El 7 de enero, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la empresa que opera Facebook, Instagram y Whatsapp, anunció una serie de medidas vinculadas a la relajación de las reglas de moderación de contenidos en esas plataformas. En una primera lectura las medidas parecieron estar dirigidas a satisfacer los deseos del presidente electo de ese país, Donald Trump, que desde 2016 había sido dado de baja en Facebook, pero las decisiones son variadas y los impactos podrían ser sistémicos para el espacio público digital a nivel global.
En un discurso de cinco minutos publicado en su cuenta de Instagram, el líder de Meta fue mucho más allá de hacer un gesto político para congraciarse con el nuevo gobierno, como ya lo venían haciendo otros magnates tecnológicos con donaciones y contrataciones de funcionarios destinadas a mostrar afinidad con Trump y su movimiento. En efecto, Zuckerberg anunció cambios radicales en la forma que las plataformas bajo su control moderan los flujos de desinformación y los discursos de odio que circulan en redes sociales, cambiando así el enfoque que la empresa había seguido desde hace más de una década.
En nombre de la libertad de expresión, defenestró las políticas de verificación realizadas por organizaciones de chequeo independiente y los filtros que aplica la empresa para prevenir la hostilidad contra distintos grupos, redes que su propia empresa había construido para contrarrestar la desinformación deliberada y el hostigamiento a distintos colectivos. Alegó que la moderación se había transformado en un sistema “complejo y, aunque los errores se reduzcan al 1%, derivan en censurar a millones de personas”.
En ese marco anunció la supresión de los programas de fact-checking que la empresa promovía con fondos y mayor visibilidad, llevados adelante por medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales dedicadas a informar sobre la circulación de noticias falsas y sus sucedáneos (deep fakes, videos falsos realizados con inteligencia artificial, bots, etcétera). A su juicio, estas organizaciones efectúan su trabajo con “sesgo político” y han “generado desconfianza”, especialmente en Estados Unidos.
El programa será sustituido por “notas de la comunidad”, una herramienta digital introducida por el magnate tecnológico y designado asesor presidencial Elon Musk en la plataforma X, que permite a personas, a título individual y de manera anónima, comentar un posteo presuntamente falso y agregar fuentes verificadas, aunque previamente deberán registrarse en una base de datos de la empresa.
La respuesta no se hizo esperar; diversas organizaciones y medios de comunicación precisaron que los fact-checkers no censuran ni eliminan información, sino que explican o informan al público que una noticia que circula es falsa, inexacta o tiene un contenido fraudulento, y que muchas veces es impulsada por campañas coordinadas y financiadas.
En la comunidad digital y el periodismo también reina el escepticismo acerca de las consecuencias que tendrá dejar sin efecto el sistema de chequeo confiado a periodistas y especialistas en verificar información, que han demostrado tener las herramientas y el oficio para contactar fuentes confiables o consultar datos en tiempos virales; quienes en general, por otra parte, actúan bajo un código de transparencia para garantizar su aproximación imparcial al fenómeno. Por otro lado, es difícil imaginar a los ciudadanos de a pie destinando tiempo de manera voluntaria y capacitándose para luchar contra las usinas de desinformación bien financiadas, los ejércitos de bots y las campañas coordinadas llevadas adelante por actores profesionales e interesados.
Un segundo cambio anunciado por Zuckerberg promete levantar las restricciones –a cargo de verificadores de la empresa y filtros automatizados– sobre el discurso que promueve la violencia hacia personas y grupos históricamente discriminados. Ofreció como ejemplos que se dispone a “eliminar muchas restricciones sobre inmigración y género que están fuera de sintonía con el discurso general”. Miles de comentarios publicados a continuación de su video con el anuncio criticaron la medida porque supone dar vía libre a discursos basados en estereotipos que reafirman la discriminación, son denigrantes e incluso incitan a ataques destinados a deshumanizar a mujeres, personas de diversas razas y credos, así como a los migrantes, algo que ya se puede observar en la plataforma X, que se adelantó a levantar estas barreras.
Zuckerberg también anunció dos medidas políticas que sintonizan con la agenda del movimiento MAGA (Make American Grate Again): mudará los equipos de moderación de Meta de California a Texas, como ya lo hizo Musk con la ex Twitter, y suprimirá el programa de contratación de personal basado en la inclusión, equidad y diversidad de personas.
