El análisis de la resolución 2803 del 17 de noviembre de 2025 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas merece varias consideraciones, que intentaré formular teniendo en cuenta tanto sus contenidos explícitos como los implícitos (por omisión o simplemente para ocultar los verdaderos intereses en el juego maquiavélico de la real politik internacional).
El primer párrafo de dicha resolución indica el punto de partida o el motivo de la resolución (a mi juicio –tal vez intencionalmente–, equivocado), delimitando y encubriendo el origen del “problema”. Cuando establece que “el Consejo de Seguridad, acogiendo con beneplácito el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza de 29 de septiembre de 2025 (“Plan Integral”) (anexo 1 de la presente resolución), y aplaudiendo a los Estados que lo han firmado, aceptado o respaldado”, falsea y distorsiona la realidad. De suyo, sabemos, y lo saben los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que no se trata de un conflicto acotado a una parte de la Palestina histórica, por cuanto Cisjordania constituye el otro territorio ocupado con colonias declaradas ilegales hace más de 20 años por la propia organización internacional. Los palestinos de Cisjordania sufren hoy mismo el incremento de la espiral de crímenes y ataques de los colonos apañados por el ejército israelí, sin olvidar la anexión de facto de Jerusalén Oriental y la judaización de los lugares de culto religioso de cristianos y musulmanes, así como del Barrio Armenio.
El segundo párrafo refuerza aquella idea que desfigura y transmuta la propia sustancia del drama palestino: “Habiendo determinado que la situación en la Franja de Gaza representa una amenaza para la paz regional y la seguridad de los Estados vecinos y haciendo notar sus anteriores resoluciones pertinentes relativas a la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina”. En otras palabras, la resolución asume que el genocidio en Gaza no es el problema, sino que es la “situación” registrada en este territorio la que representa una amenaza a los Estados vecinos, léase, el Estado de Israel, siendo la cuestión palestina apenas un contexto de referencia. Al parecer, para el Consejo de Seguridad, los miles de cadáveres palestinos, los sobrevivientes con hambre, los enfermos y los mutilados, es decir, toda la población que habita Gaza entre escombros y cenizas, constituye la amenaza. Hubiera sido menos hipócrita aludir a la amenaza de la resistencia armada allí confinada, rodeada y oculta entre túneles semiderruidos y pedazos de infraestructura.
En los siguientes párrafos menciona explícitamente la conformación de una Junta de Paz y condiciona el futuro del Estado Palestino a un conjunto de reformas, sin explicitar cuáles serían y quiénes las evaluarían oportunamente. Nada más parecido a un protectorado (virreinato de nueva generación) de carácter típicamente colonial. Dicho de otro modo, Estados Unidos se erige como el gobernador validado por la ONU en Gaza, en la medida en que se asume plenamente el Plan Integral que forma parte de la Resolución 2803 incluido como su único Anexo. ¿Quiénes serán los miembros de esta Junta de Paz? La resolución establece en su punto 4, inciso 1: “La puesta en marcha de una administración encargada de la gobernanza de transición, que incluirá la supervisión y el apoyo de un comité palestino tecnocrático y apolítico integrado por palestinos competentes de la Franja, como propugnaba la Liga de los Estados Árabes, que será responsable de las operaciones cotidianas de la función pública y la administración de Gaza”. En este sentido, se manifiesta que se integrará por tecnócratas palestinos (en carácter de asesores); sin embargo, nada dice acerca de quiénes los elegirán y los contornos de autonomía, competencias y potestades de decisión. En el Anexo se anuncia que la presidiría Tony Blair, aunque la resolución menciona a los Estados que participaron en las negociaciones sin dar más detalles. En otras palabras, todo se reduce al buen gerenciamiento o a la gestión eficiente del horror, además del control absoluto y el sofocamiento de toda resistencia (armada o pacífica). Y serán los propios tecnócratas palestinos quienes asesorarán y garantizarán el proceso de pacificación y reconstrucción de Gaza con una fuerza especialmente entrenada a tales infames propósitos; historia ya conocida.
Más adelante, la resolución expresa que “una vez que se haya llevado a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina y haya avanzado la reurbanización de Gaza, se podrán dar por fin las condiciones necesarias para una vía factible hacia la libre determinación y la condición de Estado de Palestina. Los Estados Unidos establecerán un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político que permita alcanzar una coexistencia pacífica y próspera”. Esto significa que, dependiendo de las reformas que le exigen a la Autoridad Nacional Palestina (en adelante ANP), se podría emprender el camino a una negociación con la potencia ocupante (Israel), lo que traslada el futuro del Estado Palestino a un tiempo indefinido y sin perspectivas temporales preestablecidas. En otras palabras, significa una nueva carta de crédito para la imposición de la fuerza bruta a manos del verdugo, esta vez de manera coordinada, legitimada y más “racional”, al amparo de un mal llamado diálogo impulsado por la potencia (Estados Unidos) que sustenta al régimen sionista desde hace décadas.
La ONU sabe bien que la destrucción casi completa de Gaza y la matanza indiscriminada de su población no tiene otro objetivo que extender el territorio de Israel y garantizar su completo dominio por encima del derecho internacional. La ONU sabe bien, porque decenas de sus resoluciones han sido completamente desconocidas por el régimen sionista, que el objetivo proclamado es aniquilar toda resistencia del pueblo palestino que lucha por su libertad y autodeterminación. La ONU sabe bien que el genocidio “casual y natural” no fue un producto de las circunstancias por las que la confrontación con la resistencia armada fue derivando, sino el resultado lógico del expansionismo sionista en la Palestina histórica (Judea y Samaria en los mapas que se enseñan en las escuelas israelíes).
Se otorga el derecho a un régimen sionista y criminal de supervisar, controlar o disponer de cualquier medio para condicionar a la supuesta fuerza de paz, siempre que aquel entienda que se interpone con sus reales intereses en Gaza.
En el punto 7 se “autoriza a los Estados Miembros que colaboren con la Junta de Paz y a la Junta de Paz a que establezcan una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) de carácter temporal en Gaza, que se desplegará bajo un mando unificado aceptable para la Junta de Paz, con fuerzas aportadas por los Estados participantes, en estrecha consulta y cooperación con la República Árabe de Egipto y el Estado de Israel, y que utilizará todas las medidas necesarias para ejecutar su mandato de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario”. Insólitamente (o no tanto), esta fuerza de paz no serían los conocidos Cascos Azules de la ONU, sino un aparato militar que coordinaría con el Estado de Israel (potencia ocupante que ha masacrado a la población de Gaza). Dicho de otro modo, se otorga el derecho a un régimen sionista y criminal de supervisar, controlar o disponer de cualquier medio para condicionar la supuesta “fuerza de paz”, siempre que aquel entienda que se interpone con sus reales intereses en Gaza. Absolutamente inadmisible y vergonzante. Es –en mi opinión– el fin de toda regla política y ética de sustento del derecho internacional consagrado con creces durante décadas.
Más adelante, y para disipar toda duda posible, se establece que “la FIS colaborará con Israel y Egipto, sin perjuicio de sus acuerdos vigentes, y con los efectivos de la fuerza de policía palestina, una vez que hayan recibido adiestramiento y se hayan verificado sus antecedentes, para ayudar a mantener la seguridad en las zonas fronterizas, estabilizar las condiciones de seguridad en Gaza garantizando el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza”. Dicho de un modo simple, la FIS deberá garantizar que el pueblo palestino no se subleve, bajo ninguna circunstancia, perpetuando su opresión hasta que se calmen sus ánimos y depriman sus ansias de libertad.
En varios puntos de la resolución se menciona el ingreso de la ayuda humanitaria, la reconstrucción de Gaza y la apelación a donantes y fuentes financieras como el Banco Mundial “mediante la creación de un fondo fiduciario específico para ese fin gobernado por los donantes”. Ello significa que al Estado de Israel no se le exige, en modo alguno, que asuma los costos de la destrucción masiva de Gaza. En suma, se exime al régimen sionista de toda responsabilidad.
Por otra parte, en el Anexo que se integra a la resolución, se estipula un proceso plagado de incertidumbres e indefiniciones, aun cuando en aspectos concernientes a los derechos del pueblo palestino se establezcan con precisión los objetivos que implican el desarme de todas las organizaciones de la resistencia y la sumisión completa a las autoridades foráneas que habrán de controlar la Franja de Gaza. En otras palabras, el pueblo palestino deberá acatar -o seguir muriendo- los designios de los “nuevos” intrusos (esta vez legitimados por la ONU). Precisamente, el término desradicalizar significa “asumir el sojuzgamiento” –sin cortapisas– de los palestinos a las voluntades extranjeras, comandadas por Estados Unidos (aliado incondicional del régimen sionista).
Por razones de espacio no puedo examinar de manera pormenorizada todo el contenido del Anexo; no obstante, las piezas clave están incorporadas a los enunciados en la Resolución 2803. Las conclusiones son desalentadoras para la humanidad toda. El régimen sionista en Israel cuenta con carta blanca para seguir asesinando a discreción, aun violando sistemáticamente la tregua o cese al fuego (los rehenes nunca fueron la principal preocupación o el motivo fundamental, sino apenas una excusa). La ANP cumplirá nuevamente el triste papel desempeñado luego de los Acuerdos de Oslo I y II, es decir, la función disciplinadora del pueblo palestino (aparentemente, sería el producto de las negociaciones a cuenta de un futuro Estado Palestino).
Quedan, después de todo, algunos mensajes inequívocos: a) aquel pueblo que se resista a la opresión será castigado, sin importar la evidencia empírica abrumadora que denuncie los crímenes de guerra, el genocidio o la limpieza étnica perpetrados en su contra; b) los responsables directos de tales atrocidades tendrán el legítimo derecho a controlar todo el proceso de “normalización” una vez finalizada la matanza, sin que por ello deban rendir cuentas sometiéndose a la justicia de los tribunales internacionales competentes; y c) la aceptación sumisa del nuevo gobernador (el virrey o cualquier otra figura de similar connotación) implicará beneficios a futuro siempre que no sea cuestionada su autoridad.
Para que conste en los anales de la historia de un nuevo despojo, estos son los Estados que suscribieron la resolución de referencia, sea que la hayan votado o se abstuvieran: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, Argelia, Eslovenia, Guyana, República de Corea, Sierra Leona, Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia.
Christian Adel Mirza es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.