El sábado 20 de abril la diaria publicó un artículo de opinión del economista Fernando Esponda con un título similar a éste (“Dime a quién votas y te diré qué votas”). El artículo refiere a la relación entre los resultados de los plebiscitos y los apoyos políticos que reciben, y entendí que merecía algunas precisiones, porque no alcanza con manejar una gran cantidad de datos para tener la razón, y en este tema de la democracia directa es bueno no confundir el aserrín con el pan rallado.
El sábado 4 de mayo, en otro artículo publicado en la diaria, este dedicado específicamente al plebiscito de octubre sobre el sistema jubilatorio, Esponda insiste, entre otros temas, en la asociación de causa-efecto entre apoyos políticos y resultados, con la misma conclusión que antes. Otro artículo publicado en el mismo medio por el politólogo Daniel Chasquetti (“El Frente Amplio en problemas”) el lunes 29 de abril, discurre en la misma dirección: “una condición indispensable para ganar una consulta de democracia directa es la construcción de una amplia coalición político-social”. Ahora las precisiones se hacen imprescindibles.
No soy economista ni politólogo (que parecen ser las formaciones académicas que se aceptan como autorizadas para discutir este asunto), pero igual siento que puedo opinar porque me ha tocado participar en unas cuantas investigaciones interdisciplinarias sobre temas socioeconómicos y una cosa que he aprendido en ellas es que, cuando uno mezcla las variables, lo que obtiene no es un resultado científico sino una ensalada, y creo que en esos artículos sobran algunos ingredientes, pero faltan otros muy importantes.
En su primer artículo, Esponda procura vincular el total de los plebiscitos realizados en los últimos 35 años en nuestro país (¿por qué no desde antes?) con el resultado que se obtuvo en ellos y deduce que cuando no ha habido un apoyo político masivo, el resultado fue la no aprobación. Y si bien no concluye explícitamente que el plebiscito para eliminar los efectos más tóxicos de la reforma jubilatoria multicolor (que creo que es el que nos interesa a él y a mí) tampoco será aprobado, sólo le falta decirlo con todas las letras, aunque casi lo hace: “una vez que se define la realización de un plebiscito hay una condición necesaria –aunque no suficiente– para su éxito: la propuesta debe ser apoyada y abrazada con cariño por uno o varios partidos con un caudal importante de votos, superior al 50%. En un sistema de partidos como el uruguayo nunca ha triunfado un plebiscito que no haya contado con un apoyo partidario de relevancia” (lo mismo que dice Chasquetti, pero sin apoyarse en tanto número, sino en una referencia que suponemos prestigiosa). Y en un cuadro posterior, refiriéndose al plebiscito sobre el sistema jubilatorio, Esponda agrega sobre los apoyos políticos recibidos: “A favor: algunos sectores del Frente Amplio; en contra: coalición multicolor y algunos sectores del Frente Amplio”. A buen entendedor…
El primer error que debe señalarse, en mi concepto, es que Esponda saca conclusiones acerca del conjunto de los plebiscitos, sin distinguir temáticas, circunstancias ni impulsores (que también pueden ser factores necesarios y suficientes), y el segundo: que no tiene en cuenta otras formas de democracia directa, que también podrían aportar datos valiosos, lo que supone ignorar además que la consulta que más debate genera, la promovida por el PIT-CNT, debió ser un referéndum y no un plebiscito, y solamente no lo fue porque la Constitución lo impide. Y lo impide porque los que la redactaron se reservaron expresamente para sí algunos temas, –no por casualidad– fundamentalmente económicos. No sea cosa de dejar que la gente resuelva sobre todo.
No tener en cuenta la temática de las consultas hace que se compare lo que pasó con plebiscitos referidos al sistema jubilatorio con los de tipo electoral (muchos) y otros referidos a la seguridad, el presupuesto para la enseñanza o el derecho al agua. Temas todos importantes, pero sobre los cuales las ciudadanas y ciudadanos tenemos percepciones y sensibilidades distintas y somos afectados de forma diferente. Y significa también perderse en el análisis de muchísimos datos sobre otros temas, mientras se desdeña la oportunidad de estudiar con cuidado qué pasó en los casos que esos temas tenían similitud con los actuales. Así, por ejemplo, los dos plebiscitos que trataban de las jubilaciones se aprobaron por importantes mayorías, mientras los que se referían a la seguridad fueron rechazados, seguramente no porque el tema no fuera sentido, sino porque las supuestas “soluciones” que se proponían, para la gente no eran tales sino nuevos problemas.
Los dos plebiscitos que trataban de las jubilaciones se aprobaron por importantes mayorías, mientras los que se referían a la seguridad fueron rechazados.
