El pasado viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado uruguayo a una audiencia pública para tratar un problema cuya existencia nadie niega: en Uruguay, quienes adquieren la ciudadanía legal siguen siendo extranjeros.
Algo que parece un tecnicismo tiene en la práctica un impacto concreto en la vida de estas personas. Así lo demostraron los representantes de la sociedad civil en la audiencia, miembros de la organización Somos Todos Uruguayos. El hecho de que ciudadanas y ciudadanos legales no sean considerados nacionales tiene un impacto en al menos tres niveles. Por un lado, sus pasaportes uruguayos indican la nacionalidad del país de origen y no la uruguaya. Esta incongruencia no les permite ingresar a varios países. Arvand, ciudadano legal nacido en Irán, relató a la CIDH las peripecias de su frustrado intento de ingresar a Paraguay.
Pero no se trata solamente de un problema de quienes tienen el privilegio de viajar fuera del país. La vida cotidiana de estas personas se ve afectada al no poder, por ejemplo, acceder a ciertos beneficios sociales o a garantías de alquiler. Los hijos e hijas en edad escolar de ciudadanos legales nacidos en el exterior también sufren las consecuencias de esta diferenciación. No se les permite realizar la jura de la bandera, se les quita el honor de ser abanderados o de representar en competencias internacionales al único país que conocen y al cual pertenecen. Quienes compartieron su testimonio en la audiencia manifestaron sentirse segregados, tratados como ciudadanos de segundo nivel. Lo irónico es que eligieron Uruguay como su hogar por considerarlo un país abierto a los extranjeros, respetuoso de los derechos humanos.
La distinción entre ciudadanía legal y nacionalidad tiene un tercer efecto muy grave: el riesgo de apatridia. Esto es, que la persona no sea considerada nacional de ningún país. Esta es la situación de Gulnor, quien nació en Tayikistán y se mudó a Uruguay en el año 2000, luego de casarse con un uruguayo. Ha vivido toda su vida adulta en Uruguay, país donde nacieron sus tres hijos, donde trabaja y paga impuestos. Para adquirir la ciudadanía legal uruguaya debió renunciar a su nacionalidad de origen, por lo que hoy Gulnor es apátrida. Confieso que sentí la culpa del privilegio al escuchar su testimonio. Soy madre de dos hijas que tienen cuatro nacionalidades. Quién dijo que el mundo era justo.
Del otro lado de la mesa en la audiencia ante la CIDH, que transcurrió sin confrontaciones en un tono de diálogo, se encontraba la delegación del Estado uruguayo encabezada por el embajador ante la Organización de Estados Americanos, Washington Abdala.
La CIDH convocó al Estado uruguayo a una audiencia pública para tratar un problema cuya existencia nadie niega: en Uruguay, quienes adquieren la ciudadanía legal, siguen siendo extranjeros.
La pregunta del millón es, si el propio Estado reconoce que hay un problema que requiere solución, si hay dos proyectos de ley presentados por ambos sectores del espectro político que buscan una salida a esta situación, ¿por qué aún no se ha llegado a una solución?
La delegación uruguaya se refirió a una interpretación exegética y anacrónica que aún impera en la doctrina constitucional uruguaya. Una interpretación de mediados del siglo XX que rechaza cualquier posibilidad de que inmigrantes adquieran la nacionalidad uruguaya. Esta interpretación es contraria al derecho internacional de los derechos humanos y a los compromisos internacionales asumidos por Uruguay. La comisionada Andrea Pochak, relatora para Uruguay y relatora para Movilidad Humana de la CIDH, fue enfática al señalar la obligación del Estado uruguayo de “garantizar la nacionalidad por opción o naturalización a las personas extranjeras, incluyendo personas apátridas que hayan residido habitualmente en el país por un período mínimo fijado por ley interna y que cumplan los requisitos establecidos en la normativa”. Es, por lo tanto, fundamental que Uruguay armonice las interpretaciones del derecho interno con las obligaciones en materia de derechos humanos, colocando en el centro el principio de igualdad y no discriminación y el derecho fundamental a la nacionalidad. Como lo destacó el comisionado José Luis Caballero, Uruguay se encuentra ante la disyuntiva de abrazar la diversidad o de excluirla.
La audiencia finalizó con el compromiso del Estado uruguayo de buscar una solución a este problema que afecta a varios habitantes del país. El embajador Abdala señaló que se trata de un problema que no ha podido ser resuelto de la forma más diligente, destacando que Uruguay es un país “sumamente puntilloso en torno a los temas jurídicos”. Esperemos que tanta minuciosidad no sea un impedimento para que Uruguay cumpla con sus obligaciones internacionales. Mientras tanto, Arvand, Gulnor y muchos otros ciudadanos y ciudadanas legales seguirán entrando a Carrasco por la fila de extranjeros.
Analía Banfi Vique es abogada especializada en el sistema interamericano de derechos humanos y profesora de derecho de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos.