Sobre el cierre de la columna pasada se mencionó la importancia de reafirmar experiencias y procesos que contribuyen a preservar la buena salud democrática en Uruguay. Se planteó en tal sentido una visión crítica respecto al funcionamiento actual del instituto de la representación. Ello no implica desconocerlo, pero sí exigirle “más y mejor”, abriendo la posibilidad de complementarlo con un enfoque de democracia participativa. Precisamente en Posturas del pasado 24 de enero, el Dr. Gabriel Chouhy realiza una buena revisión de algunos de los problemas de la democracia representativa y ejemplifica en forma bastante contundente la mala utilización de la soberanía popular que realizaron representantes en el caso de la Junta Departamental de Maldonado (al momento de discutir la cesión de franja costera a un emprendimiento privado). En la opinión del artículo, se puede votar a favor y en contra, o argumentar por sí o por no a la iniciativa, pero sin una deliberación con argumentos de calidad la esencia de la discusión es casi anecdótica. El que levanta más manos gana y ni siquiera importa demasiado lo que se esgrimió en el intercambio argumentativo. En definitiva, un ejemplo más de un debate chato y lejano a la ciudadanía, aun en un tema de enorme sensibilidad social y ambiental como el que se pretendía discutir y decidir en el legislativo departamental fernandino.
En ese contexto menguado, también aparecen algunos oasis que vinculan, desde otras perspectivas, a las personas con las políticas públicas y con los procesos de toma de decisiones. Existen mecanismos y dispositivos que promueven la democracia participativa, y eso es una buena noticia ante el magro panorama en el que representados y representantes suelen aparecer tan alejados de temas muy importantes.
A los efectos del presente artículo, lo primero a resaltar es lo que tienen en común (más allá de sus particularidades) los presupuestos participativos promovidos por el gobierno subnacional de Montevideo y la gestión de cercanía implementada en el departamento de Canelones. Allí se han conjugado en forma sostenida procesos, ámbitos, recursos y mecanismos que acercan brechas e incentivan la incidencia y el control ciudadano en acciones gubernamentales concretas.
La configuración gubernamental que ambos gobiernos departamentales han promovido (con sus especificidades) se sustenta en impulsar procesos políticos que trascienden ampliamente la visión de una ciudadanía que solamente define algo cuando emite su voto cada determinado lapso. Es una perspectiva que habilita otros canales de diálogo y retroalimentación, que genera puentes que dan voz y decisión a las personas que habitan y transitan cotidianamente los territorios.
Autores de la talla de Pierre Rosanvallon (2008) han analizado fuertemente el proceso de transformación de las democracias, planteando la necesidad de atender su legitimidad política. Para el autor, elegir un gobernante o representante tiene dos componentes fundamentales que deben atenderse: por una parte, la selección de las mejores opciones, y por otra, atender un principio de proximidad o de identidad. Esa reconfiguración del lazo representativo trae como elemento adicional o complementario una atención de la particularidad y la especificidad que afecta una situación política.
Es precisamente en el acumulado de la anterior perspectiva democrática donde adquieren especial relevancia los dispositivos participativos que involucran instancias periódicas o sistemáticas de diálogo, consulta, escucha y toma de decisión por parte de la ciudadanía. El territorio y la percepción de las personas que lo habitan es, en el enfoque planteado, una parte central que no sólo legitima, sino que fortalece y otorga transparencia a las políticas.
Montevideo y Canelones, cada uno con acentos y especificidades, han sido gestiones subnacionales que han impulsado dispositivos, ámbitos y prácticas participativas que acercan a los representados con sus representantes de modo tangible. La última edición de los presupuestos participativos montevideanos registró un récord de personas promoviendo y eligiendo iniciativas territoriales. Durante el cierre de las elecciones del Presupuesto Participativo (PP) 2023, se registraron 56.443 votos presenciales de vecinos y vecinas, lo que marca un incremento del 18% de la participación registrada en la edición anterior, de 2021. La modalidad de plataforma web fue la que se incrementó en mayor medida, e indudablemente acerca y facilita el mecanismo decisional.
Montevideo y Canelones, cada uno con acentos y especificidades, han sido gestiones subnacionales que han impulsado dispositivos, ámbitos y prácticas participativas que acercan a los representados con sus representantes.
