Actualmente existe un importante conflicto en el sector del supergás (GLP) y en ese contexto fueron despedidos 27 trabajadores de Acodike y 26 de Riogas.
El conflicto se enmarca en un mercado que ha tenido cambios originados por la ley de urgente consideración (LUC). Dicha ley, en el artículo 237, encomienda al Poder Ejecutivo presentar una propuesta de reforma integral del mercado de combustibles ante la Asamblea General y, a los efectos del cumplimiento de dicho objetivo, se crea un comité de expertos. Dicho comité realizó recomendaciones, además de las planteadas para el mercado de combustibles líquidos, para el mercado de GLP. Estas, en su mayor parte, fueron tomadas por el Poder Ejecutivo. Las fundamentales son las siguientes:
- Analizar las opciones de venta o licitación de las plantas de envasado propiedad de Ancap para su arrendamiento y migrar a un modelo en el que Ancap venderá el producto en la planta de La Tablada, saliéndose del eslabón de envasado.
- Analizar el retiro de Ducsa y de Gasur del mercado del GLP.
- Ancap debe dejar de cumplir el papel regulatorio que ha venido asumiendo. Asimismo, se entendió conveniente que dedique sus esfuerzos y recursos al negocio principal de refinación y comercialización de combustibles.
Lo que no fue efectivizado fue el retiro de Ducsa del mercado de los combustibles. En cambio, la administración actual ha estado de acuerdo en su mayor parte con las recomendaciones del comité de expertos mencionadas en el punto anterior, por lo que se ha decidido que:
- Ancap sólo produzca e importe GLP.
- Se fortalezca la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) en su rol regulatorio de la distribución y envasado.
- Se realicen cambios en la actividad de envasado en cuanto a la forma de acceder al mercado de las empresas que quieran realizar esta actividad.
En este contexto, en el mercado de envasado de GLP se ha actuado de la siguiente forma. En primera instancia, Ancap hizo un llamado a licitación pública internacional para dar en arrendamiento, en forma individual, las dos plantas de envasado de GLP de su propiedad. A esta licitación se presentaron Acodike, Riogas y Megal, resultando ganadoras las dos empresas mencionadas en primer lugar. Se produjo una situación muy particular, ya que cuando se hizo la apertura de sobres se observó que Riogas ofertó al doble que Acodike. Es lógico que ambas empresas quisieran permanecer en el mercado de envasado y no desear la entrada de nuevas empresas, pero Riogas parece haber tenido un margen importante de diferencia con Acodike en la valoración de su negocio.
Los alquileres de ambas plantas de envasado rigen a partir del 1º de marzo de 2023, momento en el que vencen los contratos de alquiler, envasado, suministro y regulación del mercado acordados en 2007. Recordemos que dichas plantas antes eran operadas por Gasur (40% propiedad de Ancap, 30% de Acodike y 30% de Riogas).
Por otra parte, este proceso realizado por Ancap se complementó en una segunda instancia con un llamado a licitación que hizo Ducsa a los tres envasadores autorizados a efectos de prestar el servicio de envasado para su propio parque de garrafas. Dicha licitación fue adjudicada en 70% a Megal y 30% a Acodike.
Cabe reflexionar que hasta el momento el mercado no se vio alterado en lo que respecta a sus principales integrantes, tanto para el envasado como para la distribución, ni tampoco las actividades de envasado y distribución tienen una clara separación. Asimismo, las empresas continúan contando con altos márgenes de distribución y envasado, que representan aproximadamente 54% del precio final del GLP, lo que es un indicio de las importantes ganancias que obtienen.
El conflicto y las visiones de los involucrados
Las empresas involucradas alegan diversos motivos como explicación del origen del conflicto. Por una parte, la dirección de Riogas asegura que se da por “razones totalmente ajenas a su voluntad” y, según plantea, la decisión responde a que “cambiaron las condiciones contractuales y comerciales” con Ancap, “que rigieron durante 15 años en el envasado de supergás”. En este contexto, plantean que sus costos de arrendamiento aumentaron, así como las inversiones en la planta de envasado, y también los costos financieros por la compra a crédito de supergás, lo que se suma a la disminución del volumen de envasado. La empresa afirma que tuvo que aceptar las nuevas reglas de juego, ya que la alternativa era no presentarse y perder el negocio, por lo que deben terminar aceptando estos sobrecostos.
Por otro lado, el vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), Andrés Guichón, en diálogo con la diaria, planteó que desde Acodike indicaron que debían replicar la medida de Riogas porque, de lo contrario, este quedaba “en una posición mejor para la competitividad”. Dijo, asimismo, que “las empresas con esta decisión lo que quieren hacer es apretar a Ancap para que les cambie las condiciones de los contratos”.
