Nos encontramos frente a una nueva Rendición de Cuentas que, lejos de asombrarnos, lo que nos deja es la confirmación de un gobierno de ricos para ricos y, en el caso de las infancias y adolescencias, ni siquiera para las ricas. Más allá de que haremos hincapié en los sectores más vulnerados, queremos señalar que cuando se trata de infancias y adolescencias, hay temas que las atraviesan, independientemente de la clase social en la que se ubiquen, más allá de que las respuestas posiblemente puedan ser otras. Por eso decimos que, en este caso, las respuestas del gobierno ni siquiera están pensadas para las infancias y adolescencias más ricas.
Mirando a nuestras niñas, niños y adolescentes, tanto los informes académicos como de la sociedad civil organizada nos están señalando que mientras ha crecido el producto interno bruto (PIB), también ha aumentado la pobreza que tristemente sigue teniendo cara de infancias y de mujeres, y más si se trata de población afrodescendiente. Sigue siendo principalmente la solidaridad de la gente la que sostiene mediante las ollas y merenderos populares la emergencia alimentaria que está atravesando nuestro país, que dolorosamente afecta en tanto inseguridad alimentaria leve a 21,5% y grave a 3,8%, pero que se dispara a porcentajes más elevados en Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres, o en barrios del Municipio F en Montevideo, a 39,7% y 12,4%, respectivamente. No es necesario (¿o sí?) recordar que el derecho a la alimentación adecuada es un derecho humano universal y que la inseguridad alimentaria –concepto que, traducido al criollo, significa alimentación insuficiente, hambre en un país que produce alimentos para toda su población y aún más– tendrá consecuencias importantes en el crecimiento y desarrollo no sílo físico sino también psíquico, emocional y cultural de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Si continuamos con las afecciones a nuestras infancias y adolescencias más vulneradas y no tanto, podemos mencionar el decrecimiento de la matrícula en todos los niveles educativos (con excepción de primaria), sobre todo –y nuevamente– en los quintiles más bajos.
Por otro lado, nos encontramos con dificultades para recibir una atención oportuna, accesible y de calidad cuando hablamos de salud; existe demora en las consultas, falta de medicamentos, pocos o casi inexistentes equipos multi e interdisciplinarios. Esto se agrava aún más cuando hablamos de salud mental y del aumento exponencial de situaciones de violencia física, psicológica, emocional y sexual hacia nuestras infancias y adolescencias. Hubo ocho infanticidios durante 2022, además del aumento significativo del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, que en muchos casos se vincula justamente a situaciones de abuso o explotación sexual. Y no queremos dejar de mencionar las violencias territoriales que están sucediendo en algunos barrios periféricos, donde en las diversas manifestaciones del crimen organizado –que está bien organizado– y en balaceras que ocurren a diario, nuestras infancias y adolescencias pierden a seres queridos que son asesinados y, en el mejor de los casos, se esconden debajo de mesas o camas cuando escuchan los enfrentamientos.
Dicho esto, retomo aquí el pensamiento de algunos autores y autoras latinoamericanas que se preguntan si cuando hablamos de derechos humanos no lo estamos haciendo desde un lenguaje apolítico que, lejos de contrariar las desigualdades estructurales, simplemente mira para otro lado negando la humanidad a ciertos grupos de seres humanos. En este caso, lo podríamos extrapolar a nuestras infancias y adolescencias más vulneradas, porque cuando enumeramos todas estas violaciones a sus derechos humanos, incluyendo los mínimos biológicos de subsistencia, nos preguntamos de qué derechos humanos estamos hablando.
Y frente a estos y otros hechos este gobierno realiza año tras año recortes en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en la Administración Nacional de Educación Pública y en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y una distribución del gasto que se distancia claramente de las necesidades de la gente.
El Mides, por intermedio de su ministro, es posiblemente el organismo que más visibilidad tiene en los medios de comunicación. Y no necesariamente para anunciar “buenas nuevas”. Anunció días atrás que la población en situación de calle aumentó significativamente. Recordemos que en un estudio también reciente se mencionaba que había aumentado el número de niños, niñas y adolescentes en esa situación. Podríamos mencionar también algún anuncio que llenó de esperanza a algunas pocas familias, que luego fueron menos sin ni siquiera saber por qué. Nos referimos a los bonos crianza, que en octubre de 2021 significaron 2.500 pesos para 60.000 niños y niñas menores de cuatro años y que dos meses después se redujeron a 2.000 pesos para 30.000.
