Se está llevando adelante el “Diálogo Social” propuesto como alternativa al plebiscito de reforma constitucional que impulsamos desde el movimiento sindical, las organizaciones sociales populares y algunas fuerzas políticas. Tras una ajetreada campaña electoral desarrollada en 2024, en la que buena parte de la discusión se centraba en el plebiscito que promovimos como clase trabajadora y que terminó en la no aprobación de nuestra propuesta, es momento de hacer un análisis sobre el panorama que se abrió posteriormente, el que incorpora el Diálogo Social como ámbito para discutir la seguridad social en forma amplia, más allá de los tres puntos que impulsamos desde la papeleta plebiscitaria. Eso fue anunciado muchas veces, antes de las internas de junio y de las nacionales de octubre y noviembre, ya más de un año atrás.
Frente a una batería de ataques y propaganda mediática basada en falsedades y los famosos cucos de siempre, la mayoría de los partidos políticos se manifestaron declaradamente en contra del plebiscito promovido por el PIT-CNT; otros, como el Frente Amplio, se inclinaron por el camino de la “libertad de acción”, aunque, en forma paradojal, resolvió en paralelo que no se podría realizar actividades para promover el plebiscito utilizando la infraestructura partidaria.
Incluso, algunos sectores se manifestaron contrarios a la propuesta popular utilizando en sus argumentos buena parte del discurso de sus opositores políticos. Hasta hubo expresiones colectivas, como las de algo más de un centenar de “economistas frenteamplistas por el no al plebiscito”, por ejemplo. Ese fue el camino elegido por la mayoría de la dirección de la actual fuerza de gobierno: los temas relacionados a la seguridad social, según ellos, no deberían definirse por un plebiscito, sino que debería ser por ley y a través de un “amplio Diálogo Social”.
Finalmente, a fines de julio pasado el tan mentado diálogo comenzó. Hemos estado atentos a todas sus instancias y verificamos que lo que allí se plantea, fundamentalmente en los conversatorios, por parte de la gente sencilla, es lo mismo que sostenemos desde el campo popular. Y que lo que sigue estando ausente es la visibilización de los privilegios de las AFAP, de las empresas –fundamentalmente multinacionales– y en general de sectores muy poderosos, social y económicamente, cuyos “lobbies”, tantas veces silenciosos, logran buenos resultados.
Mientras quienes no postulan para ningún plan social dialogan, la gente espera y “paga la fiesta”, sin trabajo, jubilaciones ni pensiones bien remuneradas, sin salud ni educación de calidad, sin alimentación suficiente, con penurias, miseria y pobreza. Los que siempre ganan siguen ganando, los que siempre pierden siguen perdiendo.
Y es una espera que no tiene siquiera garantizado un final acorde. Es importante recordar bajo qué preceptos este “amplio diálogo social” iba a ser abordado y bajo qué condiciones, porque la realidad está demostrando que no sería un ámbito de intercambio genuino, sino uno en el que a priori se plantea un sistema determinado, con condicionantes y financiamiento ya definidos. Eso lleva a preguntarnos a qué tipo de consensos o representación de la voluntad popular se podrá arribar en ese ámbito. ¿Se está dispuesto realmente a revisar el sistema y hacer todo lo necesario para cambiarlo en un sentido de progreso, o no?
Cuando tomamos contacto con la conformación de la comisión del diálogo, fue notorio que de social y popular tiene poco, mientras que de político y representación de intereses económicos poderosos tiene mucho. Y de ámbito de debate transformador genuino, menos que menos.
Por eso nos parece tan importante dedicar este espacio para recordar, para refrescar memorias. En las Bases Programáticas aprobadas por el Plenario Nacional del Frente Amplio el 14 de octubre de 2023 y luego integradas al Programa de Gobierno 2025-2030 de la fuerza política que hoy gobierna, se establecieron estos compromisos:
» “3.1. Se deberá generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo. A tales efectos, se considerarán diversos estudios (sociales, económicos, laborales, de género, demográficos y actuariales) que sirvan de insumos para el Diálogo Social.
» 3.2. Atender los problemas de acceso a las prestaciones que se prevé que existan en el futuro. Para ello, será necesario evaluar cómo garantizar un piso básico de protección social en la vejez, superando la limitación que implica que, en la actualidad, las prestaciones no contributivas (pensión por vejez o invalidez) para quienes no configuren causal jubilatoria están supeditadas a requisitos que se derivan de situaciones de vulnerabilidad que deben ser revisados, valorando los avances al respecto en nuestros 15 años de gobierno. Al respecto, se evaluará la creación de una pasividad básica para personas mayores que no disponen de altos ingresos y/o patrimonio.
