La violencia política instalada y desarrollada durante las décadas del 60 y 70 en los países del Cono Sur de América Latina extiende sus efectos hasta la actualidad, construyendo subjetividades en nuestros modos de pensar, hacer y sentir, determinando una profunda transformación de la historia política en el continente. Hoy, en pleno siglo XXI, el autoritarismo parece comenzar a germinar nuevamente con la aparición de sectores políticos liderados por figuras defensoras de aquellas épocas, en donde se comienza a reconfigurar el manejo discrecional del aparato del Estado con la anulación de derechos y libertades para los ciudadanos.
Los hechos históricos ocurridos en el pasado reciente en Uruguay generaron grietas y desarticularon los lazos sociales sustanciales para la vida colectiva. La alteración de la dinámica política, social e institucional, fue mediante la utilización de prácticas abusivas, represivas y persecutorias bajo el velo de una práctica institucional del adoctrinamiento. Cuando estas prácticas se instalan y se usan como instrumento desde el Estado, es él mismo quien debería asegurar las garantías constitucionales y reparar tales daños.
Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienzan a institucionalizarse los mecanismos y herramientas de la Doctrina de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Estos instrumentos proponen, entre otras cosas, estrategias reorganizadoras de la vida en democracia, y sugieren la creación de comisiones de investigación, denominadas “de verdad”, “paz” o “reconciliación”, la adopción de políticas de memoria y la instauración de medidas de reparación para las víctimas. Actualmente, a este conjunto de mecanismos se le denomina Justicia Transicional. Sin embargo, los daños que originaron marcas en el entramado social aún continúan, expresándose con la desconfianza, el miedo, la violencia, el descreimiento, el aislamiento, la intolerancia, la resignación, la “anestesia” afectiva, vivencias asociadas a la inseguridad, con la problemática de imposibilidad de desarrollar proyectos de vida a largo plazo. Álvaro Rico nos advierte que el autoritarismo deja efectos, secuelas, herencias, traumatismos y cuentas pendientes, que la institucionalidad democrática no sólo no resuelve plenamente sino que, por el contrario, silencia o enmascara de muchas maneras.
Según el filósofo francés Paul Ricoeur, la importancia de dar lugar a los testimonios y narrativas es sustancial para el proceso de memoria colectiva; sin embargo, estos procesos implican la evocación de huellas que se forman en el aparato psíquico y conviven en la dinámica cotidiana de las personas. Pero ellas por sí solas no constituyen memoria. Para la construcción de la memoria deben ubicarse en la encrucijada de la “dialéctica temporal”. Es decir, el testimonio nos acerca a un pasado cercano, problemático, abierto, controversial y doloroso. Un tiempo atravesado por la violencia, la desaparición, la muerte, el exilio y la censura, el miedo, la indiferencia y la naturalización de acontecimientos crueles e indignos en la vida colectiva. Un pasado que es vivido y narrado de diversas maneras, constituyendo memorias que, con palabras y silencios, “luchan” por establecer su versión en un pasado definido por una negación: nunca más.
La violencia política instalada y desarrollada durante las décadas del 60 y 70 en los países del Cono Sur de América Latina extiende sus efectos hasta la actualidad, construyendo subjetividades.
Algunos otros datos relevantes surgen de una investigación que realicé en el marco de la tesis de la Maestría en Psicología Social, cuyo objetivo fue describir y caracterizar las acciones en los procesos de reparación de Abuelas de Plaza de Mayo, y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en Argentina y Uruguay respectivamente, en el periodo del 2005 al 2015, frente a los efectos de la violencia política y los terrorismos de Estado. Uno de los hallazgos fue el relevamiento de un mapeo de acciones llevadas adelante desde los colectivos sociales ya mencionados.
Abuelas de Plaza de Mayo orienta su accionar en tres sentidos posibles: Centro de Atención por el Derecho a la Identidad; Desarrollo de las ciencias: Genética y Antropología; Cultura y Educación por la Identidad. Mientras que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos presta su mayor atención a: investigación de archivos; Todos somos Familiares y el desafío de la Educación en Derechos Humanos; y denuncias en el ámbito internacional.
De la misma investigación surgen datos relevantes en cuanto a la generación de una institucionalidad de la memoria. Nos referimos a aquellas instituciones del Estado vinculadas a la memoria, verdad y justicia. Entre ellas se destacan: Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Presidencia de la República (2003); Archivo General de Memoria (2004); Dirección de Derechos Humanos, Ministerio de Educación y Cultura (2005); Oficina de Atención a Víctimas del terrorismo de Estado de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (2009); Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (2012); Secretaría de Derechos Humanos, Presidencia de la República (2014); Unidad Especializada en Derechos Humanos, Fiscalía General de la Nación (2017). Esta institucionalidad responde a la necesidad de comprender el acto de recordar y no silenciar. Este proceso se encuentra implícito en la elaboración de políticas para la memoria. Nos queda mucha tarea por delante para resistir, según Primo Levi, a este insensato y loco residuo de inconfesable esperanza.
Otra línea de investigación que llevo adelante actualmente, y que responde a mi tesis doctoral, se centra en la necesidad de evaluar la relación entre el relato de las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay, y en consecuencia, las producciones de sentido a través de la construcción de memoria histórica, mediante el proceso y vínculo educativo en jóvenes de entre 15 y 21 años. Evaluar la “memoria transmitida” a partir de la enseñanza de la historia del pasado reciente pone de manifiesto la complejidad inmanente a un proceso que implica la memoria personal y/o colectiva. Sin embargo la memoria, para transformarse en acto, se construye con conocimientos, valores, normas, creencias y opiniones. La memoria genera actitudes y manifestaciones sociales, no es objetiva ni aséptica, es diversa, está en movimiento, en los pliegues, los trazos y en un constante recomponer.
Fiorella Nesta es licenciada en Psicología y magíster en Psicología Social con especialización en derechos humanos.