Las crisis climática y ambiental no son vivenciadas de una única forma. Para cada persona, la realidad es lo que resulta próximo y conocido, algo que se construye colectivamente a partir de las creencias, conocimientos cotidianos, normas sociales y rutinas establecidas localizadas en un lugar específico. Esto significa que las acciones y estrategias para enfrentar los retos que proponen el cambio climático y ambiental no tienen socialmente una única definición, por lo que las respuestas ante sus desafíos también son diversas.
Lejos de ser cierto que la heterogeneidad de percepciones con relación a los riesgos ambientales es consecuencia de la falta de disponibilidad o de capacidad de comprensión de la información, las ciencias sociales han mostrado que estas diferencias se deben principalmente a cuestiones vinculadas a las desigualdades materiales y socioculturales arraigadas estructuralmente. La evidencia nos dice que la cantidad de información sobre los riesgos ambientales en la salud no tiene relación con cómo se actúa en relación con los problemas que son identificados.
Desde los años 80 existe interés en comprender cómo se construye la percepción de los riesgos en diferentes públicos (académicos, técnicos, decisores de políticas, público en general) vinculada a los peligros ambientales generados por el desarrollo tecnológico e industrial y los patrones culturales de consumo. Diversos autores han mostrado que la percepción sobre los riesgos ambientales y de salud se construye en gran medida en base a definiciones de riesgos que se imponen sociopolíticamente, es decir, a partir de quienes tienen la potestad de definir los problemas en los ámbitos de decisiones políticos y técnicos.
Los “multiversos” que coexisten en torno a la definición de la crisis climática y ambiental se dan en los diferentes ámbitos. Científicos y decisores políticos perpetúan divergencias en los modos de definir el problema y de plantear posibles soluciones. Como menciona la politóloga y activista ambiental argentina Flavia Broffoni, “quien define el concepto controla el debate”.
Por ejemplo, en Uruguay, a mediados de 2023 se decretó desde el gobierno una crisis hídrica definida desde movimientos sociales, ámbitos académicos y diversas manifestaciones autoconvocadas como consecuencia del “saqueo” de los modelos productivos hegemónicos del agua. Esta “crisis hídrica” salió a la luz a partir de la falta de agua potable sobre todo para pequeños productores de la zona metropolitana como nunca antes había sucedido en el país. No obstante, este problema se viene denunciando desde hace años.
Heterogeneidad de definiciones sobre riesgos ambientales
La realidad está cargada de significados a partir de los conocimientos socialmente validados y está construida bajo estructuras de poder. La definición de los riesgos ambientales y climáticos es un campo de disputas donde se entrecruzan saberes técnicos y populares con intereses, relaciones de poder y la legitimación del conocimiento por parte de las propias sociedades. Todo depende de cómo definimos progreso, desarrollo, tecnología, bienestar, naturaleza y participación, entre otras cuestiones.
La definición de los riesgos ambientales y climáticos es un campo de disputas donde se entrecruzan saberes técnicos y populares con intereses, relaciones de poder y la legitimación del conocimiento.
La problematización de las crisis climática y ambiental implica definir socialmente los riesgos asociados a ellas en competencia con los riesgos vinculados al crecimiento económico y el progreso científico-técnico. Cómo se decide atender las consecuencias de eventos climáticos cada vez más extremos, la falta de acceso a servicios ambientales de calidad para la vida (agua, aire) o la disponibilidad de espacios para el cultivo de alimentos se enmarca en procesos de selección de riesgos definidos por la ciencia o por la política. No sólo importa qué sabemos, sino qué podemos hacer con lo que sabemos, individual y colectivamente.
Las respuestas a cuáles son los riesgos y problemas y cómo se deben atender son diversas y, muchas veces, contradictorias entre sí. Existen debates sobre cuáles deberían ser los criterios de valoración de los riesgos ambientales, según los grupos o referentes sociales que se analicen. La imposición narrativa en relación con estas definiciones de riesgos y sus consecuencias tiene impactos económicos, sociales y ambientales significativos. Estas imposiciones se dan tanto dentro de países entre grupos socioeconómicamente hegemónicos, como entre países o regiones “más desarrolladas” sobre otras que reciben el peso del modelo de desarrollo también en sus consecuencias.
Las causas y consecuencias de las amenazas globales, como la proliferación de enfermedades y los eventos climáticos, son distribuidas de forma desigual en el planeta, así como los recursos para afrontarlas.
Desigualdad y alternativas
Existe una deuda poco mencionada en ámbitos técnicos y políticos que tiene que ver con las responsabilidades y las causas vinculadas a las múltiples desigualdades que se generan y profundizan en este contexto de crisis climática. A pesar de la gravedad de la situación que atraviesa el planeta socioambientalmente, muchos países aún no ratifican el Acuerdo de Escazú (que establece como norma internacional la participación social amplia, la justicia y el acceso a la información en materia ambiental), y son pocos los que consideran la deuda socioecológica. Muy por el contrario, el clima de violencia hacia activistas y movimientos ambientales ha recrudecido en la región en los últimos años, y las condiciones de las poblaciones más desfavorecidas socioeconómicamente se siguen deteriorando.
Algunos ámbitos académicos han salido del esquema netamente de generador de conocimientos científicos, para proponer y procurar transformaciones concretas que atiendan las múltiples desigualdades. Quienes abogan por el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, por ejemplo, sostienen que la transición energética, social y digital debería diseñarse desde los territorios que cargan con el sacrificio material, cultural y ambiental de salvar al planeta.
En un contexto donde las definiciones de la crisis ambiental no son únicas, donde el exceso de información no soluciona problemas y donde existen diferentes responsabilidades geopolíticas en relación con los riesgos planetarios, es necesario discutir sobre los mecanismos que podrían revertir las desigualdades sociales que se reproducen y profundizan en el planeta. Lo anterior supone la aceptación de las múltiples realidades que coexisten en torno al tema, tomando las narrativas académicas y políticas como construcciones cargadas de sentido, visibilizando las estructuras que perpetúan los mecanismos de desigualdad y dando espacio a las soluciones alternativas con licencia social.
Soledad Nión Celio es doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
* Este artículo fue publicado originalmente en latinoamerica21.com