Como tía de una persona en situación de discapacidad y amiga de varias personas que también enfrentan estas realidades, he sido testigo de las barreras invisibles que, día a día, se interponen en sus vidas. Y como ciudadana me resulta imposible permanecer indiferente ante las arbitrariedades que este colectivo enfrenta. La mayoría de las veces, quienes están en esta situación se ven forzados a batallar en silencio, lidiando con un sistema que, lejos de apoyarlos, parece ponerles trabas a cada paso.
Esto lo escribo movida por una reflexión que me dejó la exposición de la licenciada en Psicología Mirta Correa en una entrevista en Canal 5 y otras exposiciones en diferentes medios (prensa y radio) sobre el tema del pase libre nacional para personas con discapacidad. En su intervención, Mirta habló de algo que, lamentablemente, es una verdad para muchas personas en situación de discapacidad: un sistema que las deja al margen, ignorando sus necesidades.
Ella mencionó algo que resuena profundamente en mí: la falta de accesibilidad no es sólo física, es también una barrera social, económica y emocional. Es muy fuerte que muchas veces quienes están detrás de las políticas públicas son indiferentes hacia quienes tienen más dificultades para ser escuchados. Esta falta de empatía y comprensión genera una sensación de aislamiento, una especie de exilio dentro de la propia comunidad.
Lo que más me impactó fue escucharla hablar de los tiempos que maneja el Estado. Tiempos burocráticos que son crueles para quienes viven en urgencia. Las demoras en las respuestas, los trámites interminables y la falta de soluciones inmediatas no son sólo inconvenientes; son cuestiones de muy alto impacto para muchas personas en situación de discapacidad y sus familias.
En mi experiencia personal he visto a mi familia enfrentarse a un laberinto administrativo para conseguir servicios básicos que, en teoría, deberían estar garantizados.
Además, no es sólo una cuestión de leyes, sino de su falta de implementación efectiva. Es desgarrador ver cómo, a pesar de que existen avances legislativos, en la práctica las personas continúan sufriendo las mismas privaciones de siempre. Las leyes existen, pero no se cumplen. Las promesas están, pero no se traducen en soluciones reales.
Como tía, amiga y ciudadana, no puedo sino compartir la indignación y la desesperanza que esto genera. Las personas en situación de discapacidad no deberían tener que pelear por cada paso que dan; el acceso a una vida digna debería ser algo que simplemente esté ahí, garantizado. Y, sin embargo, vivimos en una sociedad donde los derechos de este colectivo siguen siendo vistos como un favor, algo que se otorga sólo si logran superar una infinidad de obstáculos.
La ley de protección integral de personas con discapacidad
La historia de las leyes que prometen el acceso al transporte gratuito para personas con discapacidad en Uruguay se remonta a 1989, mediante la Ley 16.095, artículo 56, al final del gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, pero que nunca se reglamentó.
En 2006 se redactó y aprobó la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que fue ratificada por Uruguay en noviembre de 2008 a través de la Ley 18.418.
En febrero de 2010, al final del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, la Ley 16.095 pasó a ser la 18.651 de protección integral de personas con discapacidad, que fue aprobada pero no reglamentada.
Es desgarrador ver cómo, a pesar de que existen avances legislativos, en la práctica las personas con discapacidad continúan sufriendo las mismas privaciones de siempre.
En 2021, el gobierno uruguayo, bajo la presidencia del doctor Luis Lacalle Pou, redactó y firmó junto a todo su gabinete de ministros el Decreto 176/021, mediante el cual se comprometieron a concretar la implementación del pase libre nacional y accesible, en el transporte público colectivo y terrestre, para todas las personas en situación de discapacidad. Este decreto señala que las empresas de transporte deben proporcionar traslado gratuito a las personas con discapacidad, garantizando un asiento o lugar reservado.
Burocracia y dilación
A pesar de estos avances legislativos, a la fecha, la implementación efectiva no ha sido concretada.
Mirta Correa es integrante de la Coordinadora Pase Libre Nacional, colectivo de personas con diferentes discapacidades, autoconvocadas, quienes trabajan desde febrero de 2022 realizando diferentes movilizaciones y acercamientos a la presidencia, diferentes ministerios y comisiones parlamentarias, en reclamo de un derecho íntegramente legislado y aún no concretado. Ha expresado que la burocracia y la ineficiencia han impedido que las personas con discapacidad obtengan el pase libre a nivel nacional. Muchas personas aún no saben cómo gestionar el carné de discapacidad, tampoco existe oficina donde tramitarlo. Sólo existe el pase a nivel departamental o dentro de una ciudad, pero siempre y cuando la empresa de transporte sea urbana y no dependa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque es este el que regula el transporte interdepartamental.
Según la ley, para acceder al pase libre nacional primero hay que solicitar la certificación expedida por el Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas del Ministerio de Salud Pública, debiendo presentarla luego ante las empresas de transporte. El lugar para certificar la discapacidad es el Hospital de Clínicas, pero sólo están certificando la discapacidad para realizar el trámite de compra de vehículo.
Como habrán notado, una persona que está en situación de discapacidad debe hacer que cada área ejecutora del Estado la certifique como tal para cada trámite que va a hacer. No es suficiente que ya el Estado te haya certificado como tal para que cobres la pensión por discapacidad o para otros trámites. Además, que te certifiquen significa que se debe reunir una mesa de profesionales para que te evalúen una y otra vez, tantas veces como trámites debas hacer en donde tengas que demostrar tu discapacidad. No sé a ustedes, pero esto me suena más a trabas para desestimular la gestión de la solicitud, que a la constatación de la situación particular de cada persona. Además, es un mal uso de los recursos profesionales para “recertificar” que, por ejemplo, un cuadripléjico es cuadripléjico o que una persona que no tiene manos y pies sigue sin tener manos y pies.
El decreto señala que “a los efectos de la certificación de discapacidad, el equipo técnico deberá aplicar la Clasificación Internacional recomendada y aprobada por la Organización Mundial de la Salud” y que el carné que habilita a viajar gratuitamente “será expedido por las empresas de transporte, siendo válido para que el beneficiario pueda trasladarse en toda empresa que opere dentro del sistema nacional de transporte de pasajeros por carretera”.
Mirta Correa lamentó, sin embargo, que ningún aspecto de esta reglamentación se haya puesto en práctica; los interesados no han podido acceder al pase libre, a pesar del tiempo transcurrido. “Es un problema de falta de eficiencia, me parece”, señaló. Por eso los discapacitados beneficiados por la norma ni siquiera han podido saber dónde deben presentarse para obtener el pase. “No tuvimos respuesta de nadie”, señaló.
¿Cuáles son las principales razones por las que el gobierno aún no ha implementado plenamente el pase libre nacional? ¿Cómo se podría fortalecer las alianzas entre las organizaciones de personas en situación de discapacidad y otros actores sociales para lograr cambios más rápidos y efectivos?
Este artículo es un llamado de atención, una invitación no sólo a que escuchemos, sino a que actuemos. La exposición de Mirta fue un recordatorio de que no basta con tener buenas intenciones; es necesario crear un cambio real, tangible. Las personas en situación de discapacidad no pueden seguir en stand by eternamente. Y como tía, amiga y ciudadana, yo tampoco puedo seguir callando.