Este año se cumplirá medio siglo del golpe de Estado de 1973, por lo que vendrán muchas instancias de debate y reflexión. Desde la diaria nos sumaremos a esos esfuerzos por recordar y entender los procesos que llevaron a la interrupción de la democracia en Uruguay, partiendo de la idea de que debemos conocer mejor qué pasó para evitar que se repita. Sólo una de cada cinco personas vivas tenía edad liceal o mayor cuando Juan María Bordaberry se transformó en dictador. Es necesario recordar, preguntar, buscar explicaciones en los hogares, en los centros educativos, en los medios, desde las instituciones, y donde haga falta.
En ese sentido, es saludable, en tanto contribuye a la discusión colectiva, la iniciativa del diputado Ope Pasquet de convocar a la Asamblea General para conmemorar la fecha del 9 de febrero de 1973, cuando la mayoría de las Fuerzas Armadas desconoció una decisión del entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberry. Puede ser discutible, en todo caso, la idea subyacente de “emparejar” el 9 de febrero con el 27 de junio para así poder achacarles a sectores que evidentemente no apoyaron la instauración de una dictadura cívico-militar cierta responsabilidad simbólica en el proceso de declive institucional, expresada por varios legisladores durante la sesión especial. De todos modos, la de bucear en los estados de ánimo que tenían distintos actores sociales y políticos hace cinco décadas es una tarea compleja y es de esperar que en los próximos meses se confronten las visiones de diversas personas interesadas en acercarse a la verdad histórica sobre este tema.
No hay nada positivo, en cambio, en ciertas palabras del ministro de Defensa, Javier García, que estuvo presente en el Palacio Legislativo el jueves. Cuando se le preguntó si las Fuerzas Armadas debían reconocer su responsabilidad en la ejecución del golpe de Estado, el dirigente nacionalista, que había concurrido junto a los comandantes en jefe, respondió que no, y siguió de largo: “Yo pregunto: al Senado de la República, cuando hace unos años atrás su presidente, que era vicepresidente de la República, fue procesado por corrupción, ¿alguien le dijo que pidiera disculpas? Cuando procesaron al presidente del Banco República, ¿alguien le pidió al Banco República que pidiera perdón? No corresponde, es la persona”.
Es preferible pensar que el ministro quiso evitarles un momento incómodo a sus ocasionales acompañantes que tomar literalmente lo que dijo, porque se trata de una inadmisible banalización de todo el horror y el sufrimiento que desató la dictadura. La búsqueda de ventajas políticas inmediatas no puede justificar la comparación de actos de corrupción con la instauración de un régimen ilegítimo basado en el terror.
García tendrá oportunidad de explicarse mejor en este año de reflexión, pero para quienes dentro de un tiempo se interesen por explorar la sensibilidad democrática y el apego institucional con que vivimos en 2023 sus palabras precisarán de mucha contextualización. El futuro también nos escucha.