El Poder Ejecutivo anunció esta semana su decisión de rescindir el contrato de construcción de patrulleras oceánicas con la empresa española Cardama, firmado en el período anterior, y presentó denuncia en lo penal por el incumplimiento de las condiciones de garantía acordadas con el astillero. Cuando se acerca el fin del primer año de gobierno nacional frenteamplista, y más allá de los resultados del proceso judicial, este acontecimiento cambia el escenario de las relaciones entre el oficialismo y el Partido Nacional (PN), la mayor fuerza política de la oposición.
El proceso previo al acuerdo con Cardama fue tan inusual y polémico que se volvió sospechoso. Entre otras cosas, hubo una competencia de ofertas con clara ventaja para la presentada por una empresa china, a la que no se contrató tras presiones del gobierno estadounidense, y finalmente se optó por la firma española, que había sido mal evaluada, cotizó un precio llamativamente bajo y no tenía antecedentes en la construcción de este tipo de buques.
La falta de experiencia, así como la afirmación de que las obras podían realizarse por mucho menos dinero que el que cobran los astilleros especializados, justificaban el requisito de una garantía muy sólida. Cardama tenía 45 días para presentarla y tardó casi 11 meses, con varios intentos fallidos. El riesgo era alto.
La insólita demora, temprana violación de lo acordado, fue tolerada por el anterior Poder Ejecutivo. Este terminó aceptando una garantía que no abarcaba todo el proceso de construcción y los 12 meses posteriores, como estaba previsto, sino que se renovaba anualmente, aumentando así los riesgos si había incumplimientos en etapas avanzadas. Además, cubría sólo un 5% del total de los pagos que se iban a efectuar.
La interpretación más benevolente es que las autoridades buscaron facilitar un negocio conveniente para el Estado uruguayo, pero también cabe la posibilidad de que lo prioritario fuera facilitar el negocio de Cardama. En una operación de 82 millones de euros hay sobradas razones para investigar, sobre todo ante los informes sobre el desarrollo insatisfactorio de las obras y el descubrimiento de que la garantía es o siempre fue ficticia.
No estamos ante una judicialización de la política, como cuando se pretende presentar como delito un lineamiento de gobierno. Hay hechos de apariencia claramente delictiva en lo que tiene que ver con la garantía, y motivos legítimos para indagar cómo y por qué se aceptó.
Desde el PN se podría haber reconocido que corresponde una investigación judicial y quedar a la espera de su resultado. En cambio, se afirmó que la rescisión y las denuncias eran una maniobra política, y el exministro Armando Castaingdebat dijo incluso que el Frente Amplio quiere “debilitar a las Fuerzas Armadas” y privarlas de los recursos que necesitan.
Es crucial cuidar nuestras aguas territoriales, pero también lo es cuidar las inversiones estatales. Sin lo segundo, no se puede lograr lo primero. Y tanto o más relevante es cuidar la transparencia en la gestión pública, sin dejar el menor lugar a dudas.