El lunes de la semana próxima se realizará una nueva Marcha del Silencio, la última de un período de gobierno en el que las actitudes oficialistas hacia la cuestión de las desapariciones forzadas han sido, en los mejores casos, inútiles.
El único hallazgo de restos, que lamentablemente no han sido identificados aún, se produjo en el predio del Batallón 14 de Infantería Paracaidista hace casi un año, y fue apenas el sexto desde que comenzaron los trabajos de búsqueda en 2005. La continuidad meticulosa y paciente de esos trabajos, hoy bajo responsabilidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos, se debe a decisiones de gobiernos anteriores.
La fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad también ha mantenido una actividad tenaz y rigurosa, pese a las enormes dificultades de investigar décadas después y contra persistentes encubrimientos. Se ha logrado una considerable cantidad de condenas o procesamientos en curso por delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado, pese a que la Suprema Corte de Justicia sigue aferrada a una postura que impide juzgar los delitos de lesa humanidad como tales, a contramano de la doctrina internacional contemporánea e incluso de lo establecido en fallos contra el Estado uruguayo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Del Poder Ejecutivo y la mayoría oficialista en el Legislativo no ha salido una sola iniciativa para contribuir a la búsqueda de verdad sobre las desapariciones. Hubo y hay, en cambio, esfuerzos que apuntan claramente en la dirección contraria.
Se han presentado como grandes revelaciones algunos documentos ya conocidos que nada aportan. Se insiste en un relato taimado sobre la necesidad de saber “toda la verdad”, que sólo apunta a divulgar documentos dictatoriales sobre espionaje e interrogatorios ilegales, con afirmaciones inverificables. Se hostiga y se difama a la fiscalía y a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la denuncia y la memoria.
La primera marcha se llevó a cabo en 1996, en el vigésimo aniversario de los asesinatos en Buenos Aires de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini y William Whitelaw, y de la desaparición en la misma ciudad de Manuel Liberoff. No falta mucho para que se cumpla medio siglo de aquellos crímenes y de otro silencio: el de quienes saben qué pasó con las personas desaparecidas y quiénes fueron responsables de muchos delitos de lesa humanidad todavía impunes.
Contra ese silencio, el presidente de la República y los ministros de Defensa Nacional no han hecho nada que se les pueda agradecer. Si alguna vez preguntaron, lo hicieron en secreto, sin apelar al respaldo del sistema partidario o de la ciudadanía, y el resultado es nulo. Dejaron pasar los años casi sin hablar del asunto, como quienes esperan que algún día desaparezcan también las demandas de verdad. Pero eso no sucedió ni va a suceder.
Las víctimas de desaparición forzada siguen presentes en el recuerdo y el reclamo. Sus madres no se quedaron solas ni en los momentos más difíciles, y cada 20 de mayo las abriga una multitud de familiares en marcha.