Por otro lado, bajaron las Becas de Inclusión Socioeducativa, cuyo objetivo es brindar servicios de cuidado y educación a niños y niñas de hasta dos años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y en territorios que no tienen suficiente oferta de estos servicios. Increíblemente, se otorgaron menos becas. Y así podríamos seguir con una lista de programas o servicios que no están llegando a la población. Por otro lado, en un reciente pedido de informe elevado al Mides, consultamos sobre el Plan de Alimentación Territorial. Otro programa altamente promocionado en cuanto a su efectividad, pero que nos generó varias dudas. Una de ella es cómo fue comunicada su implementación a la población destinataria, pero también a los equipos técnicos que estaban a cargo de informar sobre él. Preguntamos también acerca de la eficiencia y eficacia de la comunicación en términos de accesibilidad a la información y sus posibles obstáculos. Nos interesa también conocer en profundidad la cantidad de personas que se inscribieron en forma presencial y por la web y cuál fue el criterio de selección, así como si está prevista alguna evaluación externa y cómo se llegó al contenido de la “bolsita”.
El INAU, que es el órgano rector en políticas de infancias y adolescencias, frente a este panorama que podríamos calificar de emergencia, lo que hizo en este período fue un recorte presupuestal en un poco más de 47 millones de dólares.
Y en esto –además de lo ya señalado en relación con la vulneración de derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes– nos queremos detener en algunos señalamientos que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Informe Anual 2022 de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). En muchos centros del sistema de protección 24 horas sigue habiendo hacinamiento, condiciones deficitarias, escaso mobiliario y falta de recursos humanos en general y de personal calificado en particular; en este último tema nos detendremos más adelante. En los centros de atención integral en salud mental se observan mayoritariamente malos tratos del personal y, como patrón, la justificación de dichas prácticas, situaciones de abuso psicoemocional, el inadecuado suministro farmacológico y, lo que es igual o más grave aún en cuanto al daño que genera, la permanencia de niñas, niños y adolescentes en dichos centros, pese a tener el alta médica y la recomendación de un equipo técnico de egresar a un centro no especializado en salud mental.
Por otro lado, hay 100 niños, niñas y adolescentes que, pese a tener una orden judicial para ingresar al sistema de protección 24 horas, es decir, pese a tener una valoración de un equipo técnico y una indicación de un/a juez/a de estar expuesto/a a una situación de vulneración que justifica su internación, están “en espera”.
Preocupa que se achique el presupuesto cuando aumentaron las situaciones de violencia, así como las denuncias que llegan a través de la Línea Azul y la judicialización de la vida de niñas, niños y adolescentes.
Este gobierno, que pensó que con la ley de urgente consideración (LUC) iba a generar grandes transformaciones, no pudo cumplir con su promesa de aumentar los pasajes en adopción de niños y niñas, a pesar de la modificación de ley de adopciones que contraviene nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, así como compromisos internacionales que suscribió el Estado uruguayo, y a pesar de haber triplicado para este propósito el personal técnico. Tampoco tuvo la respuesta esperada el relanzamiento del programa Familia Amiga, y preocupa que haya niños, niñas y adolescentes que estén bajo la figura de “familia extensa”, es decir, a cargo de familiares consanguíneos pero sin el apoyo de equipos técnicos de sostén que puedan advertir posibles vulneraciones de derechos.
Preocupa también que se achique el presupuesto cuando aumentaron las situaciones de violencia, así como las denuncias que llegan a través de la Línea Azul y la judicialización de la vida de niñas, niños y adolescentes. Nos referimos al incremento de oficios del Poder Judicial que llegan al INAU, que de 24.000 en 2020 pasaron a 43.000 en 2022. Esto significa que hay 43.000 situaciones de nuestras infancias y adolescencias que aguardan respuesta frente a situaciones de gravedad y que no necesariamente serán abordadas en los tiempos que ameritan. Para dar un ejemplo: puede tratarse de la denuncia de un centro educativo o de un servicio de salud que, frente a la falta de equipos territoriales como los SOCAT (Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial), se enfrenta a una situación de violencia psíquica, física o sexual y eleva un informe al juzgado. Queda claro que los tiempos institucionales no son los tiempos de ese niño o niña que se encuentra en una posible situación de riesgo. Pero también queda claro que los Centros de Referencia Locales, que son los lugares a donde se derivan los oficios para el caso de Montevideo, no pueden dar la respuesta que quisieran dar y, menos aún, pueden realizar tareas de promoción y prevención, para lo que también fueron creados.
Finalmente, no profundizaremos sobre los 50 millones de dólares para la primera infancia y el enlentecimiento de la apertura de centros CAIF, ya que este tema ha tenido amplia cobertura. Simplemente nos preguntamos dónde está el dinero para equipar y dar funcionamiento a centros que se estarían por inaugurar o que están en construcción, y por qué son atendidos menos niños y niñas de los que figuran como aspiración política.
