La pregunta del título de este artículo es la que se hicieron este año los/as electores/as mexicanos/as que terminaron apoyando mayoritariamente la primera opción. En Uruguay en las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre la pregunta será similar, pero sobre las compañeras de fórmula de los dos candidatos varones que ganaron las pasadas elecciones internas en los dos partidos que tienen mayores posibilidades de llevarse el premio mayor, la jefatura del Poder Ejecutivo (PE).
Las personas que pretenden hacer una carrera política partidaria no suelen aspirar a la vicepresidencia. Presidir el Senado y la Asamblea General y sustituir ocasionalmente al titular del PE ofrece muchas menos oportunidades de llevar adelante ideas y de tener visibilidad pública. Sólo en 1947 y 1967 ocurrió que ascendieran a la presidencia los vices. Luis Batlle Berres y Jorge Pacheco Areco sustituyeron a los titulares, Tomás Berreta y Óscar Gestido, respectivamente, porque estos fallecieron a los pocos meses de haber asumido sus cargos. Para el primero, ocupar la primera magistratura significó la confirmación de una carrera ascendente, y para el segundo, hasta entonces un político que había pasado casi desapercibido para la opinión pública, marcó el inicio de un liderazgo en su partido que trascendió su gobierno. Salvando estos dos casos excepcionales, ninguna persona que ocupó este cargo desde su creación con la reforma constitucional de 1934 obtuvo réditos políticos posteriores. Luego de la recuperación democrática, sólo Enrique Tarigo lo intentó, pero fue derrotado en las elecciones internas del batllismo de 1989 por Jorge Batlle para ser el candidato de su sector por el Partido Colorado (PC).
Los partidos han seguido diferentes mecanismos para dirimir quién sería el/la candidato/a a la vicepresidencia. Si bien en octubre, y de ser necesario también en la segunda vuelta en noviembre, los/as ciudadanos/as votaremos por una fórmula presidencial, en el proceso no está contemplado que decidamos sobre cómo llega a esa instancia la persona que puede ser vicepresidente/a y eventualmente presidente/a. Se espera que confiemos en la capacidad de los partidos para elegir a la mejor persona para ese cargo, y también para todos los demás cargos no electivos. Sin embargo, no se ha hecho público que alguna comisión partidaria haya verificado la trayectoria de los/las candidatos/as y por ejemplo comprobado si tienen el título académico que dicen tener, cuál es el vínculo con empresas que pueden ser beneficiadas por acciones del Estado, si ellos/as o sus familiares o amigos/as han tenido conductas reñidas con la ley o declaraciones opuestas a los valores democráticos, si han faltado a la verdad en asuntos públicos, etcétera. Si bien es cierto que esto no hace imposible que haya sorpresas, puede resultar tranquilizador saber que hay gente preocupada y ocupada en evitar males mayores.
Los partidos tienden a elegir la fórmula que potencie su capacidad de triunfar, buscando sumar votos extrapartidarios y a la vez no perder votos de los que no quedaron conformes con la derrota de su candidato/a. En ocasiones se ha preferido lo primero (por ejemplo, cuando el ganador elige como compañero/a de fórmula a alguien de su propio sector) y otras veces se optó por el segundo camino (en acuerdo con el/la candidato/a perdedor/a). Resulta difícil determinar cuánto pesó en la decisión final si la persona era la más indicada para el cargo. Muchas veces parece que se piensa primero en ganar y luego en cómo gobernar. Así han surgido dirigentes que demostraron ser buenos candidatos porque ganaron las elecciones pero luego no tuvieron un buen desempeño como gobernantes.
El Frente Amplio (FA) fue el único partido que hizo pública antes de las pasadas elecciones internas su decisión de que la candidatura a la vicepresidencia sería para uno/a de los/as que perdiera la elección y de que la fórmula sería paritaria. El expresidente José Mujica y la senadora Lucía Topolansky (que fue tanto presidenta como vicepresidenta en ejercicio ante la ausencia simultánea del presidente y del vicepresidente electos), basados en diversas encuestas, habían declarado que Carolina Cosse tenía menos posibilidades que el intendente canario Yamandú Orsi de ganar en octubre al candidato oficialista. La explicación sería que la primera es menos conocida y que, para los/as que la conocen, resulta menos aceptable por su estilo confrontativo. Es posible que tanto los que responden las encuestas como los dos dirigentes máximos del Movimiento de Participación Popular (MPP) al que pertenece Orsi tuvieran razón. Lo que queda sin explicar aún es por qué una persona que hizo toda su carrera política de más de dos décadas en Canelones sea más conocida en los otros 17 departamentos del interior que una persona que ocupó cargos nacionales durante 15 años y gobernó la capital durante cinco años. La gente tiene derecho a cambiar de opinión y no debería extrañar que hace cinco años, cuando Cosse se postuló para ser la candidata presidencial del FA y ya presentaba el mismo estilo frontal para comunicarse públicamente, fuera apoyada por el MPP. Es cierto que la intendenta Cosse no logró que ediles de la oposición votaran el presupuesto necesario para obras públicas como sí lo logró el intendente Orsi, pero es discutible cuánto pesó la capacidad de diálogo de cada uno y cuánto influyó la estrategia de los opositores.
El resultado de las elecciones dio la razón a las encuestas al darles el triunfo a los candidatos que las tendencias habían mostrado como favoritos en los tres principales partidos. Mientras que en el Partido Colorado (PC) perdieron los tres candidatos que ocuparon cargos en este gobierno, en el Partido Nacional (PN) ocurrió lo contrario, venció el único candidato que formó parte del PE. En el FA la única sorpresa fue que la cantidad de votantes fue muy superior a las elecciones internas de 2019, lo que según varios analistas terminó beneficiando al candidato ganador. Nunca sabremos si Mujica y Topolansky interpretaron correctamente las preferencias del electorado o si se trató de una profecía autocumplida, es decir, que muchos frenteamplistas dieron por válido lo que las encuestas anunciaban.