» 3.3. Equidad de derechos y mejora de los esquemas de aportación de los trabajadores independientes, unipersonales y las nuevas formas de relación laboral, garantizando pisos básicos de protección social que continúen mejorando los avances realizados en nuestros gobiernos, asimilándolos a los de los trabajadores dependientes.
» 4. Necesidad de fortalecer y potenciar un sistema de seguridad social multipilar, con tres componentes: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1° de marzo de 2025).
» 5. Incorporar al Diálogo las temáticas de cuidados, con prioridad en primera infancia, discapacidad, adultos mayores con dependencia y personas que cuidan”.
Dos años después de aprobadas estas definiciones, y cuando estamos a un año de que esta fuerza política alcanzara el gobierno nacional, la realidad nos devuelve contradicciones muy notorias, expresadas mediáticamente por sus principales referentes, algunos de rango ministerial. El primer ejemplo contundente de ello son las idas y vueltas en torno a volver a permitir que las personas puedan optar por jubilarse a partir de los 60 años; se ha puesto énfasis en que se permitiría en algunas situaciones y no en forma universal, lo que difiere notoriamente de lo expresado en los compromisos programáticos.
La realidad está demostrando que el Diálogo sobre Seguridad Social no sería un ámbito de intercambio genuino, sino uno en el que a priori se plantea un sistema determinado, con condicionantes y financiamiento ya definidos.
Tampoco hay avances concretos, ni anuncios siquiera, sobre lo planteado en el ítem 3.2. Cumplir la promesa y, agrego, hacer justicia con la imperiosa necesidad de alcanzar un piso básico de protección social a la vejez implica necesariamente hablar de suficiencias y no sólo de equilibrios financieros.
Vamos ahora a la equidad de derechos y los esquemas de aportación. ¿Se está dispuesto realmente a discutir y modificar la manera en que se financia el sistema de previsión social en Uruguay? Si realmente se está dispuesto a asumir un debate y un proceso de transformación imprescindible, como en otras partes del mundo está asomando, hay que poner en debate las lógicas de financiamiento, contributivas, impositivas, etcétera, y hay, por fin, que empezar a hacer visibles inequidades y exoneraciones a sectores poderosos que la ciudadanía desconoce y sustenta con sus propios impuestos. Y hay, naturalmente, que reconstruir un nuevo sistema de seguridad social verdaderamente solidario, en el que los aporten estén en concordancia con las riquezas.
Si seguimos sin abordar ese debate, si no se habla de suficiencias, cambios y mejoras en el financiamiento, no será posible jamás cumplir los preceptos programáticos que la fuerza política que gobierna comprometió ante el pueblo uruguayo. Para decirlo en criollo, si no se transforman las formas de financiamiento, seguiremos hablando de prestaciones pobres para uruguayas y uruguayos pobres, ni más, ni menos. Y ni hablar de que si no se está dispuesto a eliminar el lucro que se llevan las AFAP, tampoco.
El punto 4 es cuando menos cuestionable, ya que el sistema de ahorro, al menos en la concepción actual en nuestro país y con la existencia de las AFAP, implica de forma directa la existencia del lucro. Sea a través de beneficiar a empresas privadas, o como caja directa de los gobiernos de turno que obtienen de los aportes de trabajadores a través de compra de títulos de deuda pública los dineros para financiar el Estado. Los recursos de la seguridad social deberían tener un único destino: financiar el sistema en sí mismo. Si ello ocurriera, no estaríamos hablando de desequilibrios financieros, sino, muy al contrario, de situaciones económicas que permitirían cumplir con mejoras verdaderas para sus prestaciones.
Volvamos al Programa de Gobierno del Frente Amplio. Allí se puede leer también el siguiente compromiso: “Ratificar en todos sus términos el documento aprobado por unanimidad en el Plenario Nacional del Frente Amplio del 14/10/2023 que contiene las bases de diálogo de seguridad social. Revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social, en particular las inequidades en los aportes, siempre bajo la premisa de que aporten más quienes tienen más”.
