lo público por parte del gobierno, claro está, sólo alcanza una especie de cogobierno del sector privado empresarial en decisiones e implementación de políticas públicas. Hay otro sector privado que no forma parte de esta élite privilegiada. El presidente de la República y su equipo de gobierno tratan como si tuvieran apariencia delictiva a los gremios de trabajadores, que son criminalizados; a los colectivos de docentes, a quienes se persigue y se ningunea en los espacios de decisión de la educación pública; a las organizaciones de la sociedad civil, incluso a las que por ley deben integrarse a órganos de deliberación de las políticas públicas, se las omite o se las evita mediante el vaciamiento de contenido de esos espacios.
Estas prácticas, que se conocen por las noticias de los medios de comunicación, no son nuevas. Para ellas este equipo de gobierno dijo estar preparado, fueron sinceros. Ya tenían experiencia heredada, sellos de gestión de fines del siglo pasado que estuvieron signados por este peculiar manejo privado de lo público. Lo que en aquellos años no existía eran leyes de transparencia, procedimientos de pedido de acceso a la información pública, ley de protección de datos personales, normativas que fueron aprobadas en el primer período de gestión del Frente Amplio.
Tampoco contaban en ese momento con el nuevo Código del Proceso Penal, que consagró la transformación del modelo inquisitivo en uno de tipo acusatorio, oral y público que coloca bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación (FGN) la dirección de la investigación de los delitos y su persecución penal. Y junto con este nuevo Código, la creación de la Unidad de Víctimas y Testigos en la FGN, que coloca a las víctimas en una nueva institucionalidad en la que pueden ser asistidas y protegidas con un enfoque integral ante el daño sufrido.
Gracias a la existencia de estas normas, que consagran derechos fundamentales para la población, se puede conocer y procesar a través de la Justicia denuncias sobre hechos de apariencia delictiva y –en alguna medida– evitar que el Estado quede totalmente capturado por gobernantes de turno que pretendan privilegiar los intereses particulares poniendo el aparato estatal a su servicio.
Este gobierno sigue empecinado en convencer a la ciudadanía de que no ha hecho nada ilegal. Nuevamente las consideraciones éticas están ausentes y la corrupción se enmascara con subterfugios que ofenden la inteligencia de la gente.
Elizabeth Oria es licenciada en Administración y en Sociología y fue directora general del Ministerio de Economía y Finanzas (2005-2009).