Antes de continuar, nos gustaría retomar el tema de la profesionalización, capacitación y formación del personal que ingresa al INAU. En un pedido de informes de 2020 advertíamos lo que parece que finalmente estaría pasando: la mayoría de los ingresos corresponde a la figura de talleristas, con la precarización del contrato de trabajo que significa, pero también con la falta de ingreso a la institución, como lo prevé la readecuación organizacional realizada entre 2015 y 2020 y que contó con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Agencia de Gestión y Evaluación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y, para el proceso de reestructura de cargos, con la asesoría del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República). No queda claro cuál es el plan de la actual administración para dar comienzo a la carrera administrativa de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, así como tampoco en qué situación se encuentran los llamados de ascensos para los cargos de directores departamentales, supervisores y directores, y coordinadores de proyectos, para que no se den en forma discrecional. La lucha por concursos, formación permanente y personal calificado para nuestras infancias y adolescencias fue una aspiración durante mucho tiempo de los propios educadores y educadoras, así como del personal técnico.
¿Qué decir del Inisa? Mientras que la población atendida muestra un leve aumento, se recorta en cuatro millones de dólares el presupuesto del instituto. Aquí también nos vamos a referir al Informe 2022 de la INDDHH, que reitera sus observaciones en cuanto a las deficientes condiciones edilicias y de infraestructura, pero en vez de encarar esta situación edilicia crítica, se destinan 25 millones de pesos para la construcción de un edificio nuevo para la academia de formación. Y aquí nos queremos detener. En un reciente pedido de informe, nos preocupa no sólo la edificación sino los criterios para la conformación del equipo de trabajo de esta academia, cuyo objetivo sería formar al personal de Inisa. Aquí nuevamente quedan abiertas las preguntas sobre si se hizo un llamado para cubrir los cargos de dirección y docentes a cargo, y cuáles serían las trayectorias profesionales y de formación que se les estarían solicitando a estas personas.
En otro orden, el Informe 2022 de la INNDDHH señala la priorización del encierro y una lógica punitivista frente a la lógica socioeducativa. Indica que el promedio de horas que las y los adolescentes privados de libertad destinan a estudiar y trabajar es notoriamente menor al de cualquier/a adolescente. Más allá de las explicaciones poco claras que da la presidenta del Inisa en su comparecencia al Parlamento, en un reciente pedido de informe preguntamos cuáles fueron las causales que fundamentaron la rescisión del contrato de propuestas sociolaborales del Servicio Paz y Justicia y si hay una propuesta alternativa de similares características. Relacionado con esto, pero en otro orden, en el mismo pedido de informe consultamos si se está dando cumplimiento a la estructura de cargos y funciones del Inisa aprobada por Resolución 611/018, y, de no ser así, cómo se están cubriendo los distintos cargos de la institución, incluyendo mandos medio y direcciones de departamentos y divisiones. Esto, nuevamente, apuntando a la calidad en la atención a través de personal calificado.
Por otro lado, en el Informe 2022 de la INDDHH observan el impacto que está teniendo la LUC en cuanto a penas más severas, así como el debilitamiento en la implementación de garantías judiciales que refieren a la poca presencia de la figura de un referente emocional o institucional especializado, cuando esto se encuentra expresamente previsto en el artículo 273 bis del Código del Proceso Penal. También la inclusión de un proyecto en esta Rendición de Cuentas que aumentaría tres veces más el plazo que hoy tiene la Fiscalía para la acusación, lo que implica que el tiempo de privación de libertad de las y los adolescentes podría aumentar.
Una buena noticia, pero que genera dudas, es la reducción drástica de los suicidios e intentos de autoeliminación en el Inisa. ¿Por qué genera dudas? Porque hay un aumento significativo de situaciones vinculadas a la salud mental de nuestras infancias y adolescencias, más aún cuando se trata de ideas de muerte y suicidios, que se intensificaron luego de la pandemia por covid-19. Esta reducción, entonces, va a contrapelo de lo que les sucede al resto de las adolescencias en Uruguay y no se explica ni por mejoras en las condiciones de vida de las y los adolescentes vinculados al Inisa ni por un cambio que nos hable de atención en calidad. Entonces la pregunta es si se trata de un subregistro, si hay una mayor medicalización de las y los adolescentes, pero, sobre todo, si hay un estudio técnico que explique la situación.
Con esto volvemos al título de este artículo: “Mucho ruido y pocas nueces”, pero en este caso las pocas nueces implican dolor y sufrimiento para gran parte de nuestras infancias y adolescencias.
Laura Cafaro es diputada suplente e integrante del Comité Central del Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio.