“La gente está siendo violenta porque no aguanta más que estén viviendo frente a su comercio, haciendo sus necesidades”, dijo Luis Alberto Heber, quien hasta hace muy poco era responsable de la seguridad interior y hoy es senador de la República y puntal del gobierno.
El primer comentario evidente es el estupor que ha provocado en buena parte de la sociedad uruguaya, que –afortunadamente– conserva el reflejo de la indignación. Lo siguiente es la evidencia de su confesión. La realidad de la gente en situación de calle en este país es tan alarmante que deviene inocultable, incluso para quienes deberían dar las soluciones. Lo insólito es que, en vez de hacerse cargo de semejante gravedad, dejan caer con liviandad, en un discurso de tribuna, la creación de un delito por el simple hecho de dormir en la vía pública. Huelga decir que “dormir” es un eufemismo. La gente en la calle no duerme. Sobrevive, a veces.
Cuando prometieron ser implacables con la situación de calle, muchos entendimos otra cosa.
Obviamente no consideramos que exista el derecho a dormir en la vía pública. Por el contrario, lo que sí existe es el derecho a tener un lugar digno donde vivir.
Otra faceta igual de insólita e infeliz es la jerarquización de los problemas. Continúa Heber: “la gente no aguanta más que vivan en su puerta”; como si quienes viven en la calle aguantaran, como si hubieran elegido terminar allí. Es algo así como la recurrencia de empezar siempre por las consecuencias sin advertir la magnitud de las causas.
Más allá de la violencia que encierra rehuir a la responsabilidad propia ante un asunto de elemental humanidad, hay también una concepción jurídica que no debería pasar inadvertida.
Antes que nada (y por encima de cualquier idea peregrina) se halla el artículo 10 de la Constitución: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados”.
La fijación de recurrir a la inflación punitiva para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad es algo común y reiterativo no sólo para este senador sino en general para gran parte del partido y de la coalición que representa.
Ya lo hemos visto. La ley de urgente consideración (LUC), así como los resultados que lamentablemente produce, no sólo no disminuyeron la cantidad de los delitos, sino que agravaron el hacinamiento y las situaciones de inequidad.
La pregunta que debiéramos hacer es: en cuánto y en qué nos afecta un hecho que socialmente nadie desea, que es producto de una complejidad estructural y coyuntural, profundizada por la omisión estatal.
Bienvenidas las reacciones en cadena frente a la sola idea de hacer de la miseria un delito. Lo que conmueve conduce.
Gente en situación de calle ha habido siempre en Uruguay, pero el aumento alarmante y las condiciones de las personas que hoy residen en la calle es insostenible. Claramente es un drama multifactorial que incluye el aumento de la desigualdad y la pobreza, las carencias estatales para tratar las adicciones en los sectores vulnerables de la sociedad, y el hacinamiento extremo, así como las condiciones indignas de vida que se viven en nuestras cárceles por parte de la población privada de libertad.
Ahora bien, ¿cuál es el peligro real que estas personas en estado de abandono representan para merecer ser condenadas como autores penalmente responsables de un delito? ¿Constituyen realmente un “peligro” social? ¿O simplemente queremos castigar al desigual, porque no es otra cosa que la evidencia de una pobreza indigna? ¿El peligro radica en ese “ellos” que en nada nos interpela? ¿O nos deberíamos estar ocupando del peligro de la intemperie, la falta de atención médica, las necesidades insatisfechas? ¿Puede ser un objetivo del Estado castigarlo penalmente por su condición de adicto, de indigente, de ex preso al que no le dieron más que un boleto para llegar a Montevideo?
No, señor senador. Quien “duerme” en la calle no está ejerciendo un derecho, sino que es la víctima de una sociedad que no le da respuesta. La calle es como la cárcel, ese lugar que no queremos mirar y entonces, en lugar de atenderlo, hacemos que nos ocupamos, sacándolo de la vista, cambiando la omisión propia por el delito ajeno.
Por otra parte, ¿cuál sería el beneficio real de esta condena? ¿Realmente piensa el señor senador que una persona que vive en la calle dejará de hacerlo porque figure un nuevo delito en el Código Penal? Seguramente no va a leer y mucho menos entender semejante tipificación, pero aun cuando la comprendiera, ¿puede salir de las márgenes a puro mérito?
¿Conoce el señor senador las dificultades que hoy tiene el sistema para aplicar efectivamente las penas de trabajo comunitario? ¿En qué trabajos piensa? Y si no lo realiza, o si lo realiza y vuelve a reincidir en esa terrible conducta criminal de dormir en la calle, ¿qué pena le daremos ahora?
Ya es una falta, y con ello no hemos logrado que la situación se modifique. También se ha aprobado una ley para la internación involuntaria. ¿De verdad alguien cree que crear un nuevo delito es la solución?
No queremos que haya personas en la calle, de acuerdo. Démosles opciones dignas de desarrollar su vida, hagamos una inversión importante en materia de protección social, retomemos el camino de un sistema de cuidados que garantice un mínimo de dignidad de vida.
Resulta difícil aceptar que estemos dando este debate en el Uruguay batllista que puso al Estado en el centro. Es más difícil aún aceptar que nos hemos quedado únicamente con la parte del Estado punitivo.
Con todas sus debilidades, hasta hace muy poco hubo un conjunto de políticas públicas desplegadas en el territorio que asumían la responsabilidad y procuraban salidas. Nada es para siempre, es cierto. Pero lo que cuidamos dura un poco más.
Bienvenidas las reacciones en cadena frente a la sola idea de hacer de la miseria un delito. Lo que conmueve conduce.
Laura Fernández y Daoiz Uriarte son abogados.