Otra operación política de Lacalle Pou al final de su mandato: autorizar el consorcio para vender servicios de televisión y datos

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El 16 de julio, el presidente Luis Lacalle Pou autorizó a las empresas Montecable, Nuevo Siglo y TCC a operar de forma consorciada la prestación del servicio de televisión para abonados y de transmisión de datos.

Aunque se utilice el término consorcio, se trata de que por la vía de los hechos estas tres empresas de cable, actualmente cada una con una cuota en torno al 20%, se conviertan en una única empresa con un poder de mercado en el sector de la televisión para abonados de Montevideo mayor al 50%. Además, busca potenciar a estos tres actores con una única gran empresa para que puedan competir en la venta de internet fijo al hogar con Antel.

Estas tres empresas, que forman parte de los grupos nacionales de comunicación más importantes de Uruguay, recibieron un espaldarazo del gobierno para consolidar unos ingresos hasta ahora en declive por el impacto de las plataformas digitales.

Estos grupos de comunicación, sólo por sus empresas de cable, facturaron en 2023 en torno a 40 millones de dólares (además de las tres empresas ya mencionadas cuentan con Multicanal y Punta Cable); por inversión publicitaria en sus canales de televisión abierta (4, 10 y 12), con quienes tienen vínculos societarios, facturaron unos 80 millones de dólares durante 2022. A pesar de estar en declive, la facturación total de los tres grupos ronda los 120 millones de dólares al año. La concesión de las licencias para vender datos fijos al hogar, sumado a la autorización para operar como consorcio, les permitirá a estos grupos adicionar, en competencia con Antel, un mercado potencial de 200 millones de dólares.¹

Otro dato relevante es que para vender datos fijos al hogar utilizarán la fibra óptica de Antel, empresa que tuvo que invertir a escala nacional unos 1.000 millones de dólares para brindar este servicio. Esto significa que para iniciar este negocio estos grupos no deberán realizar inversiones relevantes.

En sí mismo, estas concesiones aumentan el valor de sus empresas. Tanto la concesión de las licencias, la autorización del consorcio y la posibilidad de utilizar la red de fibra óptica de Antel implican una transferencia de recursos del Estado a estos grupos privados. Es la estrategia de privatizar Antel por partes.

No son sólo grupos económicos poderosos. Son los principales accionistas de la televisión comercial en Uruguay. Esto es, no sólo tienen el poder de lobby sobre el sector público, como cualquier otro actor económico importante, sino que, por ser propietarios de los medios, además tienen poder de persuasión sobre los distintos gobiernos para lograr sus objetivos. Naturalmente, estos “favores” que les hace el gobierno a estos grupos son dignos de ser reconocidos. Estos grupos de comunicación, a solicitud de algunos gobiernos, y entre otras acciones que han hecho en el correr de su historia, pueden cambiar al director de informativos de algún canal, modificar el tratamiento de algunas noticias, censurar algún tipo de información o, en dinero, reducir los precios del espacio que utilizan los partidos políticos en el gobierno para sus spots publicitarios en campaña electoral.

Por su parte, la autorización para que estas tres empresas funcionen de forma consorciada en plena campaña electoral representa un problema ético. Antiguamente, era una práctica común que los partidos tradicionales en el gobierno concedieran licencias de radiodifusión (radio y televisión abierta) en plena campaña electoral. Desde 2005 existe una normativa que prohíbe al Poder Ejecutivo realizar esta práctica durante un período comprendido entre los 12 meses anteriores y seis meses posteriores a las elecciones nacionales. Dicho artículo intenta evitar que el Poder Ejecutivo no abuse de su poder concediendo licencias a cambio de favores electorales. Una ley actualizada debería incluir tal prohibición para cualquier tipo de concesión que favorezca a un medio de comunicación.

Haber permitido la formación de un consorcio que genera, como se ha visto, un poder comunicacional muy superior al que podría generar por ejemplo una radio, en plena campaña electoral, pone de manifiesto la alta probabilidad de que el consorcio mediático devuelva al partido de gobierno el “favor”.

La frágil legalidad de las licencias concedidas

Las licencias como cableoperadores fueron concedidas por Luis Alberto Lacalle Herrera a estas empresas en 1995, a través de una “escandalosa licitación”. De 11 proyectos presentados, terminó otorgando cuatro licencias a Equital SA, cuyos accionistas eran en partes iguales los canales 4, 10 y 12 (la quinta fue para Juan Martín Posadas, integrante del Partido Nacional), conformando desde entonces los tres grupos nacionales de televisión comercial.²

Las licencias para vender internet fijo al hogar que obtuvieron estos mismos cableoperadores las concedió Luis Lacalle Pou, al igual que su padre, de forma bastante desprolija. Las licencias se concedieron previo a que se aprobara la Ley 20.075 (20/10/22), que permite a los operadores de cable solicitar la licencia siempre y cuando presenten un proyecto con la debida planificación de sus actividades a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). Tampoco la Ursec ni el presidente solicitaron a cada una de estas tres empresas el proyecto, elemento central para que la Ursec pueda evaluar la propuesta. Los grupos de comunicación y el presidente se adelantaron a la aprobación de la ley y no cumplieron con sus requisitos, intentando ganar tiempo para implementar su emprendimiento.