Finalmente, Zuckerberg hizo un anuncio destinado al resto del mundo. Con absoluta prescindencia de las diferencias y matices, dijo que Meta espera trabajar con el próximo gobierno de Estados Unidos en su lucha contra la censura en todo el mundo. Afirmó que Europa institucionalizó la censura –refiriéndose a la Directiva de Servicios Digitales que regula algunos aspectos de la moderación de contenidos de las plataformas–. Agregó que los países de América Latina tienen “tribunales secretos” que pueden ordenar a las empresas eliminar información, lo que fue decodificado como una alusión a las decisiones del juez Alexander de Moraes del Tribunal Supremo de Brasil, que ordenó a X suprimir las cuentas de personas vinculadas al asalto al Congreso y al Palacio de Justicia. En este tramo el CEO emparentó a Europa y América Latina con China, que de manera general impide utilizar las aplicaciones de Meta en ese país.
Hay que precisar que las cortes brasileñas no son secretas, como afirma Zuckerberg: en el marco del cumplimiento de decisiones sobre delitos probados, un juez del Tribunal Supremo puede adoptar medidas de cumplimiento, que luego de ordenadas pueden impugnarse y ser revisadas por el pleno. Por otro lado, es disparatado comparar las instituciones democráticas de Europa y América Latina con las distintas formas de censura aplicadas por el Estado autoritario en China.
Cambio de época y falsa bandera
Es interesante reparar en que el CEO de Meta justificó esta batería de medidas en “el punto de inflexión cultural” que significó la última elección para la sociedad estadounidense, y aseguró que a través de ellas busca “una mayor protección de la expresión y discusión de temas políticos”. Una fórmula que adhiere sin medias tintas a la agenda conservadora que se impuso en Estados Unidos con la victoria y el regreso de Trump, luego del interregno de Biden. La campaña republicana estuvo basada en buena medida en la crítica a la denominda “cultura woke”, término que resumiría todo intento público o privado de promover medidas afirmativas, lenguaje inclusivo o medidas antidiscriminatorias para determinados grupos.
Para la mayor parte de los expertos, no resultó sorpresivo que Zuckerberg decidiera, a las puertas de un cambio de gobierno tan trascedente, modificar las políticas de sus plataformas para alinearse con el gobierno de turno en su país.
En un reciente foro organizado por la organización Observacom, varios expertos de América Latina recordaron el historial del CEO y sus empresas: durante el gobierno de Barack Obama, plataformas como Facebook ofrecieron brechas en las aplicaciones para el espionaje interno y a funcionarios internacionales a cargo de organismos del Estado; tiempo después, admitieron el uso de datos personales de usuarios por parte de Cambridge Analítica para incidir en las elecciones estadounidenses de 2016; durante la primera presidencia de Trump, Facebook no aplicó al discurso del presidente las mismas normas comunitarias para prevenir la violencia que aplicaba a otros usuarios. Más tarde, cuando ocurrió el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2022, Facebook suspendió a Trump de la plataforma.1
Por todo ello, parece haber consenso a nivel de expertos internacionales en que este y otros integrantes de las élites tecnológicas utilizan la libertad de expresión “como falsa bandera”, cuando en realidad hay razones políticas, económicas y negocios con el Estado en juego, más que la defensa de la libertad de expresión. “El paradigma de la primera enmienda es prevenir que el Estado interfiera con la forma en que las personas o las empresas ejercen la libertad de expresión, pero aquí Zuckerberg nos dice sin vueltas que no hay independencia del gobierno”, explicó el académico Martín Becerra en el foro de Observacom.
Más allá de los análisis, para la sociedad civil de la región, para la propia democracia y en general para millones de personas estos anuncios son malas noticias. Luego de varios escándalos, Zuckerberg se había mostrado abierto a generar espacios digitales “seguros” para darles “voz” a todas las personas sin distinción. Luego de mucha insistencia, y con la participación de la sociedad civil, la firma diseñó sistemas de moderación que no eran perfectos, pero que buscaban ponderar la libertad de expresión y el disfrute de otros derechos fundamentales. Con las nuevas políticas, veremos proliferar la desinformación y los discursos de hostigamiento y discriminación contra migrantes, mujeres, personas LGBTQ en las plataformas con miles de millones de usuarios. Y no como fenómeno aislado, en muchos casos están vinculados al proyecto político de la ultraderecha global.
