La derrota de Flávio Bolsonaro no desarma al bolsonarismo, ni mucho menos a sus aliados latinoamericanos. La victoria de Lula frena el regreso de la derecha autoritaria, pero no corta de raíz las condiciones que alimentan su avance. Con este escenario, el progresismo dispone de una oportunidad que deberá justificar con transformaciones concretas, porque una democracia que no consigue mejorar la vida de las mayorías se vuelve vulnerable a quienes prometen orden a cambio de derechos.
Conviene tomarse en serio a quienes votaron a Bolsonaro. La inseguridad, el cansancio con los gobiernos y la dificultad para llegar a fin de mes existen, y ningún movimiento popular puede tratar esas preocupaciones como una inferioridad moral del electorado. Reconocerlas exige discutir las respuestas que se ofrecen: un reclamo de orden puede ser legítimo sin que signifique entregar un cheque en blanco sobre las instituciones.
La derecha latinoamericana ha demostrado profunda eficacia en conseguir que la irritación de los de abajo termine fortaleciendo el poder de los de arriba. El trabajador exhausto acaba viendo al sindicato como su principal enemigo, y el pequeño comerciante, al servicio público como un gasto intolerable. El malestar que producen la desigualdad y la precariedad puede convertirse así en apoyo a políticas que las profundizan.
El progresismo necesita ofrecer un futuro reconocible. Una persona que trabaja y sigue siendo pobre merece saber cómo va a mejorar su vida; quien espera meses por una consulta médica necesita una respuesta que llegue a tiempo; quien bajó las persianas de su comercio necesita un incentivo para volver a subirlas, y quienes ven el aeropuerto de Carrasco como una salida, que primero puedan encontrar un Uruguay de oportunidades. La legitimidad de un proyecto transformador depende también de su capacidad de cambiar esa experiencia cotidiana.
Por eso la defensa de la cosa pública exige una inconformidad especial con su mal funcionamiento. Un servicio que fracasa deteriora la confianza en la solución colectiva que representa, mientras la corrupción pone recursos comunes al servicio de intereses particulares. El Estado debe mostrar, en la atención que brinda y en el uso de sus recursos, por qué vale la pena fortalecerlo.
La disputa por la libertad también requiere mayor claridad. Poder estudiar, atender una enfermedad o rechazar un empleo abusivo amplía la autonomía de las personas. La escuela pública, la legislación social, el reconocimiento de las minorías y la laicidad forman parte de esa emancipación, permitiendo que las decisiones sobre la propia vida dependan cada vez menos de la fortuna familiar o del poder de compra. La igualdad proporciona condiciones para ejercer la libertad.
La victoria de Lula merece celebrarse por lo que impide y por las posibilidades que abre. Su alcance dependerá de la capacidad de convertir ese respaldo en una transformación que reduzca desigualdades y fortalezca la democracia.
La elección brasileña tiene, además, una dimensión internacional sumamente interpelante para Uruguay. En julio de 2025, Donald Trump dispuso un arancel adicional del 40% sobre determinados productos brasileños y justificó la medida, entre otros motivos, con su defensa de Jair Bolsonaro frente a la Justicia de Brasil. La presión comercial se convirtió en un instrumento de intervención política, revelando una pretensión de tutela que América Latina tiene razones históricas para rechazar.
La continuidad de Lula ofrece una oportunidad para profundizar la cooperación regional. Para Uruguay, contar con una región capaz de desarrollar capacidades productivas y negociar con mayor fuerza amplía su margen de decisión en un escenario que nos tiene siempre relegados. La afinidad entre gobiernos debe aprovecharse para construir acuerdos que puedan sobrevivirlos y que tengan una expresión concreta en el desarrollo de sus pueblos.
Galeano describió en Las venas abiertas de América Latina una división internacional del trabajo en la que “unos países se especializan en ganar y otros en perder”. La pregunta sigue abierta: cuánto de la riqueza producida en la región se transforma en capacidades propias y cuánto reproduce dependencias que limitan su desarrollo. La soberanía necesita una base de justicia social, con inversión en conocimiento, salarios que acompañen el crecimiento y sistemas tributarios que exijan más a quienes más tienen.
Esa aspiración exige coherencia democrática. La defensa de los derechos humanos compromete al progresismo frente a cualquier gobierno, también cuando incomoda a sus aliados. Una causa emancipadora pierde autoridad si encuentra justificaciones para la persecución política o la concentración de poder. La soberanía incluye el derecho de cada pueblo a elegir, disentir y cambiar de gobierno.
José Martí advirtió que “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”: para el progresismo uruguayo, esa disputa exige argumentos que alcancen también a quienes se sienten defraudados por la política y reformas capaces de producir mejoras visibles. Una mayoría electoral se vuelve más sólida cuando las personas pueden reconocer en su vida cotidiana las razones para seguir confiando.
La victoria de Lula merece celebrarse por lo que impide y por las posibilidades que abre. Su alcance dependerá de la capacidad de convertir ese respaldo en una transformación que reduzca desigualdades y fortalezca la democracia. Después del alivio, empieza la responsabilidad de darle a la esperanza algo más firme que un resultado electoral.
Elián Barboza es estudiante de Derecho en la Universidad de la República y miembro de la Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado.