El reciente informe del Banco Mundial “Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento” (octubre, 2025) volvió a poner sobre la mesa un diagnóstico incómodo para América Latina: no tenemos un problema de cantidad de emprendedores, sino de calidad emprendedora. Según el organismo, la región “canaliza una energía emprendedora abundante hacia microemprendimientos de baja productividad y escasa capacidad de crecimiento”, generando un ecosistema con mucha rotación pero poca acumulación de capacidades. No es nuevo: décadas atrás, Mario Cimoli y Giovanni Dosi ya advertían que, sin aprendizaje tecnológico, la estructura productiva latinoamericana tiende a reproducir su propio rezago. Lo que sí es nuevo es la urgencia. La región envejece, se desacelera y enfrenta la doble transición —digital y verde— en desventaja. Sin un salto en productividad, el crecimiento será insuficiente para sostener el desarrollo.
Uruguay no está ajeno a esta tensión. Y sin embargo, noviembre trae un recordatorio poderoso: el Mes del Emprendimiento y, dentro de él, el Día Nacional de la Cultura Emprendedora (celebrado el tercer jueves de noviembre según la Ley 19.820). Este año, impulsadas por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Red Uruguay Emprendedor, se llevan a cabo más de 120 actividades en todo el país, en las cuales participan entre 15.000 y 18.000 personas. Esta escala no es trivial para un país de tres millones y medio de habitantes. Habla de una cultura que se expandió hacia el territorio, hacia los liceos, hacia la universidad y hacia los servicios públicos. Y este año, con un foco claro: conectar emprendimientos con generación de conocimiento, es decir, con el sistema universitario y de investigación. Un giro necesario.
El ecosistema uruguayo ha mostrado avances notables. El ICSED 2023 lo posiciona como el segundo mejor ecosistema emprendedor de Latinoamérica, destacando su entramado institucional, la cultura empresarial y las condiciones regulatorias. StartupBlink 2025 lo ubica en el puesto 61 del mundo, pero con una densidad relativa superior a la de países más grandes, lo que confirma que la escala pequeña juega a favor cuando hay instituciones fuertes. La trayectoria de empresas como dLocal, Nowports o PedidosYa —con orígenes o raíces locales y proyección global— ha ayudado a consolidar un relato aspiracional, mientras que decenas de cientos de emprendimientos apoyados por ANDE y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación muestran que la “infraestructura blanda” del ecosistema existe y funciona.
Casos como Order Eat, surgido en Maldonado por jóvenes de 18 años, apoyado por instrumentos de política pública, recuerdan que la articulación público-privada puede transformar trayectorias. La literatura nacional converge con los estudios especializados a nivel internacional que subrayan la relevancia de los “ecosistemas de apoyo denso”, al estilo de lo que documentan Laszlo Szerb y Gabor Rappai o lo que describen David Isenberg y Harold Feld en sus estudios sobre el surgimiento de hubs de innovación.
Pero si los avances son reales, los desafíos también lo son. Uruguay sigue atrapado en lo que varios economistas locales han llamado “el problema de la escala efectiva”: un país capaz de generar buenas condiciones y capital humano calificado, pero que no consigue traducir esos inputs en un volumen equivalente de innovación y productividad. La evidencia del Global Innovation Index es persistente: Uruguay puntúa bien en insumos de innovación, pero sus outputs quedan rezagados. Las causas son múltiples: fragmentación institucional, dispersión presupuestaria, dificultades de coordinación, baja vinculación entre ciencia y empresa, y un sistema productivo dominado por sectores escasamente intensivos en conocimiento. La Universidad Tecnológica (UTEC) crece, la Universidad de la República se descentraliza y las universidades privadas se expanden en el interior, pero aún falta construir plataformas intermedias donde la investigación se convierta en soluciones, prototipos y empresas.
Los países que lideran transiciones tecnológicas tienen Estados estratégicos, capaces de asumir riesgos, coordinar actores y apostar a sectores con potencial. Un Estado que emprende, no solo regula.
También pesa el modo en que pensamos el desarrollo. Por muchos años, América Latina compró la narrativa del Estado mínimo, un Estado simple “organizador del entorno” que debía dejar hacer. Pero la discusión internacional —desde Mariana Mazzucato hasta Dani Rodrik— muestra que esto es insuficiente para construir trayectorias de alto valor agregado. Los países que lideran transiciones tecnológicas tienen estados estratégicos, capaces de asumir riesgos, coordinar actores y apostar a sectores con potencial. Un Estado que emprende, no solo regula.
Uruguay tiene condiciones para ese salto. Tiene liquidez financiera, alta conectividad, capital humano calificado y una institucionalidad confiable. Tiene además un ecosistema emprendedor que funciona y un sistema científico que produce conocimiento de calidad. Además, hay muestras claras de un rumbo que busca dar el paso sistémico: articular, priorizar y potenciar. Requiere identificar cadenas de valor donde Uruguay pueda construir ventajas dinámicas —la agroininteligente, las ciencias de la vida, las industrias creativas, la logística, el turismo y las tecnologías de información y los servicios intensivos en conocimiento— y conectar ciencia, tecnología e innovación con esas priorizaciones.
Aquí entra en escena la idea de un Estado emprendedor, no como eslogan, sino como una arquitectura concreta. Implica articular mejor las agencias públicas e institutos especializados con los ministerios productivos, evitando la superposición y optimizando recursos. Implica reforzar la investigación y el desarrollo tecnológico con instrumentos de alta dedicación. Implica construir una institucionalidad robusta de valorización del conocimiento que abarque transferencia, licenciamiento y creación de spin-offs.
Implica también promover innovación en empresas públicas y privadas, expandir los instrumentos para emprendimientos de base científico-tecnológica, profundizar la internacionalización de pymes y startups y calidad regulatoria que implementen mecanismos como sandboxes (entornos seguros para experimentar), entre otros instrumentos. Y exige, además, una evaluación y mejora continua del sistema de innovación, algo que varios organismos multilaterales recomiendan para Uruguay desde hace al menos una década.
Un Estado emprendedor no sustituye al mercado: lo potencia. Convoca a empresarios, trabajadores, academia y organizaciones sociales para construir apuestas para el país. Se aleja de la dicotomía Estado–mercado y adopta una lógica de co-creación estratégica. No es un Estado que reparte; es un Estado que transforma. Y, sobre todo, es un Estado que entusiasma, que convoca a los mejores talentos, que asume su responsabilidad histórica en esta etapa de transición.
El Día Nacional de la Cultura Emprendedora debería servir para celebrar lo logrado, pero también para recordar lo que está en juego. Uruguay tiene la posibilidad de posicionarse como un país que transforma conocimiento en bienestar. Pero para hacerlo, debe volver a pensar en grande. Y esta vez, hacerlo con la audacia que exige el tiempo en que vivimos.
Juan Ignacio Dorrego es doctor en Gestión, Finanzas y Contabilidad, y es presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo.