La población en general, según todas las encuestas, señala que los principales problemas del país son fundamentalmente dos: la falta de seguridad pública y la situación económica, englobando en esta última los ingresos y el trabajo.
Más allá de los niveles salariales y de pasividades, así como las cifras de actividad económica y desempleo que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE), es estructural la existencia de decenas de miles de ciudadanos que por diversas vulnerabilidades no logran acceder a un empleo y mantenerlo pues las exigencias no se ajustan a sus posibilidades.
Sea liberal o neoliberal, el capitalismo tiene una lógica perversa en su esencia, la de maximizar ganancias y concentrar riqueza a costa del asalariado e históricamente ha incurrido a la sistemática externalización de costos, transfiriendo eventuales gastos al ambiente. Consecuencia de este sistema son las disputas y abuso de poder en los más diversos ámbitos, alto desempleo estructural en jóvenes fundamentalmente mujeres, pobreza infantil, indigencia, discriminación por innumerables motivos, desigualdad de oportunidades, frustración de consumo al no poder acceder a lo que el mercado oferta en materia de bienes y servicios. Todos estos elementos hacen extremadamente difícil no sólo la llamada “movilidad social”, sino también contar con una sociedad integrada.
El capitalismo tiene una regla de oro, dijo en Polémica en el bar el murguista apodado Tinta Brava, Raúl Flaco Castro: el que pone el oro pone la regla. Por las razones mencionadas el Estado debe actuar en el mercado no sólo regulando, sino también generando oportunidades de trabajo productivo, compitiendo, apalancando iniciativas exitosas que no logran desarrollarse por sí solas, etcétera.
¿Cuál es la oferta laboral para los que no tienen nada y además cargan con alguna vulnerabilidad a menudo desde temprana edad o al nacer?
Uruguay es un país socialmente fragmentado. Si nos detenemos a analizar globalmente la infancia y la adolescencia junto a otros indicadores más sociales que económicos, llegaremos rápidamente a la conclusión de que tenemos por delante un futuro muy oscuro. Porque no todo es macroeconomía.
¿Qué podría hacerse entonces desde el Estado para mejorar la situación de aquellas personas que no tienen todas esas capacidades que se demandan y tampoco cuentan con capital ni posibilidad alguna de solicitar un préstamo? ¿Qué hacemos con las personas en situación de pobreza y con aquellos que sin serlo igual sus ingresos son escasos y su capacidad de trabajo es limitada? ¿Qué hacer con la población privada de libertad (más de 15.000 personas actualmente), no sólo mientras están recluidos, sino también cuando dejen de estarlo (más de 25 por día son liberados, casi unos 10.000 cada año) para que no sean inexorablemente reincidentes? ¿Qué hacer en general con los “nadies”, esos sobre los que el escritor Eduardo Galeano dijo: “Valen menos que la bala que los mata”?
¿Cuál es la oferta laboral para los que no tienen nada y además cargan con alguna vulnerabilidad a menudo desde temprana edad o al nacer?
Dejar esta población en manos del mercado es condenarlos. Es necesario contar con políticas públicas específicas de empleo que garanticen el derecho al trabajo de las personas vulneradas y vulnerables, superando el asistencialismo que, vale dejarlo claro, siempre deberá estar presente. Es necesario que el Estado juegue un rol protector de las personas vulneradas y vulnerables, actuando en el mercado de bienes y servicios.
Para llevar adelante estas políticas, el Estado podrá recurrir a distintas figuras jurídicas existentes y deberá diseñar proyectos en los que las condiciones de trabajo contemplen flexibilidad respecto a variables laborales, tales como carga y rigidez horaria, presentismo y ausencias temporales.
Las experiencias de empleos zafrales que se han implementado durante décadas, primero en la Intendencia de Montevideo y luego desde los gobiernos nacionales, han demostrado la alta demanda y adhesión de la población, inscribiéndose cientos de miles de personas. Las experiencias entre 6 y 12 meses logran una vinculación sólida de las personas, habilitando además una intervención de programas sociales, sanitarios y educativos durante el tiempo transcurrido. Pero estos procesos limitados en el tiempo, lejos de generar procesos de inserción en el ámbito laboral, terminan siendo un paréntesis en la vida, sin lograr superar las situaciones de partida.
Por otro lado, las intervenciones de las cuotas (discapacidad, población afro y trans) para el ingreso al Estado han sido un instrumento que logra mayor éxito en tanto le da a las personas que acceden al empleo un soporte para realizar procesos vitales de estabilización, pudiendo tomar decisiones de vida que le dan seguridad y autonomía.
Cabe destacar que para llevar adelante esta política el gobierno no partiría de cero, ya que por un lado el Estado cuenta con infraestructura ociosa, bienes materiales y recursos humanos para implementar sus proyectos, a la vez que tiene todo el poder y los recursos para potenciar mediante algún tipo de acuerdo puntual o permanente distintos emprendimientos privados exitosos que no han tenido por alguna razón capacidad de desarrollarse a mayor escala.
Algunos de estos empleos pueden parecer modestos y precarios, pero resultan fundamentales como complemento de actividad social para personas con alguna discapacidad, vulnerabilidad psicosocial o en tratamiento por adicciones.
Para finalizar, reseñemos sucintamente algunas actividades económicas productivas y de servicios generadoras de empleo: reparación de veredas; fabricación de bloques, baldosas, ticholos y ladrillos; recuperación de materiales de construcción de obras civiles; apalancamiento de viveros existentes; cuadrillas de poda, jardinería y chipeado; unidades de compostaje, plantaciones de árboles nativos y no nativos; ferias permanentes y no permanentes de venta de bienes usados de todo tipo; y aprovechamiento para alimentación humana y animal de frutas y verduras de diversos orígenes que hoy van a la basura.
Todas estas actividades están presentes en cada barrio y localidad del país, es posible organizar e implementarlas con los recursos con los que cuenta el Estado actualmente a través de sus tres niveles de gobierno. Es posible avanzar a un país que elimine el desempleo y que cada persona que tenga voluntad de trabajar, tenga la oportunidad de hacerlo.
Jorge Solari es edil departamental de Frente en Movimiento, El Abrazo, Frente Amplio.