En diciembre del año pasado, casi todos los legisladores oficialistas presentaron un proyecto de reforma constitucional para permitir los allanamientos nocturnos, que será plebiscitado el 27 de octubre en forma simultánea con las elecciones nacionales. Los debates acerca de esta iniciativa han sido escasos y, según varias encuestadoras, parece probable que se apruebe. Esto es un llamado de atención, porque el tipo de procedimiento que se quiere habilitar implica riesgos importantes.
El Frente Amplio (FA) no apoyó el proyecto de reforma en la Asamblea General ni lo ha defendido, pero tampoco le ha dedicado mucho esfuerzo a cuestionarlo, y recién esta semana le pidió un informe sobre el tema a la Comisión de Seguridad de la fuerza política.
De acuerdo con las encuestas, una importante proporción de las personas que piensan votar al FA en octubre están de acuerdo con la reforma, y cabe preguntarse en qué medida esto es una causa o una consecuencia del silencio mantenido por la mayoría de la dirigencia frenteamplista mientras el oficialismo hace campaña por su proyecto.
Hay motivos para que la Constitución establezca que nadie puede ingresar de noche a un hogar sin consentimiento de su jefe, y que de día esto sólo se puede hacer con “orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. La norma ya estaba en el texto de 1830, con la única diferencia de que se refería a “la casa del ciudadano”, y es liviano alegar que su sola antigüedad la vuelve anacrónica.
Resulta sensato que, como ya ocurre, el mandato constitucional se flexibilice en casos de fuerza mayor como los de un incendio o una denuncia de violencia de género. También sería razonable actualizar el criterio de que siempre hay un solo jefe, que hace dos siglos podía parecer indiscutible, y convendría establecer precisiones para que las garantías que amparan un hogar no se utilicen como cobertura de actividades criminales, pero la sustancia de la norma tiene que ver con la protección de un derecho básico, contra la irrupción de particulares y también, por supuesto, contra abusos estatales.
Siguen vivas muchas personas que sufrieron las incursiones nocturnas del terrorismo de Estado, y recordamos a otras que fueron asesinadas en aquellos ataques a hogares.
Hace años que se aboga por los allanamientos nocturnos como solución para que la Policía proceda contra bocas (o presuntas bocas) de venta de drogas al por menor, pero la experiencia internacional muestra que, cuando están habilitados, es poco frecuente que se realicen con esa finalidad. Pesan en su contra los peligros incrementados de balas perdidas, bajas policiales y destrucción o escamoteo de evidencia (que, por cierto, no desaparece de las bocas cada vez que sale el sol).
Revertir el avance del crimen organizado en Uruguay no depende de que se puedan realizar allanamientos nocturnos, sino de un conjunto de medidas mucho más relevantes. Si esto no se explica con claridad, las falsas expectativas pueden determinar que a la grave situación actual se le sumen episodios trágicos.