De los cuatro procedimientos establecidos en la Constitución para su propia reforma, dos prevén que, una vez habilitada la iniciativa, se someta a consulta popular en la primera elección que se realice. Así ocurre con la presentación de proyectos por iniciativa popular y por dos quintos de quienes integran la Asamblea General: las dos vías más sencillas de llegar a un plebiscito.
Que los proyectos de reforma constitucional se pongan a consideración de la ciudadanía junto con las elecciones tiene motivos de practicidad –porque resulta menos costoso que convocar a jornadas de votación en distintas fechas– y también de racionalidad política. Históricamente, las iniciativas en esta materia provenían de los partidos, por intermedio de sus legisladores (la iniciativa popular se agregó en la Constitución de 1934), y por lo tanto estaban muy ligadas a las orientaciones en pugna por el gobierno nacional.
De todos modos, la simultaneidad de las decisiones ciudadanas tiene inconvenientes. Uno de ellos es que algunos proyectos de reforma constitucional cambian en forma significativa el marco de la gestión de gobierno (como sucede, por ejemplo, con el proyecto sobre seguridad social que será plebiscitado el 27 de octubre de este año), y pueden obligar a quien gane las elecciones a modificar sus planes, e incluso a incumplir algunas de sus promesas preelectorales. Otro inconveniente tiene que ver con que los partidos en campaña electoral eligen sus batallas.
El Frente Amplio (FA) definirá el lunes su posición sobre el proyecto de reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, en forma bastante tardía, porque esa iniciativa, impulsada desde el oficialismo, está sobre la mesa desde diciembre del año pasado. El informe sobre la cuestión, elaborado por su Comisión de Seguridad, incluye consideraciones técnicas, jurídicas y políticas, y entre estas últimas registra que, según las encuestas, el proyecto a plebiscitarse tiene un importante apoyo, incluso entre quienes están decididos a votar por el FA. Esto lleva a que la dirigencia frenteamplista discuta si, desde el punto de vista electoral, le conviene hacer campaña contra la propuesta oficialista.
Es muy necesario respetar y escuchar a la gente, pero esto no significa abstenerse de intentar convencerla si se piensa que está equivocada. Las ideas progresistas avanzan contra las conservadoras, o los cambios no llegan.
En 2003, el Congreso del FA decidió no incluir en su programa la anulación de la Ley de Caducidad y se recuerda que en el debate previo Eleuterio Fernández Huidobro sostuvo que era preciso evitar cualquier planteamiento que disminuyera la chance de llegar por primera vez al gobierno nacional. “A todo se puede renunciar menos a la victoria”, dijo.
El problema es que “la victoria” no es una sola ni es definitiva. Se construye día tras día de muchísimas formas. Resulta indiscutible la importancia de ganar las elecciones, pero también, como señalaba el general Liber Seregni, la de “decir lo que se piensa y hacer lo que se dice”.