Se ha escuchado estos días que la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en Argentina produjo un desastre y que por eso la seguridad social argentina “es la peor del mundo”. Esto dijo, por ejemplo, el exministro de Trabajo Pablo Mieres en un debate con el senador comunista Óscar Andrade por televisión. Ante tamañas y muy audaces afirmaciones realizadas con total impunidad por opositores al plebiscito por la reforma previsional en Uruguay, se impone un poco de racionalidad y de verdad.
Reforma previsional y nacimiento de las AFJP
La Ley 24.241 de 1993, bajo el gobierno de Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y dio origen a las AFJP. El nuevo régimen, de clara inspiración neoliberal, entregó a las AFJP la recaudación de aportes de trabajadores y contribuciones patronales, mientras el Estado continuaba abonando las jubilaciones, pensiones y otros beneficios. Un negocio redondo para el capital financiero, y un problemón para el Estado, que a partir de ahí debía seguir pagando todas las jubilaciones y pensiones, pero ya no contaba para eso con los fondos de la recaudación previsional.
Una vez más el capital financiero, tan crítico siempre del tamaño del Estado y de los impuestos, se beneficiaba escandalosamente de ellos. Durante años recaudaron directamente esos fondos multimillonarios sin pagar nada y encima cobrando 30% de comisión por “administrarlos”.
Se llegó al paroxismo cuando la convertibilidad cambiaria alcanzó su límite. El llamado “1 a 1” fue otro gran negocio privado a costa del Estado. Los capitales extranjeros, que se habían quedado con la privatización de todas las grandes empresas estatales de producción de bienes y servicios (petróleo, gas, acero, electricidad, telecomunicaciones, transporte aéreo y ferroviario), facturaban en pesos y se llevaban dólares a sus casas matrices. Cambiaban los pesos a una cotización oficial absurda, absolutamente ficticia, que solamente se sostenía porque el gobierno la garantizaba pagando un dólar por cada peso, algo que obviamente no pasaba en ningún lugar del planeta, salvo acá. Los dólares con los que pagaba el gobierno provenían mayormente del endeudamiento externo. Así, la deuda externa en dólares subió a niveles nunca antes vistos. Hasta que llegó un momento en que los prestamistas externos empezaron a desconfiar y cortaron el chorro.
¿Qué hicieron entonces los gobiernos de Menem, primero, y Fernando de la Rúa, después, para sostener esa fiesta? ¡Empezaron a pedir prestado a las AFJP! Sí, esas empresas que seguían cobrando sin pagar nada le empezaron a prestar al Estado el mismo dinero que el Estado les había otorgado. Le prestaban con los fondos previsionales que el Estado había dejado de cobrar y les había traspasado gratis. Y encima, cobrando tasas de interés cada vez más elevadas a causa del riesgo país que no paraba de agravarse. En un momento, en 2001, las AFJP llegaron a cobrarle al Estado hasta 25% mensual de intereses… ¡un negoción! Cuando uno lo cuenta, cuesta que te crean.
Eso no podía durar. La situación era insostenible, hizo crisis y se terminó la fiesta. Y estalló todo. Corrida bancaria, corralito, devaluación y apropiación por parte de los bancos de todos los ahorros en dólares de los particulares, de los pequeños, claro, porque los grandes capitalistas ya los habían retirado a tiempo. Y por supuesto, 25% de desempleo, 50% de pobreza, derrumbe del salario real, represión sangrienta. Renuncia del presidente y crisis política. La promesa del nuevo gobierno de que aquellos que habían depositado dólares recibirían dólares duró una semana.
¿Y las AFJP? Lo que habían ahorrado los afiliados y sus rentas, sus cuentas individuales, nominales y particulares, se licuaron. Perdieron todo. Y lo mismo siguió pasando los siguientes años. Un fracaso total, por no decir una gran estafa.
Reestatización del sistema
En 2007 las AFJP todavía seguían, y volvieron a perder todo lo capitalizado en el año. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de la Anses (el BPS argentino), anunciaron en octubre de 2008 que enviaban un proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP y organizar un nuevo sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones.
Mientras, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) presentaba una denuncia ante la Justicia federal en la que acusaba a diez AFJP de administración fraudulenta a raíz de la presunta liquidación de bonos del Estado. Según la denuncia, la maniobra de las AFJP consistía en desprenderse de los títulos de deuda pública y obtener dólares, ante la inminente estatización de los fondos que administraban. Se habría producido, según la sospecha del fiscal, una dilapidación de los fondos de los jubilados, la obtención de dinero en efectivo por parte de las AFJP y el alza del dólar.
A todo esto, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) manifestó, como hicieron otras entidades empresarias, su total rechazo a la iniciativa del gobierno e hizo un llamado a los parlamentarios argentinos a reflexionar sobre la importancia que tiene dentro de un Estado de derecho la propiedad que los trabajadores argentinos tienen sobre los US$ 30.000 millones que han ahorrado para financiar su vejez… ¿Les suena?
Pero la presidenta argentina ya había declarado que el sistema privado de jubilaciones estaba siendo sostenido por el sistema público, y había advertido que, si no fuera por la contribución del Estado, “muchísimos jubilados privados cobrarían unos 60 dólares de pensión”.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados con 162 votos afirmativos y 75 negativos. La UCR, el PRO y la Coalición Cívica se opusieron a la iniciativa, mientras que el Partido Justicialista (peronista), el Frente Amplio Progresista, el Partido Socialista y los bloques provinciales apoyaron el proyecto.