Hay una tercera posible explicación de la popularidad del presidente y, esto debería preocupar mucho más a la izquierda. Tal vez hay una cantidad significativa de la población que comparta sus valores.
Además de medir las preferencias del electorado sobre las candidaturas partidarias, las encuestas también han ido evaluando la popularidad del presidente. Dando sus resultados por válidos y dejando de lado todas las veces anteriores en que las encuestadoras se han equivocado al aplicarlas o interpretarlas, merece un análisis el hecho de que el presidente, a diferencia de la gestión del gobierno, tenga un porcentaje tan alto de aprobación y tan bajo de desaprobación. Una probable explicación es que los encuestados no consideran responsable al presidente del fracaso o magro resultado de las políticas impulsadas por otros/as jerarcas de su gobierno, ni de los múltiples casos de conductas indebidas de personas muy cercanas a él. Esto explicaría por qué, a pesar de que el PN obtuvo muchos menos votos que en las elecciones internas anteriores, terminó ganando por amplio margen el candidato favorito del presidente.
Otra interpretación posible es que aunque lo hacen responsable, lo consideran un mal menor frente a otras virtudes como haber logrado tener éxito en alguna política puntual (como por ejemplo la construcción de carreteras y puentes o haber destituido rápidamente a algunos de los funcionarios muy cuestionados o haber logrado vencer al FA, que por alguna razón, o varias, no quieren volver a ver gobernar). Esto último debería tener muy preocupada a la dirigencia del FA, que supo hacer una profunda autocrítica y recorrer el país dialogando con muchos sectores luego de la derrota electoral de 2019. El ajustado resultado electoral del referéndum por la ley de urgente consideración (LUC) y las encuestas siguen demostrando que hay una parte considerable de la ciudadanía que quedó tan disconforme con el último gobierno del FA que a pesar de todos los errores de este gobierno aún no está decidida a volver a darle el voto a la izquierda.
Hay una tercera posible explicación de la popularidad del presidente, y esto debería preocupar mucho más a la izquierda. Tal vez hay una cantidad significativa de la población que comparta sus valores, lo que demostraría que la llamada “batalla cultural” la está ganando la derecha. Hablar de reducir la pobreza parece que sólo es aceptado si se trata de los niños, sacarse selfis con la gente común alcanza para demostrar que vivir en un barrio privado no es promover la segregación social, saber que los asesinados tenían antecedentes o son niños de barrios pobres o hijos de narcos parece ser suficiente para tranquilizar conciencias, defender a los amigos hasta que son inculpados por la Justicia es valorado como lealtad, etcétera. Conductas como las que han tenido los principales dirigentes nacionalistas de los departamentos de Artigas, Colonia y Salto no les impidieron volver a ganar elecciones a pesar de ser criticados por dirigentes propios y extraños.
Gane o no gane las elecciones, el FA debería procurar confrontar este paradigma que parece ser dominante. En el primer caso, para asegurar políticas sociales redistributivas a largo plazo con amplio apoyo social, y en el segundo, para plantear una alternativa progresista diferenciada de la derecha. Volviendo al tema del comienzo de este artículo, puede considerarse un avance del progresismo que los principales partidos incluyeran a mujeres como precandidatas a la Presidencia, pero, según las encuestas, ninguna llegó a estar al frente de las preferencias en toda la campaña en ningún momento.
Si los partidos no dieron pruebas de haber impulsado una política de promoción de potenciales candidatas desde las últimas elecciones (todas parecen haberse abierto camino más por iniciativa propia o de algún sector), tampoco colaboraron entre ellas para ganar notoriedad. Los contrapuntos entre Laura Raffo y Carolina Cosse en la campaña electoral departamental de hace cinco años pudieron haberse continuado con debates entre ellas sobre tópicos nacionales e internacionales. La bancada femenina multipartidista creada en las legislaturas anteriores, la vicepresidenta y las ministras pudieron haber sido la base para este intercambio sobre ideas programáticas sin caer en el intercambio de chicanas como nos tienen acostumbrados algunos políticos varones. La primera mujer electa vicepresidenta de la historia de Uruguay fue promovida por el PN. ¿Qué partido será el que promueva a la primera mujer electa presidenta?
Todo parece indicar que el resultado electoral en octubre será muy parejo y que es altamente probable que tengamos nuevamente una vicepresidenta. Sin embargo, algo ha cambiado. En esta ocasión el cargo será para una excomunista desde 1990 o para una exneocomunista desde 2010. Claro que este pronóstico podría cambiar si la fórmula colorada logra capitalizar el descontento que pudo haber generado en el electorado más conservador del PN la iniciativa de Delgado de promover como compañera de fórmula a una exfrenteamplista y sindicalista. El “nuevo paradigma”, como justificó el candidato nacionalista su decisión, tiene como antecedente la fórmula electoral que presentó Julio María Sanguinetti en 1994 con el exfrenteamplista Hugo Batalla. El resultado les resultó exitoso, lograron ganar luego de una campaña en la que se promovió el temor a un FA radicalizado por haber perdido sus sectores más moderados. Ojalá en esta ocasión la campaña sea una oportunidad para confrontar ideas sobre cómo solucionar los graves problemas que tiene nuestro país y no una campaña basada en el miedo de lo que podría pasar si ganan “los otros”. Los sentimientos irracionales siempre cierran los caminos de diálogo. Y cómo cuesta volver a abrirlos.
Federico Lanza es profesor de Historia.