El Ciclo 2023 del PP montevideano priorizó 55 propuestas elegidas por la ciudadanía, destinando recursos importantes en todos los municipios de la capital. Las 55 iniciativas que resultaron electas en Montevideo se materializarán en el transcurso de los años 2024 y 2025. Además, cabe subrayar que se pusieron a consideración casi 400 iniciativas en toda la ciudad. Si se consideran en conjunto las dos modalidades de elección del PP montevideano se registró una participación total de casi 72.000 personas (21% más que el total registrado en 2021).
Además del análisis de esos datos del PP, cabe destacar que también se registró un aumento de sufragios en la elección de los Consejos Participativos en Montevideo. Cuando se habilitan los ámbitos, las personas tienden a proponer y se interesan por incidir en la construcción de ciudad.
Es clave en estos elementos la visión del proceso. Al igual que lo que ha sucedido en Canelones desde 2005, Montevideo ha impulsado y sostenido el PP desde 1990 como una herramienta relevante de su proceso de descentralización y participación. Aun lejos de conformarse mirando esos números que se traducen en porcentajes de más personas eligiendo o proponiendo iniciativas, las cifras hablan de transformaciones sustantivas. Y lo son porque indican que en múltiples barrios de cada uno de los municipios montevideanos se avanzará en forma tangible en: salones de uso múltiple para promover la cultura o la integración intergeneracional, mejoras de numerosos espacios públicos para afianzar la convivencia, luminarias, caminería, ámbitos de acceso al deporte, equipamiento, polideportivos, canchas de baby fútbol con accesibilidad y vallado, espacios verdes mejorados, juegos infantiles, insumos culturales, mobiliario para salas de inclusión, espacios disfrutables, iluminación y cartelería, juegos saludables, mantenimiento de mesas y bancos en plazas, canchas multifunción, carpas culturales, sendas aeróbicas, piscinas, pistas de skate, patín, parkur y muchos otros etcéteras. Todo eso es la ciudad y, lo que es mucho mejor, todo eso son personas proponiendo y construyendo derecho la ciudad.
En el caso de Canelones, en sucesivas reflexiones desde este espacio me he permitido insistir en relación a la relevancia y el potencial del enfoque de cercanía de su gobierno subnacional. Ese que impulsa, desde lo departamental, el funcionamiento de los municipios como oportunidad de profundización democrática y empuje al desarrollo territorial. En un contexto nacional de descentralización política muy tímida, casi estática, el gobierno canario sigue apostando deliberadamente por seguir ampliando capacidades territoriales e institucionales con la creación de nuevos municipios (a partir de 2025 votarán autoridades locales Andaluz y Juanicó).
Canelones es un departamento que, con decisión política, normativa regulatoria departamental específica y, principalmente, con la configuración de un marco institucional orientado y sustentado en instrumentos y ámbitos de gestión multinivel, camina generando acumulados y aprendizajes relevantes en materia de descentralización política y participación ciudadana.
La mencionada estrategia departamental ha generado un proceso incremental que respondió a una causalidad intencionada y no a meras coincidencias. La institucionalidad subnacional de Canelones y su perspectiva afianzada en una gestión de cercanía es una configuración que habilita oportunidades de profundización de un desarrollo territorial participativo en el departamento. El último Relevamiento de Participación Ciudadana promovido por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento en 2017-2018 (y actualmente en proceso de actualización) ya presentaba a Canelones como el departamento con más ámbitos de participación a nivel de la gestión local y departamental. Sólo en el transcurso de 2023, los 30 gobiernos locales canarios generaron más de 50 instancias participativas de cabildo territorial y audiencias públicas. Dichos espacios, además de estar planteados desde la normativa, son clave para el diálogo, la participación y el control de la gestión gubernamental.
La cercanía en la gestión y la participación comunitaria, traducida en ámbitos y dispositivos, son elementos importantes, o más bien decisivos, para articular las políticas públicas en un marco de robustecimiento democrático. La democracia participativa es también un pilar relevante a atender, en un contexto donde la representación política suele dejar bastante minimizado el papel de la ciudadanía en el funcionamiento cotidiano. Ahora bien, la participación ciudadana o comunitaria no se dice, se hace. Por ello, aunque a veces tengan poca prensa, sean bienvenidos los procesos y los ámbitos gubernamentales que permitan fortalecer un enfoque que contribuye al ensanchamiento democrático.
Martín Pardo es politólogo, magíster en desarrollo local y regional. Integra el equipo de dirección de Fundación La Plaza.