Las siguientes reflexiones las hacemos algunos días después de que la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, propusiera realizar una agenda de las propuestas de leyes que debía discutir el Parlamento antes de terminar esta administración.
Desde mi condición de simple ciudadano, propongo a los distintos partidos políticos de elaborar una ley que regule las leyes de urgente consideración (LUC). Una ley que conforme un gran acuerdo nacional de aquellos partidos que tienen representación en el Parlamento. Ello para que las LUC vuelvan a tener su sentido original, el de ser justamente “leyes de urgente consideración” y no un auténtico programa de gobierno abreviado, a votar de una sola vez, que es lo que pasó con la última LUC.
La democracia se define por la soberanía del pueblo y por lo tanto las leyes son las expresiones de su voluntad general. No pueden ser la expresión de un solo partido, que las realiza a partir de su programa; ni siquiera pueden ser la expresión de una coalición de partidos o de un frente amplio, porque ninguna de ellas representa al pueblo en su totalidad.
El Parlamento, que funciona durante toda una administración, genera leyes a partir de amplias negociaciones entre sus integrantes, y escuchando a los representantes de la sociedad civil, la academia, etcétera, que quieran volcar sus opiniones al respecto en las comisiones parlamentarias. Todo ello, para alcanzar acuerdos, o si no se alcanzan, que al menos estas leyes sean votadas por las mayorías parlamentarias, pero luego de haber, al menos, oído a todos aquellos que tienen argumentos y opiniones fundadas contrarias a la ley que se vota.
En el caso de las LUC, lo que está en juego es no solamente el contenido de la ley, con la que se puede discrepar, sino también la consideración de su urgente promulgación, con lo que también se puede discrepar. Es por ello que las LUC deben tratar temas que tienen este carácter urgente, pero a su vez, justamente, para poder ser discutidas en un plazo razonablemente reducido. Por ello tienen que tener un carácter bien concreto. Y por la misma razón, las LUC no pueden ser programas de gobierno donde se discuta simultáneamente una cantidad muy amplia y dispersa de temas a legislar, incluso modificando una legislación vigente.
Recordemos además que, en el caso de la última LUC, solamente nos enteramos de su contenido después de las elecciones; y muchos de sus artículos no habían sido temáticas de la campaña de los partidos que formaron parte de la coalición que finalmente ganó la segunda vuelta.
Tanto porque ello desvirtúa la necesidad de oír y de sopesar las opiniones contrarias, pero también porque desvirtúa la soberanía del pueblo y su interés general, creemos que es necesario justamente llegar a un acuerdo. Ello a través de una ley que reglamente cuál debe ser el sentido y las características de las LUC, y a su vez lograr un pacto entre todos los partidos, que se comprometan a que quien gane las elecciones lo respetará.
Creemos que es necesario justamente llegar a un acuerdo. Ello a través de una ley que reglamente cuál debe ser el sentido y las características de las leyes de urgente consideración.
La oportunidad de discutirlo en lo que queda del período parlamentario es porque hoy, más allá de las encuestas prospectivas que se realicen, no hay certezas de cuál será el resultado de las elecciones. Nadie sabe cuál será por lo tanto el contenido que podría abarcar la próxima LUC.
Finalmente, ya no como simple ciudadano sino como sociólogo, opino que la LUC que votó esta coalición de gobierno generó, a través de la juntada de las firmas para alcanzar el referéndum, el fin de la imagen de un Frente Amplio derrotado y en caída libre de su prestigio popular.
No olvidemos que, además, estas firmas se obtuvieron durante la pandemia, lo que le dio un carácter casi heroico a la campaña. Considero que, de allí en más, el FA fue escalando en sus apoyos, transformándolo en un potencial ganador de las próximas elecciones.
A su vez, es evidente que la última LUC inspiró a la “Ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos”, que la prensa ha rebautizado “ley ómnibus” y que está teniendo tantas dificultades para ser promulgada en la Argentina de Milei, situación que quizás sea el principio de un caos político, social y económico, con un desenlace incierto.
Las LUC, o como se las quiera designar, darían la impresión de que no son herramientas políticas confiables para los gobiernos que las quieren imponer, particularmente en aquellos países que tienen sociedades, cada una a su manera, de importantes niveles de cultura democrática.
Marcos Supervielle es profesor emérito de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales.