Los terribles asesinatos perpetrados el 25 de setiembre en un módulo de la Unidad de Santiago Vázquez, un establecimiento penitenciario en el que fueron quemados vivos seis seres humanos, pensamos que merecen, al menos, dos posibles formas de encararlos según los criterios con que se evalúan y establecen las responsabilidades del Estado.
La experiencia por la que transitó Uruguay durante muchos años, a partir de que el Estado suprimió la acción punitiva sobre su propia conducta durante el terrorismo de Estado, podría hacernos abrigar la esperanza de que algo deberíamos haber aprendido.
En este caso, tratándose las seis víctimas de personas que estaban bajo la tutela del Estado y que sólo habían perdido, transitoriamente, el derecho a la libertad, ese encare al que hacemos referencia debía inexorablemente ubicarse en los propios poderes del Estado.
De ahí que, en lo relativo a las responsabilidades de los autores materiales de los asesinatos, corresponde la actuación de la Justicia penal, que seguramente en la investigación del escenario en que ocurrieron los hechos identificará responsabilidades a nivel estatal, que podrán o no ser penalmente reprochables.
El otro encare, de alguna manera, pensamos que se sustanciaría en la interpelación al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que tuvo lugar el pasado lunes.
En algún lugar escuché o leí que, a la hora de establecer responsabilidad por omisión o negligencia del Estado, es un principio básico considerar si este ha actuado adecuada y eficazmente para proteger el derecho a la vida de quienes están bajo su tutela, en este caso, las seis personas recluidas en el ex Comcar, que murieron calcinadas.
Lamentablemente, en el llamado a sala al ministro del Interior, en el que se preanunció que no se pretendía la renuncia de Martinelli, no se evaluó específicamente si el Estado, en la persona del ministro, actuó de una manera diligente y adecuada para que no pasara lo que ya había pasado anteriormente en diciembre de 2023, cuando también murieron calcinados otros seis seres humanos.
Es cierto que la renuncia del ministro no soluciona los problemas del sistema carcelario, pero los gestos políticos sirven para marcar que determinadas políticas no deben sostenerse.
Ahora bien, aunque sin muchas expectativas, esperábamos que en la interpelación quedara claro cuáles eran los parámetros con que el sistema político determinaba si el Estado, en la persona del ministro, había actuado de una manera diligente, eficaz y adecuada para que eso no ocurriera.
¿O eso quedaría librado a las mayorías parlamentarias de las fuerzas políticas del gobierno? ¿Cuál debería ser la forma en la que se debía haber comportado el Estado para que estas cosas, por segunda vez, no ocurrieran? ¿Cuál es el estándar a utilizar para evaluarlo?
El hecho de que, desde el arranque de la interpelación, se anunciara que no se buscaba la renuncia de quien tiene la responsabilidad en esa tutela del Estado sobre los privados de libertad no fue una buena señal política. Eso puede interpretarse como cierta complicidad del sistema parlamentario a la hora de legislar medios materiales y humanos para atender la situación de emergencia existente en el sistema carcelario.
Resumiendo, la moción del oficialismo aprobada, más allá del avance manuscrito de las promesas a futuro, nos dejó claro, una vez más, que los parámetros con que el sistema político determina las responsabilidades del personal del Estado son indefectiblemente de solidaridad y respaldo, sustentados en las mayorías parlamentarias del gobierno de turno.
A el o la ciudadana común, cuando desatiende o tiene conductas referidas a las personas a su cargo que se catalogan –más allá de su connotación machista y patriarcal– como no propias de lo que se ha dado en denominar “un buen padre de familia”, el Estado tiene la facultad de quitarle el conjunto de derechos y deberes que tienen sobre las personas a su cargo. No parece ser eso lo que se consideró referido al ministro Martinelli.
Es cierto que la renuncia del ministro no soluciona los problemas del sistema carcelario, que necesitan acciones concretas, políticas públicas eficaces, pero los gestos políticos sirven para marcar que determinadas políticas no deben sostenerse.
Raúl Olivera Alfaro es coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.