Pero también, al dejar de lado ese caso, se pierde la oportunidad de comprender por qué fracasó el plebiscito contra la reforma que implantó las AFAP, intentado en 1995-1999, que ni siquiera llegó a juntar las firmas para realizarse, precisamente por la situación que plantea Esponda como condición necesaria para el éxito: la búsqueda prioritaria del apoyo político. Adolfo Bertoni, que de esto conoce mucho y fue protagonista de aquel episodio, lo señaló en una nota publicada en la diaria el 2 de junio del año pasado: “(en ese momento) el PIT-CNT, correctamente, promovió un amplio espacio de discusión con otros sectores sociales, el Frente Amplio, Claveles Rojos, el Partido Demócrata Cristiano y otros (...) Pero ese espacio se transformó en un lugar en el que, lejos de avanzar rápida y concretamente, se demoraron las cosas exasperantemente, con reuniones (...) [donde] aparecían distintas propuestas para incluir en la papeleta (...), que pasaban a discusión de los distintos actores, y se rechazaban [a la reunión] siguiente. Si bien los pasos que el movimiento sindical y social viene dando [ahora] son correctos, surge un primer riesgo de repetir la experiencia del 99: ¿se trabajará rápidamente y en un pie de igualdad con toda la Intersocial y los sectores político-partidarios, o se hará un nuevo ‘seguidismo’ de estos últimos, corriendo el riesgo de hipotecar el resultado que se desea?”.
El análisis que hace Esponda mezcla asimismo las consultas impulsadas por actores sociales con las promovidas por sectores o partidos políticos más o menos numerosos, y sobre el error que eso significa no puedo dejar de mencionar como un antecedente insoslayable el referendo promovido por FUCVAM en 1984 contra la “ley” de la dictadura que eliminaba la propiedad colectiva de las viviendas cooperativas, no apoyada por ningún partido político (todos los posibles estaban proscritos y los que no estaban proscritos eran los que habían aprobado la “ley”) y que obtuvo 330.000 firmas en un solo día, el domingo 26 de febrero de ese año, convirtiéndose en símbolo de la lucha contra la dictadura.
Además, el artículo de Esponda mezcla las consultas que se habilitaron consiguiendo el apoyo del 10 o 25% de los inscriptos en el registro cívico, lo que ya implica partir de un importante piso de acuerdo con lo consultado, con las que se habilitan con la firma de sólo los dos quintos de los integrantes de la Asamblea General, que más bien, si sólo alcanzan a ese número, hacen presumir lo contrario.
Y finalmente, creo que el economista, en su intento por demostrar que, si no hay apoyo de los partidos políticos, la gente no acompaña, pierde de vista que hace ya tiempo que pasó la época de los votantes incondicionales, de los blancos “como hueso de bagual” o los colorados como sangre de toro, y que ahora la gran mayoría de los votantes decide, en cada elección, a qué partido va a acompañar. Por lo cual no creo que haya nadie que inmole su futuro de pasivo porque el grupo o partido que votó hace cinco años esté más preocupado por otras cuestiones. Por eso, lo importante no es qué grupo político apoya, sino qué es lo que se decide.
¡Cuánto tiempo y espacio gastado en discutir si el plebiscito de octubre se puede ganar aun sin la unanimidad del apoyo de la izquierda; si perjudica o no al Frente Amplio; si el movimiento sindical está dividido o no con relación al camino elegido; si el país puede llegar a perder el grado inversor, o cuántos puntos habría que aumentar el IVA, si los dineros necesarios no salieran, como se aprobó con la reforma multicolor, de los esmirriados bolsillos de trabajadores y pasivos!
Porque en el fondo la cuestión es muy simple: las políticas sociales tienen un costo, y el del derecho a las jubilaciones y pensiones es de los más altos, porque todas y todos somos destinatarios potenciales. El incremento que significará que se aumenten las prestaciones mínimas seguramente no agravará demasiado una situación fiscal que ya es grave y en cambio aliviará la de quienes cobran los mínimos, que es gravísima. Entonces, la propuesta plebiscitaria no modifica sustancialmente la dificultad ya existente (porque, además, las AFAP, que se eliminan, no son parte de la solución, sino componente central del problema) sino que pone condiciones para resolverlo: que la cuenta no la paguen los trabajadores ni los pasivos (trabajando y aportando cinco años más, para terminar percibiendo prestaciones menores) porque ya no tienen más lugar para hacer agujeros en el cinturón. Y para eso hay que revertir lo que votó la coalición multicolor, que la Constitución sólo permite que se pueda hacer, ya, reformándola. Y además está muy bien que eso se ponga en la Constitución, por las dudas de que alguien se vuelva a tentar en el futuro con tomar por ese camino.
Pero también tengo una coincidencia con Esponda y muy importante: en el final de su más reciente nota dice (y Chasquetti, aunque no lo dice, estoy seguro de que lo comparte): “El domingo 27 la única opinión que importará será la de la ciudadanía, quien será la que defina el futuro de la seguridad social y también, dada su magnitud, de grandes áreas de la economía”, lo que no puedo menos que compartir yo también con entusiasmo, si cuando hablamos de economía, hablamos de la del Estado, la de los grupos de poder y la de los ciudadanos de a pie. Por eso, por suerte, la última palabra la tendremos todas y todos nosotros, las ciudadanas y ciudadanos. Lo que en estas cuestiones es lo mejor que puede pasar.
Benjamín Nahoum es ingeniero civil.