Las polémicas han definido a la administración de Luis Lacalle Pou. Durante los primeros meses de su gestión, funcionarios cercanos al presidente de la República maniobraron con impunidad a favor de sus intereses. Lejos en el tiempo parece haber quedado la persecución a dirigentes opositores a través de un antiguo mecanismo como el espionaje, centrando en la propia Torre Ejecutiva (a metros del despacho presidencial) el funcionamiento de un entramado de corrupción política y de escándalos nunca antes vistos en la historia democrática del Uruguay.
Astesiano sólo fue una pequeña ficha de ajedrez de un entramado mucho mayor que develó la complicidad de altas jerarquías políticas en favor de sus “correligionarios”. No ha faltado nada: ministros que demostraron el poco apego a su función, defendiendo a “su amigo” imputado por abuso sexual y violación; el otorgamiento de casas a discrecionalidad para sus militantes y allegados, y el ocultamiento de información al Parlamento.
Astesiano solo fue una pequeña ficha de ajedrez de un entramado mucho mayor que develó la complicidad de altas jerarquías políticas en favor de sus “correligionarios”.
Lejana parece la propuesta en los actos de campaña acerca de terminar con la delincuencia, cuando a diario observamos el avance de las bandas organizadas y del crimen en los barrios de Montevideo y localidades del interior. Un compromiso por el país que es tan irreal como la credibilidad de esta administración.
Este año ha dado noticias históricas que muestran el accionar del gobierno, incluyendo la entrega de pasaporte a un narcotraficante hasta la renuncia de las cabezas del Herrerismo por ineficiencia en su gestión.
Ante esto, la ciudadanía nos pide respuestas y debemos otorgarlas con celeridad para evitar el descrédito en el sistema político. En una coyuntura tan peculiar como la que vivimos, con el mundo convulsionado ante los avances populistas y ultraconservadores, debemos proteger un sistema que se encuentra en crisis por culpa del accionar dirigencial que no ha capitalizado la confianza popular.
La disyuntiva que se presenta nos da una señal inconfundible: estar cerca de la gente. Y esta oportunidad que nos presenta la ciudadanía no debe ser en vano, porque puede ser la última. Ejemplos abundan del hartazgo ciudadano, del que debemos aprender para no cometer las mismas faltas por las que otros sistemas han caído.
Algunos dirigentes deberán aprender que la política es un instrumento de transformación de la realidad, no un reality show donde el que descalifica, grita o injuria gana el respeto del público. La única solución para que la política pueda encontrar un combate a estas fórmulas peligrosas es muteando y debatiendo (en lo discursivo y en lo mediático) a las figuras que representan la antipolítica.
Uruguay nos demanda afrontar una nueva etapa que le pueda otorgar a la política mayor confiabilidad con la ciudadanía, una recomposición que deberá ampliar la vista a futuro sin quedarse con la visión de un presente que es por demás dificultoso.
La adecuación política para mejorar sustancialmente el sistema será muy compleja, tendremos que confrontar a la burocracia con rasgos aristocráticos que abunda en Uruguay, pero es un desafío obligatorio de afrontar por el futuro de la democracia, de la credibilidad y de la institucionalidad.
La historia nos demostrará que estamos en lo cierto al pregonar una alternativa para cambiar el rumbo equívoco al que nos trasladó el gobierno multicolor. Tenemos una obligación moral de constituir un nuevo pacto social y político con los actores democráticos para elaborar mínimos de convivencia que destierren las acciones de crispación por las que atravesamos.
Gastón Castillo es dirigente de Alternativa, presidente del comité Unidad-Teja “El Capi” y secretario de Juventud de la Coordinadora E del Frente Amplio.