El 8 de octubre, cuando un Tribunal de Apelaciones revocó por unanimidad la sentencia que en primera instancia había absuelto de responsabilidad a un médico militar que actuó en centros clandestinos de la dictadura, culminó una de las muchas batallas por la verdad y la justicia que se dirimen en los estrados judiciales de nuestro país.
Luego de un minucioso y extenso análisis de los testimonios que ofrecieron los exintegrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Elba Rama, Alicia Cadenas, Ariel Soto, Mónica Soliño, Sara Méndez, Sergio López Burgos y Ricardo Gil, a los que se sumaron varios elementos probatorios e indicios, el doctor Ramón Ángel Rodríguez de Armas, identificado por numerosas víctimas como “Oscar 5”, el médico militar del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que actuó en los centros clandestinos de la dictadura 300 Carlos y la casona de Bulevar Artigas y Palmar, fue condenado a siete años de penitenciaría como coautor de reiterados delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra los detenidos, cometidos en el marco de la represión contra el PVP en 1976.
Desde la denuncia del “primer vuelo” que había presentado en 1984 Enrique Rodríguez Larreta, que apuntó a los secuestros en Argentina en 1976, los traslados ilegales a Uruguay y la farsa del chalet Susy y la supuesta invasión del PVP al país, y las denuncias que posteriormente se presentaron tanto en Uruguay como en tribunales extranjeros, la identidad del médico que actuaba como “Oscar 5” no había podido ser aclarada hasta que, en 2012, luego de una investigación particular de varios años, numerosas víctimas lograron ubicarlo e identificarlo como el doctor Ramón Ángel Rodríguez de Armas.
Llegar a esa identificación, denunciarlo en 2014 y, sobre todo, superar los escollos para finalmente lograr la condena días pasados, necesitó contar con la capacidad, la rigurosidad y la entrega de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad a cargo del doctor Ricardo Perciballe, que fundamentó para que se aceptara la veracidad y rigurosidad de los testimonios de las víctimas, muchas veces vilipendiados por quienes defienden ante los tribunales a los terroristas de Estado. No fue una tarea fácil en el desarrollo del trámite de la denuncia hasta que, finalmente, el Tribunal de Apelaciones desautorizó la absolución del médico militar rechazando la interpretación de que las identificaciones efectuadas por las víctimas carecían de fiabilidad, no sólo por el tiempo transcurrido entre los hechos ocurridos en 1976 y su identificación, sino porque la individualización no resultaba respaldada por ningún otro medio probatorio. Fundamentos que, aunque responden a motivaciones y razones distintas, lamentablemente, coincidían con lo sostenido por la defensa del médico militar ejercida por las abogadas Graciela Figueredo y Rosanna Gavazzo del Centro Militar.
Para que triunfara en todas sus dimensiones la verdad, la histórica y la forense, debió existir una Fiscalía que creyó en las víctimas, a pesar de que no fue a ellas a quienes en dos oportunidades se decidió darles credibilidad.
Luego de presentada la denuncia en 2014, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó el procesamiento de Rodríguez de Armas, lo que fue denegado por la sede penal, motivando la primera apelación ante el tribunal de alzada, que por unanimidad le dio la razón haciendo lugar a la solicitud de procesamiento.
En el curso de la indagatoria, en la que se da por cierto todo lo denunciado por las víctimas, desde la denuncia original de 1984 de Rodríguez Larreta, los abogados del Centro Militar, para librar de responsabilidad a su defendido, incorporaron los testimonios de dos connotados represores del OCOA, Jorge Silveira y Ernesto Ramas, que siempre mintieron o dieron versiones que atenuaran sus propias responsabilidades o las de sus secuaces. Estos trasladaron la identidad de “Oscar 5” a otro médico militar (el doctor Bruno Rinaldi) que, por supuesto, había fallecido en 2018 y no podía ser imputado.
Para que triunfara en todas sus dimensiones la verdad, la histórica y la forense, debió existir una Fiscalía que creyó en las víctimas, a pesar de que no fue a ellas a quienes en dos oportunidades se decidió darles credibilidad.
Hay, sin embargo, algo de lo que son acusados los memoriosos, que debe aceptarse. Sus testimonios están predispuestos por una actitud que no se disipa con el paso de los años: su lucha contra el autoritarismo y el Nunca Más.
Raúl Olivera Alfaro es coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.