La sostenibilidad debe ser, necesariamente, un deseo de la sociedad humana. Las actividades con relación a la naturaleza deben procurar hacer duradero y disfrutable lo bueno que tenemos, además de mejorar lo negativo que creamos o padecemos. Se aplica al desarrollo sostenible o a cualquier actuación humana con efectos significativos.
La sostenibilidad es global; fragmentar el concepto es desvirtuar su valor sustantivo. Los principios generales, derivados de principios de gestión ambiental, aplicables a un plan, programa o proyecto, durante o después de su ejecución, son aquellos aplicables a cualquier tipo de actuación de gestión y uso del territorio y sus recursos, sea en el ámbito público o privado. Son principios porque contienen ideas fundamentales orientadoras y son universales porque se extienden a todas las actividades, a todo el mundo y a todos los tiempos históricos y sus circunstancias.
Necesitamos mejorar la calidad de vida del conjunto de la población y procurar la cohesión social. También preservar el capital natural y la calidad del ambiente para las generaciones futuras. La equidad social es una meta y un valor que debe inspirar las decisiones en el diseño de políticas públicas y en el sector privado.
La búsqueda de consenso en las decisiones sobre objetivos y necesidades comunes tiene que ver con los niveles de participación y acceso a la información. En la planificación, urbana o territorial, y en especial de espacios naturales protegidos (ENP), son imprescindibles procesos de exposición pública y la valoración de propuestas de colectivos económicos, sociales y culturales, en particular del ámbito local.
Las actuaciones y la planificación sostenible del territorio deben basarse en visiones participativas y globales, evitando cualquier solución sectorial o unilateral. Responsabilidad compartida, de eso se trata.
La integración ambiental implica incorporar la variable ambiental con un enfoque ecológico en todas y cada una de las diferentes políticas y actuaciones sectoriales: uso racional de los recursos naturales, minimizar la producción y peligrosidad de los residuos, contribuir a la prevención y solución de problemas ambientales globales, conservar y restaurar los ecosistemas y espacios naturales degradados, entre otros.
La cautela expresa la preferencia por no actuar si no existe total certeza de no ocasionar impactos ambientales severos e irreversibles. Este principio puede presentar cierta ambigüedad en las interpretaciones, aunque siempre debe primar en procesos de evaluaciones, con carácter previo, en acciones de envergadura con efectos negativos potenciales sobre los ecosistemas, el territorio y la población.
La prevención es una estrategia que permite anticiparse a los conflictos derivados de una actuación con implicaciones ambientales o sociales. Debe ser una medida prioritaria, con prevalencia respecto a las medidas compensatorias o de corrección de daños producidos por la implementación de un plan, programa, proyecto o cualquier actuación de gestión. Restaurar, en muchos casos, es necesario para recuperar y conservar el patrimonio natural degradado por diversas causas antropogénicas, planificadas o accidentales. Recuperar los valores y funciones de los ecosistemas que impactan de manera significativa sobre los recursos naturales y humanos de las comunidades en cuestión nos obliga y compromete siempre.
La prevención permite anticiparse a los conflictos derivados de una actuación con implicaciones ambientales o sociales. Debe ser una medida prioritaria, con prevalencia respecto a las medidas compensatorias o de corrección de daños.
El valor ecológico y económico del medio rural y su identidad territorial deben ser factores considerados y cuidados al máximo en todo proceso de planificación y gestión, en especial si implica una expansión de las áreas urbanas sobre el espacio rural o la transformación intensa de este.
La importancia del seguimiento y evaluación de planes estratégicos, como los relacionados con la adaptación y mitigación al cambio climático, es fundamental para calificar algo de sostenible o valorar su grado de sostenibilidad; para eso basta revisar el cumplimiento de los principios, su implementación y efectividad sobre las sociedades multiculturales, desarrolladas y en pos del desarrollo sostenible.
Uruguay cuenta con un Plan Nacional (NAP) para la adaptación al cambio climático en ciudades e infraestructuras en el marco de una agenda estratégica más amplia relativa a la sostenibilidad de las ciudades. Los objetivos son reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático creando capacidades de adaptación y resiliencia en ciudades, infraestructuras y entornos urbanos. También integrar las medidas en las políticas, programas y actividades, en procesos y estrategias de planificación dirigidos a las ciudades y la planificación local. También están los NAP Costas, Agro y Energía.
En Montevideo, hace dos años, se celebró la octava semana de la energía de la Olade (Organización Latinoamericana de Energía), con cerca de 2.000 representantes de gobiernos, agencias internacionales, academia y empresas de 27 países. En esa instancia tuvimos la oportunidad de escuchar, de primera mano, a Michelle Bachelet reflexionando sobre una mayor justicia climática y una necesaria transición justa. Hizo referencia a la igualdad de género como herramienta indispensable para lograr avances en la transición energética, considerando la energía como un impulsor del desarrollo humano que puede mejorar o empeorar la calidad de vida de las personas. La energía puede incidir en la realización de cambios educativos, sociales y económicos que promuevan mayor igualdad y niveles de participación más equitativos en espacios de decisión.
Actualmente, en la etapa final del proceso, se están implementando los Diálogos Regionales hacia la elaboración de un nuevo Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, liderado por el Ministerio de Ambiente, en coordinación interinstitucional con el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación y Cultura. Un espacio abierto para reflexionar e intercambiar perspectivas y experiencias sobre los impactos del cambio climático en las comunidades y generar recomendaciones desde los territorios con participación de los gobiernos departamentales y la sociedad civil organizada, entre otros.
En vísperas de la COP30 (Conferencia de las Partes) a realizarse en Brasil, los estados, las organizaciones regionales y actores no estatales que son convocados por Naciones Unidas tendrán una enorme responsabilidad colectiva para garantizar el desarrollo sostenible en tanto un derecho humano incuestionable e impostergable a nivel mundial.
Podemos y debemos rendir más. Uruguay es un país de escala pequeña, con responsabilidad colectiva evidente en el cumplimiento de metas de desarrollo sostenible a través de las políticas de Estado en temas tan importantes como la matriz energética, social y productiva. Garantizar el cuidado del ambiente, la prosperidad de las sociedades en base a la igualdad de oportunidades y de derechos y el fortalecimiento de la democracia son parte de los objetivos por donde transitar las próximas décadas sin dejar a nadie atrás.
Andrea Maddalena es magíster en Género, Cambio Climático y Desastres.