La oferta de propuestas sobre seguridad pública pone en el centro una premisa mayor desgastadamente repetida: toda medida intrusiva que recorta garantías incrementa la eficacia de la actuación policial. En este episodio se trata de los allanamientos nocturnos relacionados con la investigación y la represión del tráfico de estupefacientes. Esta decisión, por ahora judicialmente controlada, diurna y excepcional, sirve para detener estridentemente a imputados o recolectar estratégicamente evidencias. Allanar para arrestar y demostrar. O ambas sinérgicamente. ¿Por qué sería mejor hacer esto de noche?
Lo primero es el lenguaje: detener la noche. A pesar de tener un castellano un poco más sofisticado, el Parlamento que instiga el rol del Estado como superbanda policial no se diferencia del discurso altanero y provocador de las propias bandas. En esta performance de quien es más pesado se extravían los contenedores sin escanear, las transacciones que no se reportan como sospechosas, los presos primarios alojados en celdas de máxima seguridad, las rutas del dinero cripto-húmedo, los informes de inteligencia policial que no logran confeccionar un diagnóstico certero de las estructuras del crimen organizado, las investigaciones de lavado de activos que no se hacen, el despilfarro de recursos represivos en el desalojo de estudiantes de un liceo céntrico, los pasaportes que se otorgan para venerar la garantía del debido procedimiento migratorio, los inmigrantes pobres que son expulsados sin respeto de garantías del debido procedimiento de refugio, entre otros. La posibilidad de patear una puerta en la noche permitiría restaurar simbólicamente la autoridad del Estado. Eso es (todo) lo que dicen los voceros.
Lo segundo es la información. El medio probatorio no puede ser el mensaje. Descartado por absurdo el gasto de dinero para arrestar noctámbulamente, sólo queda la búsqueda de evidencia para mejorar la calidad y la cantidad de las condenas penales. La recolección de evidencias es una fase de la producción de información para la investigación fiscal. Esta información en el discurso promotor del allanamiento noctambular se traduciría en cantidades de droga que estarían siendo depositadas en espacios físicos protegidos por el perímetro constitucional del hogar sagrado. Esto, pese a que no hay ningún informe de inteligencia criminal que respalde esas afirmaciones. Tampoco el análisis de los casos rimbombantes de incautación acredita que los depósitos y espacios de almacenamiento de drogas, para respetar la tipología legal, se corresponden sistemáticamente al concepto jurídico de hogar. Nadie mencionó que en estos hipotéticos hogares-depósito-almacenes se disuelve químicamente la evidencia material ante la proximidad de la aurora de dedos sonrosados. No se argumentó ni demostró, y sólo a modo de ejemplo, que las investigaciones sobre comercialización de estupefacientes padezcan una fractura inferencial en la valoración de evidencias producto de esta supresión de elementos.
Lo tercero es la navaja de Ockham o el camino más sencillo. Se podría argumentar que nuestras herramientas procesales están desafiladas y que no contamos con técnicas de investigación apropiadas. Es insensato, pero alguien podría decir que es más eficiente romper una puerta en la noche con 60 funcionarios policiales interviniendo que ejecutar una entrega vigilada de sustancias empleando dos efectivos especializados como agentes encubiertos. También podrían decir que es mejor alertar ruidosamente a todas las organizaciones criminales que operan en la zona que se está allanando en lugar de utilizar videovigilancia para verificar y asegurar la existencia de transacciones ilegales.
En campaña y en materia de seguridad pública rinde quemar aceite. Aunque se manche para siempre la Constitución. No importa que todas estas técnicas y procedimientos de obtención de información se usen más para recalentar que recolectar evidencias.
Precisamente, en Uruguay se han sancionado leyes que regulan potentes herramientas de investigación en convergencia con instrumentos internacionales. Estas técnicas, incorporadas a nuestro ordenamiento por distintas leyes especiales desde 2004, y también en el propio Código del Proceso Penal, permiten ejecutar intrusiones duraderas en la esfera de intimidad de las personas. En todo caso, deberíamos contar con lineamientos institucionales y dinero que permitan profundizar en el manejo de estas fuentes de información. Sin mencionar que los allanamientos nocturnos, por errores naturales de procedimiento, incrementan el riesgo de que las evidencias sean procesalmente anuladas. En esos casos, y por reglas de exclusión probatoria, todas las actuaciones pueden ser nulas. Incluyendo la propia detención. En criollo significa volver al inicio del juego. Por eso en la investigación de delitos complejos el principio rector es escoger el medio menos lesivo y más eficaz. El allanamiento nocturno, pese a su espectacularidad, no reúne ninguna de esas dos propiedades.
Ahora bien, si es mínimamente cuestionable que exista una planificación estructural de hogares-depósito en donde se disuelve la sustancia antes de ser incautada en el amanecer y que es laberíntico y riesgoso extraer información nocturna por la vía de allanamientos: ¿por qué se busca desacralizar una garantía que es una orgullosa marca de calidad democrática? En campaña y en materia de seguridad pública rinde quemar aceite. Aunque se manche para siempre la Constitución. No importa que todas estas técnicas y procedimientos de obtención de información se usen más para recalentar que recolectar evidencias. Quienes no están de acuerdo con las patadas en la noche son frutillitas. Para la torta: esto se argumenta mientras delincuentes simulan allanamientos nocturnos para fusilar personas en barrios de Montevideo. Y en algunos casos, con error sonámbulo de vivienda.
Volvamos a los allanamientos legales. Será innecesariamente desafiante para los procedimientos técnicos de la policía trazar adecuadamente la evidencia, colectarla, custodiarla con recaudos y entregarla a la Fiscalía. Se vislumbra en el amanecer un triste espectáculo de comunicación institucional del Ministerio del Interior, que pronto subirá fotos nocturnas de efectivos asegurando una balanza casera y un puñado de chasquiboomes incautados a una “organización familiar”. Menos fuerte que patada de allanamiento nocturno, claro. Porque no hay nada más funcional al crimen organizado que profundizar en medidas de prueba tan caras presupuestalmente como riesgosas para los resultados del proceso penal. Es un win-win al revés.
Rodrigo Rey es abogado.