Por supuesto que el sistema de verificación y moderación de contenidos que ahora pasa a la historia cometía errores. Incluso desde la sociedad civil se insistía sobre los estándares y la transparencia que la moderación de contenidos debía respetar para prevenir la censura. Las críticas estaban centradas en la falta de transparencia y de medios para apelar decisiones que afectaban contenidos. De hecho, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales, Meta creó en 2020 el Consejo de Supervisión, una suerte de corte, integrada por personas expertas, que resolvía apelaciones y hacía recomendaciones a la empresa cuando se detectaban fallas en la política de moderación de contenidos.
Como ya nada parece obvio, hay que subrayar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, y de hecho los tribunales de justicia ponderan a diario respecto a la colisión de derechos. El sistema de autorregulación que impulsaron los organismos internacionales para las redes sociales es una forma de arbitrar estas discusiones; por tanto, es un falso dilema plantear que la libertad de expresión en plazas públicas como esta debe amparar los discursos violentos que anulan la capacidad de expresarse e incluso deshumanizan a personas y colectivos.
Por otra parte, los discursos no son sólo bits; se ha documentado gran cantidad de casos respecto a la viralización de discursos que incitan a la violencia y al hostigamiento en plataformas digitales, que luego tienen efectos negativos o producen violencia en la vida real de las personas e incluso de sociedades enteras.
Los discursos no son sólo bits; se ha documentado gran cantidad de casos respecto a la viralización de discursos que incitan a la violencia y al hostigamiento en plataformas digitales, que luego tienen efectos negativos o producen violencia en la vida real de las personas e incluso de sociedades enteras.
Alternativas a las plataformas que amparan discursos tóxicos
La decisión de Meta aceleró en distintos ámbitos el debate sobre las alternativas que se pueden articular frente a lo que parece la institucionalización por parte de las principales plataformas de la desinformación, la propaganda y los discursos tóxicos que facilitan la persecución de distintos colectivos y afectan los procesos democráticos.
De hecho, millones de personas han abandonado las plataformas tradicionales y migran a nuevos espacios digitales como Mastodon, Blue Sky y Substack, que prometen una experiencia descentralizada, con mayor control de las personas sobre el contenido y que son de código abierto, lo que permite a desarrolladores aportar soluciones en comunidades particulares a problemas particulares. Una nueva era de trashumantes digitales parece estar dando sus primeros pasos.
El esfuerzo no es despreciable, pero por ahora constituye una solución destinada a las élites académicas, sociales y políticas. No parece viable en el corto plazo cambiar los hábitos de consumo digital de millones de personas, que se informan, interactúan o incluso desarrollan sus microemprendimientos en esas redes.
Una regulación legal de las plataformas –basada en estándares de derechos humanos– es otra alternativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil de América Latina y Europa, pero hasta el momento se ha topado con la polarización política que afecta a casi todas las naciones, así como a la falta de coordinación de políticas públicas en la región.
Es cierto que el gobierno de Lula da Silva en Brasil ha creado una Secretaría de Asuntos Digitales que busca coordinar posiciones en distintos foros internacionales para generar reglas básicas que protejan la integridad de la información, consciente por experiencia propia de que las campañas de desinformación pueden desestabilizar a los gobiernos democráticamente electos y erosionar el estado de derecho. Por su parte, Europa, que ha avanzado en este tipo de legislación, estará bajo asedio en los próximos años respecto a mantener o no estas normas de transparencia y moderación de contenidos.
Finalmente, el uso intensivo de redes sociales y el advenimiento de la inteligencia artificial genera nuevos desafíos; distintos expertos indican que los estados deberían asumirlos con legislación puntual y políticas públicas. El acceso a internet de las personas más vulnerables, la protección de datos personales, la interoperabilidad de las plataformas, la transparencia con que estas actúan frente a la democracia son sólo algunos de los temas que están hoy más que nunca en el centro de las preocupaciones.
Edison Lanza fue relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2014 a 2020.
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Se puede acceder al intercambio en https://www.youtube.com/watch?v=YHmzqhucWeY. ↩