Recapitulando, hace dos años se les concedió a estos grupos las licencias para vender datos. En este período no consiguieron despegar. Realizaron algunos proyectos piloto, pero no tuvieron éxito. A último momento se les ocurrió que si se juntaban las tres empresas podrían formar un operador con mayor poder de mercado, blindarse con sus competidores en el mercado de la televisión para abonados y competir con Antel.

Solicitaron el permiso de consorcio el 3 de mayo y el presidente se los firmó el 16 de julio. En menos de dos meses y medio se había concedido la solicitud. Para formar un consorcio, por ley, se necesita de la opinión preceptiva de la Ursec, que debe velar por la no formación o consolidación de monopolios u oligopolios. Desde que entró el expediente a la Ursec hasta que terminó el informe pasó menos de un mes (del 3 al 31 de mayo). La pregunta que surge es: ¿por qué tanta prisa?

Las licencias de cable y datos concedidas a TCC, Nuevo Siglo y Montecable son para operar individualmente. La pregunta sería si para actuar como consorcio no necesitarían de una nueva y única licencia.

El informe de la Ursec

El informe de la Ursec en el que se basa el presidente Luis Lacalle Pou para autorizar el consorcio es inconsistente. En primer lugar, no sigue su propia guía “Criterios generales para la determinación del mercado relevante” establecida por resolución 224 del 21 de mayo de 2010, que define el instrumental técnico adecuado para comprobar la capacidad de las empresas de ejercer prácticas anticompetitivas. Por ejemplo, el informe de la Ursec no utiliza índices de concentración. Incluye la televisión de plataformas por streaming, pero no la cuantifica dentro del mercado televisivo. Tampoco define correctamente el mercado relevante.

Para determinar el mercado relevante se deben tomar en cuenta dos factores: el espacio geográfico en el que se moverá el consorcio, y qué empresas podrían ser sus competidoras. Las licencias de estas empresas se adjudicaron para operar exclusivamente en Montevideo. Es evidente que el consorcio tiene redes de cable sólo para operar en Montevideo. Por lo que, para definir el mercado relevante, habría que tomar en cuenta las empresas que operan dentro de este espacio geográfico. Es fácil de comprender que las empresas de cable de Montevideo no pueden ofrecer sus servicios de cable a otros departamentos y viceversa. Por lo tanto, el poder de mercado que adquiriría el consorcio habría que medirlo según las empresas que operan en Montevideo. Según esta consideración, el consorcio ocupa el 53% del mercado de Montevideo. Las otras empresas son Flow con el 23%, DTV (sólo sus abonados de Montevideo) con el 19%, Multicanal con el 5%. Multicanal es una empresa propiedad de los accionistas del consorcio. El consorcio con el 53% queda compitiendo con dos empresas con el 23% y 19% del mercado, respectivamente.

Si bien el informe de la Ursec comienza considerando la cuota de mercado de las empresas de televisión para abonados en Montevideo, termina estableciendo que el mercado relevante es el mercado nacional de televisión para abonados, concluyendo que “concentrando la operación solicitada 94.222 suscriptores sobre un universo de 496.127 suscripciones ocupa el 19% del mercado, y por consiguiente no correspondería negar la autorización de la operación solicitada”. No dice que las 496.127 suscripciones corresponden a las registradas en todo el territorio de Uruguay, lo que contradice los propios criterios definidos por la Ursec en la guía mencionada, donde se establece que “los mercados de telefonía fija, internet fija y televisión por cable son netamente locales”.

Cuando el informe de la Ursec analiza el mercado de datos, considera el consorcio como un “entrante”. Competirá con Antel, que por la vía de los hechos todavía es un monopolio en el mercado de internet fija. Lo que olvida recoger el informe es que los servicios de datos y televisión por una única red son servicios convergentes. Por lo tanto, no consideraron las ventajas que tendrá el consorcio sobre sus competidores para poder ofrecer paquetes de televisión y datos a precios más convenientes que los de sus competidores en televisión para abonados en Montevideo (DTV y Flow). A pesar de la diferencia de tamaño de Antel con el consorcio, este tendrá también la ventaja de vender, además de datos, televisión, cosa que Antel no puede hacer.

Es obvio que, si el informe planteara que el mercado relevante es el de Montevideo, que el consorcio obtendría una cuota del 53%, y que vender datos le da una ventaja sobre sus competidores, la Ursec no podría afirmar que el nivel de concentración no afectaría la competencia.

El consorcio y las licencias son dos de cinco grandes concesiones

En primer lugar, en abril de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento un proyecto de ley a medida de los grupos de televisión. En junio de 2022, Antel firmó un contrato con los canales de televisión 4, 10 y 12 por nueve millones de dólares por tres años, un millón de dólares por año para cada canal. En mayo de 2023, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) realizó una convocatoria por 80 millones de pesos (unos dos millones de dólares) dirigida a financiar reality shows de estos mismos canales. Lo demás es historia conocida. En junio de 2022, el Poder Ejecutivo concede las licencias a TCC, Nuevo Siglo y Montecable para operar datos, y en julio de 2024 se autoriza a estas mismas empresas a funcionar como consorcio. Estas últimas dos medidas son las que fortalecerán el poder fáctico de los hasta ahora llamados grupos nacionales de comunicación de la televisión comercial.

Gustavo Buquet es economista y doctor en Comunicación.