Se pasó de tres millones y medio de jubilados y pensionados a cerca de 6 millones en 2015, alcanzando el sistema estatal argentino los niveles de cobertura jubilatoria más altos de América Latina.
Luego la iniciativa pasó al Senado, donde fue aprobada por una amplia mayoría. Así el proyecto se convirtió en la Ley 26.425, creando el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se reestatizó el sistema previsional y se puso fin a las AFJP. La nueva ley entró en vigencia el 9 de diciembre de 2008. Y el mundo siguió girando, nada se derrumbó. Todo lo contrario.
Repercusiones
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner explicó que “cuando los recursos de los trabajadores estaban en manos de los privados, se pagaron 12.200 millones de dólares en comisiones”. El director de la Anses afirmó que si hubieran seguido las AFJP habría sido un drama para los que se hubieran jubilado después “ya que sus fondos no valdrían nada”. Paralelamente, el Estado se hizo cargo, una vez más, de 125.000 juicios que jubilados habían entablado contra las AFJP por incumplimiento en el pago de haberes.
El embajador español en Buenos Aires, Rafael Estrella, consideró el traspaso de las AFJP al Estado nacional “una decisión soberana del gobierno argentino” y sostuvo en la ocasión que ese traspaso “no afecta para nada al gobierno español ni a las relaciones con Argentina”. Ninguna catástrofe.
Hubo posteriores casos puntuales que se tramitaron en la Justicia. Investigaciones judiciales contra varias AFJP por desvío de fondos. Investigaciones acerca de delitos de índole económica, como la distorsión de precios de las acciones que habían comprado las AFJP, habiendo sido fraguada una salida a la Bolsa con un precio inflado, que ocasionó que cuando las AFJP las incorporaron a sus carteras el precio de desplomó, ocasionando un perjuicio a sus tenedores. Y otros ejemplos de los negociados a los que nos tiene acostumbrados el capital especulativo.
La Corte Suprema de Justicia avaló la estatización en un fallo unánime, ante el reclamo de un privado de Arauca Bit.
En 2019, la Argentina fue demandada ante el Ciadi, un tribunal arbitral del Banco Mundial, por la firma Met Life. El laudo reciente del arbitraje le dio en parte la razón, pero la indemnización reconocida fue ínfima, tan sólo el 1% de la reclamada, y no le alcanza a Met Life ni para justificar las molestias y costos ocasionados por el largo trámite del reclamo. El arbitraje además le reconoce la razón a Argentina en varios aspectos fundamentales. Y eso fue todo lo que pasó. Para que lo tengan presente quienes intentan asustar con supuestas lluvias de juicios. Nada de eso.
Resultados de la gestión estatal
La nacionalización del sistema previsional y la estatización de los fondos de las AFJP permitió ahorrar el pago de comisiones a las AFJP y ampliar el número de beneficiarios del sistema. La medida implicó en los primeros cinco años un ahorro de unos 6.900 millones de dólares. El fondo previsional pasó de 28.000 millones de dólares en 2008 a unos 58.000 millones de dólares en 2014.
Tras la estatización de los fondos hubo una importante ampliación de los alcances de la seguridad social. Como la Ley de Movilidad Jubilatoria, por la que se aseguró la actualización periódica automática del valor de las prestaciones, superando así décadas de maltrato y expropiación a los adultos mayores y el manejo arbitrario de sus ingresos a manos de los distintos gobiernos. Como los muy buenos programas sociales: el Progresar (becas y ayuda a estudiantes), el Procrear (para ampliación y construcción de viviendas), Conectar Igualdad (computadoras y wifi para estudiantes) y el Argenta (ayuda para consumo de jubilados). Y muy en especial, las extraordinarias e incuestionadas Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
Finalmente, se pudo dar un récord de pago de sentencias favorables a reclamos de jubilados por distintos motivos que estaban pendientes y demoradas durante años.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
Por la misma Ley 26.425 se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Formado con los recursos que habían quedado en manos de las AFJP, su destino principal es garantizar el pago de jubilaciones y pensiones, así como financiar otros beneficios existentes y por crearse, como los programas antes mencionados.
Para 2014, o sea unos cinco años después de la reestatización, este fondo había duplicado en dólares su capital. O sea, duplicó en ese lapso lo que a las AFJP les había llevado 14 años acumular, pasando de 28.000 millones de dólares en 2008 a casi 58.000 millones de dólares a octubre de 2014.
En cuanto al número de afiliados, gracias a la Ley 25.994, promulgada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se incorporaron al sistema previsional, mediante nuevas causales y moratorias, más de dos millones y medio de personas que hasta entonces estaban excluidas de la cobertura. Se pasó de tres millones y medio de jubilados y pensionados a cerca de seis millones en 2015, alcanzando el sistema estatal argentino los niveles de cobertura jubilatoria más altos de América Latina. Un informe del Banco Mundial destacó la política de protección social argentina señalando que el haber jubilatorio mínimo medido en dólares era, en ese momento, el más alto de América Latina.
A través de la Anses y el PAMI, la obra social que atiende la salud de los jubilados, se logró, además de la atención médica completa en tratamientos y cirugías, la cobertura del 100% en medicamentos, incluidos los más complejos y costosos.
Finalmente debemos agregar los numerosos beneficios que en materia de turismo y cultura brindan estas instituciones del sistema de seguridad social argentino.
Y todo sin déficit, alcanzando el 4,5% del PIB, con recursos propios del sistema solidario de reparto. Nada mal para ser la “peor seguridad social del mundo”.
Daniel Ximénez es sociólogo radicado en Buenos Aires.