Por otra parte, Ancap responde a los planteos de las empresas sosteniendo, en primer lugar, que “no se han producido cambios” relacionados con el cálculo de los márgenes de envasado y distribución, que están por “fuera de la órbita de Ancap”, luego del vencimiento de los contratos que los regulaban, el 28 de febrero. Asimismo, el ente señaló que “el costo por arrendamiento de las plantas propiedad de Ancap, que rige desde el 1º de marzo, surge de un proceso competitivo en el que cada uno de los interesados realizó ofertas sin restricción alguna de valor, de acuerdo con su propio análisis de futuro del negocio”.
Además, Ancap señaló que “no hay afectación alguna de los términos comerciales, que presentan condiciones de crédito mejores que las que habitualmente se pueden obtener en la plaza”.
En la actualidad llama la atención que los márgenes de distribución y envasado resultan ser de más de 50% del precio final del gas licuado de petróleo (GLP).
Reflexiones finales
En lo referente a los cambios realizados en el mercado de GLP, se entiende que se mantienen las relaciones verticales entre los envasadores y los distribuidores como norma de funcionamiento del mercado. No se exhorta a la Ursea a proponer modificaciones en la actual estructura del mercado de GLP. En este sentido, se debería considerar el análisis de una posible separación de las actividades de envasado y distribución de GLP a modo de obtener en forma más transparente los márgenes de ganancia de ambas actividades a partir de un estudio detallado de los costos e ingresos asociados a cada una de ellas.
En la actualidad llama la atención que los márgenes de distribución y envasado resultan ser de más de 50% del precio final del GLP. En este contexto, siempre es relevante enfatizar en la finalidad última que tiene un regulador, que es la de asegurar a los consumidores de los servicios regulados un precio que no traslade sobrecostos de su cadena de valor, protegiendo siempre el interés general de la sociedad. El regulador tiene el objetivo de maximizar una función de utilidad social en la que los consumidores deben terminar pagando precios eficientes y las empresas deben tener asegurada una rentabilidad, pero que sea justa y razonable. En este caso, frente a márgenes de distribución y envasado tan significativos, entiendo que el regulador no debería ser ajeno al tema.
Por otra parte, la idea de debilitar la participación de Ancap en todos los eslabones de la cadena de valor de los combustibles, tanto líquidos como gaseosos, que parte de una intención de desmonopolizar la importación de los combustibles, ha fracasado. Esto es notorio, ya que existe aún una fuerte presencia de Ancap en el mercado de combustibles, en el eslabón de la cadena de producción (refinación), si bien su actividad se realiza cumpliendo con el paradigma del gobierno de limitar el accionar de la empresa hasta la puerta de la refinería. Es de recordar que las empresas envasadoras y distribuidoras de GLP en ningún momento manifestaron su opinión en cuanto a la salida de Ancap de la distribución secundaria de combustibles.
En este esquema propuesto, la concentración de las empresas en las actividades no parece haber disminuido en el mercado, ya que estas pueden concertar acciones o esperar que una haga algo y la otra siga su comportamiento para tomar decisiones no adecuadas para los consumidores ni a nivel país. En este caso lo estamos viendo con el despido de trabajadores que empieza por una empresa y acto seguido la otra, sin fundamento real, toma la misma medida. Lo que sí es real es que ambas quieren mantener sus ganancias poniendo en riesgo puestos de trabajo, así como eventualmente poner en riesgo el abastecimiento de tan importante combustible para la población.
Este conflicto lo que hace es dejar de rehenes a los trabajadores y a sus familias, y también a la población que, como ya dijimos, puede sufrir problemas de desabastecimiento. La acción de despedir trabajadores en este contexto no es aceptable y responde, como señaló la Mesa Política del Frente Amplio el 11 de abril, “en forma exclusiva, a intereses comerciales de ambas firmas en su enfrentamiento con Ancap a partir del proceso licitatorio que instituyó el ente en sustitución de los contratos que estaban vigentes al 28 de febrero”.
Asimismo, no es de recibo la actitud de las empresas involucradas, que se niegan a negociar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con las organizaciones sindicales, que sí han demostrado voluntad de llegar a alternativas viables.
En este conflicto es fundamental que el Ministerio de Industria, Energía y Minería junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cumplan con su rol de buscar y encontrar caminos de solución que no pongan de rehén ni a los trabajadores ni a la población en general.
Roberto Chiazzaro es director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua en representación del Frente Amplio.