Las ciencias sociales han llegado a considerar al deporte como metáfora de la sociedad. Hace décadas se le reconoce al deporte un rol socializador e integrador, incorporando a la reflexión aspectos tales como los análisis o investigaciones históricas sobre –y desde– los inicios del deporte moderno y su papel en la construcción social y cultural de las naciones sudamericanas a fines del siglo XIX y principios del XX.
El deporte refleja los más amplios procesos sociales de un tiempo, un lugar y una cultura, y frecuentemente contribuye a modificarlos. Asimismo, a nivel más restringido, el deporte configura un espacio relevante de socialización (por supuesto), pero también de construcción de pertenencia y de identidad colectiva, o de inclusión e incorporación urbana y social.
El fenómeno deportivo ha acumulado reflexión y volumen de desarrollo teórico que brindan miradas integrales a sus múltiples niveles de interrelación con otras políticas y le constituyen en una política pública de primer orden. Marc Augé habla del deporte como un “hecho social total”, capaz de representar a las sociedades en las que se desarrolla. Además, su capacidad intrínseca de innovación, cambio y adaptación le da una importancia superlativa para quienes planifican estratégicamente las ciudades o las políticas públicas en general.
La respuesta natural, desde el ordenamiento territorial, el diseño urbano y la arquitectura a fenómenos sociales de este calado, debe ser la construcción, mantenimiento y expansión de una red de instalaciones deportivas multinivel que acoja diversas actividades y disciplinas relacionadas con el deporte. Ejemplos paradigmáticos son los edificios con la polifuncionalidad propia de los pabellones deportivos y de la que nuestros ciudadanos gozan tradicionalmente. No en vano, sobre todo en localidades de menor porte, las instalaciones deportivas suelen ser, además del núcleo ciudadano propiamente deportivo, su centro social y cultural (el ejemplo del ex club CYSSA, en Juan Lacaze, es arquetípico de este rol).
A partir de las administraciones del Frente Amplio, con hitos marcados en los años 2008 (fecha de inicio de una escalada notoria en la adjudicación de recursos a la Secretaría Nacional del Deporte, que se mantuvo constante hasta 2019); 2010 (priorización de parte del sistema educativo público de las inversiones en instalaciones deportivas); y 2012 (aprobación de la Ley 18.833 de Promoción del Deporte, que vuelve a permitir y ordenar la participación privada en el esponsoreo y mecenazgo de proyectos en infraestructuras deportivas), la inversión pública en instalaciones deportivas tuvo un salto cuantitativo relevante, aunque insuficiente. Desde 2020, esa insuficiencia se ha acrecentado por el retraimiento que se produjo en este quinquenio, determinando, también en este aspecto, un retroceso en nuestro país.
En el deporte, así como en otras áreas de nuestra sociedad, persisten brechas de inequidad y oportunidades en el acceso a servicios públicos que garanticen el pleno goce de derechos básicos y esenciales.
Estudios realizados en 2015 por la Secretaría Nacional del Deporte (SND) para desarrollar un plan de inversiones con mirada a largo plazo nos indicaban que, pese a aquel gran salto en inversión pública para las construcciones deportivas, si se mantenía la cadencia de la inversión de aquellos años, recién en 2040 llegaríamos a alcanzar un parque mínimo aceptable para el deporte en todas las manifestaciones que son responsabilidad del sector público (deporte comunitario, de competencia y en la educación).
Nuevamente, es preocupante que desde 2020 aquella tendencia creciente en la inversión pública deportiva haya retrocedido, pues el resultado es seguir postergando la dotación de espacios de actividad física a nuestra población en general y a la más desprotegida en particular.
En el deporte, así como en otras áreas de nuestra sociedad, persisten brechas de inequidad y oportunidades en el acceso a servicios públicos que garanticen el pleno goce de derechos básicos y esenciales. El próximo gobierno deberá recomponer el paso para volver a caminar en el rumbo de minimizar esas desigualdades.
El impacto a nivel social de este tipo de instalaciones suele ser poco valorado en la medida en que no se perciben externalidades, usos diversos, atención a distintas ramas de actividad, encadenamiento de actividades económicas, desarrollo social, comunitario, de convivencia y cultural. Entre otros efectos, a modo de ejemplo, la red de diez polideportivos que la ANEP comenzó a construir en 2019 significaba, además del uso para el deporte comunitario y federado en las localidades de implantación, la atención a 77 centros educativos, comprendiendo a unos 30.000 alumnos. Este proyecto fue producto de políticas públicas generosas institucionalmente en las que la planificación, el proyecto y la gestión de las instalaciones se realizó en coordinación de los diferentes sistemas implicados (deportivo a través de la SND, educativo a través de la ANEP y comunitario por parte de los gobiernos locales), optimizando recursos, sintetizando saberes y potenciando alcances. Políticas de Estado que merecieron haber sido continuadas.
Resultado de ese empuje en inversiones, iniciativas, planes y proyectos de la gestión pública es que se logró dotar de servicios a comunidades que las necesitaban y merecían. Retomar el curso de aquellos años, para atender otras realidades y localidades, tomando en consideración que sus diferentes escalas responden a diversos niveles de impacto (territorial, social, deportivo, demográfico, histórico y/o cultural), es una obligación del Estado.
Daniel Daners fue gerente nacional de Deporte.