A este respecto, lo que hemos tenido que escuchar a través de declaraciones de varios portavoces del Poder Ejecutivo, y en particular del presidente Yamandú Orsi, es que no existe la intención de agregar ningún tipo de impuesto. Esto es contradictorio con los compromisos asumidos por su fuerza política en la campaña electoral. ¿Cómo se haría una real revisión integral si no se está dispuesto a discutir aspectos impositivos? En la práctica, lo planteado por el presidente y su equipo económico significaría que las innovaciones que pudieran acordarse serán financiadas por la clase trabajadora, en forma de más aportes, sea de seguridad social o por financiamiento a través del Estado (por ejemplo, mediante el pago de impuestos asociados, entre ellos el IVA), ya que a la parte empresarial en este esquema contributivo de la seguridad social no podría establecerse ningún cambio que les resultase desfavorable. En definitiva, revisar, tocar poquito y dejar que la matriz de financiamiento de la seguridad social siga en términos amplios intocada.
En el mismo Programa de Gobierno 2025-2030 se realizan consideraciones referentes a las coberturas de cuidados, lo que implica, evidentemente, un sistema de cuidados con mejoras. Y para ello, por lo que se anuncia, tampoco habría posibilidades de asignar las partidas presupuestales que permitieran cumplir con este compromiso. Otra vez lo mismo: muchos anuncios, muchas palabras, pocos hechos. Hay miles de personas que esperan, por ejemplo, por sus asistentes personales. En octubre de 2024 eran casi 7.000 y la cifra disminuyó porque una parte muy importante de ellos murieron sin recibir las apoyaturas que necesitaban.
En suma, todo el esfuerzo militante que significó impulsar el Plebiscito en Defensa de la Seguridad Social nos permitió, desde una perspectiva de clase trabajadora y de defensa de derechos, cuestionar y desnudar severamente las injusticias del sistema económico que rige el país y el mundo desde hace décadas. El problema no somos nosotros, que proponemos alternativas. El problema son quienes gobiernan, que con sus salarios y condiciones de vida holgados no comprenden que pedirle a la gente que espere a que el país crezca para luego “derramar” –es increíble, pero otra vez volvió el versito de hacer crecer la torta y luego repartir las migajas– es, literalmente, inmoral.
Se necesita, por sobre todas las cosas, voluntad política. Se requiere una voluntad de cambio real de la economía del país, dejar el neoliberalismo, ahora disfrazado de progresismo economicista fashion, pero que en el fondo actúa prácticamente igual. En materia de seguridad social, la propia gente dio un mensaje bien claro: el 70% de los votos del partido que ahora es gobierno fueron acompañados de la papeleta blanca que decía “Sí” a terminar con lo más nefasto de nuestro sistema de seguridad social.
A quienes hemos promovido esta discusión, mucho más amplia y abarcadora de todos los aspectos del sistema de seguridad social, nos han tildado, en el mejor de los casos, de ilusos. Somos ilusos, infantiles, lo que quieran. Pero quiero recordarles a quienes hoy gobiernan que en estos 40 años de recuperación democrática los que han gobernado han sido ellos. Han gobernado durante estas cuatro décadas repitiendo una y mil veces las mismas recetas y sus consecuencias son funestas: precarización laboral, pobreza en toda la población (infancias y vejez), exclusión, violencia y miseria. Habría que recordarles, a muchas de estas personas, que parece que han olvidado ciertos principios éticos y morales que en algún momento predicaron, que no ha habido ni habrá en el mundo ningún cambio real que no se haya atrevido a cuestionar al sistema en sí. Un poquito de la rebeldía perdida, nada más ni nada menos que eso pedimos.
Aunque se nos intente descalificar y responsabilizar, no somos los trabajadores organizados y el movimiento social los responsables de la brutal crisis que viven Uruguay y América Latina. En esta lucha seguimos como clase trabajadora, con compromiso, con honestidad, trabajo y militancia. Con nuestros representantes en el Diálogo Social en clarísima minoría respecto del resto de la conformación, que siguen llevando la propuesta de las y los trabajadores y el pueblo. Con organizaciones sociales y sindicales hermanadas defendiendo en la calle la necesidad de los cambios que la gente necesita para, simplemente, alimentarse, atender su salud, formarse para la vida y para el trabajo, hacerlo en un contexto de seguridad personal y jurídica; en definitiva, vivir con dignidad.
Gonzalo Moreira es trabajador del Banco de Previsión Social y secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.