El miércoles 8 fue el Día Internacional de la Mujer. La fecha, propuesta por la socialista alemana Clara Zetkin, hunde sus raíces en las reivindicaciones del movimiento feminista y en las luchas de las mujeres trabajadoras durante los siglos XIX y XX. El 8 de marzo fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, en ocasión del Año Internacional de la Mujer y de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en la Ciudad de México.
A nivel internacional, las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población, y la garantía integral de sus derechos beneficia a la sociedad en su conjunto. En efecto, además de ser un derecho humano fundamental, la igualdad de género es un imperativo para la democracia e impacta positivamente las economías y el progreso de los países en todas las esferas.
A pesar de la disminución de algunas brechas y de importantes avances en las últimas décadas, como el aumento de leyes e instituciones a favor de la igualdad, la mayor presencia de las mujeres en la política, y la mejoría de sus niveles educativos y salariales, los problemas y las dificultades que enfrentan las mujeres y las niñas a nivel global son enormes. Según ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado alguna vez violencia física o sexual a lo largo de su vida.
Debido a la existencia generalizada de leyes discriminatorias, las mujeres viven también diversas dificultades que impiden su pleno desarrollo humano y profesional. Las mujeres y las niñas constituyen las principales víctimas de violencia sexual durante los conflictos, son especialmente afectadas por fenómenos como la trata y el tráfico de personas, y pese a la existencia de cuotas y leyes de paridad, continúan estando infrarrepresentadas a nivel político.
Lo que algunos denominan backlash contra los derechos de las mujeres es más bien fruto de la alianza de grupos heterogéneos que incluyen partidos y movimientos conservadores, sectores fundamentalistas y antiderechos.
De acuerdo con un informe de la Fundación Jean-Jaurès y la organización feminista Equipop, los derechos de las mujeres están retrocediendo en todo el mundo. Este proceso no es sólo resultado de la pandemia que agudizó las desigualdades, triplicó los cuidados para las mujeres y aumentó de forma exponencial la violencia, la falta de empleos y la precariedad a la que están expuestas. Lo que algunos denominan backlash contra los derechos de las mujeres es más bien fruto de la alianza de grupos heterogéneos que incluyen partidos y movimientos conservadores, sectores fundamentalistas y antiderechos.
Tras el retorno de los talibanes, las recientes prohibiciones de trabajar o ir a la escuela para mujeres y niñas en Afganistán son sólo un ejemplo. Las mujeres que se opusieron a la imposición de estas medidas fueron amenazadas, encarceladas y torturadas, según Amnistía Internacional. Pero las regresiones son generalizadas: la revocación del derecho al aborto en Estados Unidos, su creciente restricción en países como Polonia, o la salida de Turquía del histórico Convenio de Estambul contra la violencia de género dan cuenta de la pérdida de derechos adquiridos para mujeres y niñas a nivel global.
En América Latina la situación es también contradictoria. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región tiene algunas de las mayores tasas de desigualdad, violencia y discriminación de género a nivel global. En América Latina ser mujer es un factor de riesgo y multiplica las posibilidades de sufrir diversas formas de violencia que tienen en el feminicidio su versión más extrema.
El movimiento feminista es un actor pulsante en la región, y las movilizaciones para luchar contra las discriminaciones y violencias y garantizar derechos son generalizadas, pero se requieren cambios estructurales, redefinir los roles de género y transformar gradualmente las creencias y normas sociales que sustentan las desigualdades.
Una contribución significativa es la construcción de democracias paritarias, entendidas como sistemas que posicionan la paridad y la igualdad sustantiva como ejes centrales de la participación y representación política en todas las esferas. Aunque este objetivo contempla la creación de leyes de cuotas y paridad de género, la paridad no se restringe al avance de la representación numérica de las mujeres, sino que supone el reconocimiento pleno de sus derechos. Es un concepto integral que trasciende lo político y parte del hecho de que las mujeres son ciudadanas plenas, deben participar en la toma de decisiones y pueden aportar con soluciones a los problemas comunes.
María Villarreal es cientista política y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ). Una versión más extensa de este artículo fue publicada originalmente en www.latinoamerica21.com.