La escuela pública uruguaya enfrenta hoy muchas tensiones, desde reformas curriculares hasta presupuestos ajustados, pero una de las más invisibilizadas es la salud mental de quienes la sostienen: los docentes. En la reciente asamblea por escuelas de agosto —la ATD que convocó a todos los maestros y maestras del país a reflexionar sobre sus condiciones de trabajo— se abrieron grietas que no podemos seguir ignorando. Muchos docentes llegaron a sus centros con la convicción de “que algo se mueve”, y al mismo tiempo con una enorme carga de trabajo, emocional y física, que la instalación del debate puso al frente.
¿Por qué hablar de salud mental docente? Porque los datos así lo exigen. Un estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) muestra que sólo en Uruguay, gran parte de la docencia presenta niveles bajos de bienestar, una asociación con enfermedades mayores y un entramado de demandas laborales que sobrepasan lo meramente pedagógico. Además, investigaciones cualitativas señalan el desgaste emocional, los síntomas de estrés, la angustia, la doble carga de trabajo y el apagamiento familiar-profesional como parte sustancial del panorama.
En ese espacio de tensión llegó la ATD por escuelas: se abrió un escenario para que los maestros pudieran levantar sus voces, visibilizar sus demandas, pero también para que la institucionalidad escuche y responda. Entre los reclamos que emergen está la urgencia de equipos de apoyo psicológico, aumento de cargos de orientación y trabajo social, políticas de prevención de la violencia en las escuelas que repercuten también en la salud docente, y una mirada extendida hacia las condiciones materiales y simbólicas de la profesión docente.
Por ejemplo, la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) señaló públicamente el incremento de la violencia en jardines y escuelas, que “viene con un sinfín de consecuencias para las y los docentes”. En este marco se reclamó que la salud mental sea una prioridad con “celeridad en las consultas y tratamientos que las infancias y referentes adultos están requiriendo”.
El sentido de este reclamo lo resume una frase: la escuela pública no lo puede todo, pero al docente no se le puede seguir pidiendo que lo soporte todo. Si la escuela es espacio de construcción social, de formación y de esperanza, ¿cómo pretender que lo sea cuando quienes la conducen están al borde del agotamiento?
¿Qué ocurre cuando los docentes enferman emocionalmente? Las implicaciones van más allá del individuo: impactan en el clima escolar, en la calidad de la enseñanza, en la permanencia de profesionales y en la relación con niñas, niños y adolescentes. Desde el estudio del Ineed se advierte que los docentes con menor bienestar tienen mayor prevalencia de enfermedades, y que estas condiciones se vinculan con ausentismo, rotación o abandono de la profesión. Es decir: la salud mental docente no es un asunto marginal, sino que forma parte esencial de la sustentabilidad del sistema educativo.
La pandemia profundizó ese daño, pero lo que emerge ahora es que muchas de esas condiciones se volvieron “normales”: exceso de horas, preparación fuera del horario escolar, múltiples centros de trabajo, exigencias crecientes, presión de resultados, entornos escolares que cambian. Por ejemplo, un reciente análisis destaca que los principales retos para los docentes son “la doble presencialidad y el rol de la jornada laboral” —la necesidad de estar en más de un centro, la tarea fuera del aula, la combinación con responsabilidades familiares—.
¿Qué debe exigirse desde el reclamo que se levantó en la ATD?
1. Reconocimiento real de los riesgos y el desgaste profesional docente. Que la salud mental docente deje de ser un tema invisible. Estudios uruguayos ya identificaron síntomas como angustia, dificultades de concentración, agotamiento, asociadas al ejercicio de la profesión.
2. Políticas de prevención e intervención integradas. No basta con decir “hay que cuidarse”. Necesitamos equipos de apoyo psicológico en los centros, instancias de reflexión y autocuidado, reducción de carga laboral, tiempos de planificación bien definidos, formación para gestionar situaciones de violencia o conflicto.
Si la escuela es espacio de construcción social, de formación y de esperanza, ¿cómo pretender que lo sea cuando quienes la conducen están al borde del agotamiento?
3. Reducción de cargas y mejora de las condiciones de trabajo. Si los maestros deben trabajar en múltiples centros, tomar tareas fuera de horario, atender situaciones sociales complejas, es inevitable que su salud se resienta. El reclamo docente exige una carrera profesional valorada, un salario digno, condiciones laborales justas.
4. Ambientes escolares seguros y comunitarios. Parte del desgaste docente proviene de la violencia —ya sea de estudiantes, familias o institucional— y de la soledad profesional. Como lo señaló Ademu, "la convivencia está atravesada por múltiples factores de desprotección".
5. Presupuesto educativo que contemple salud ocupacional docente. Si la escuela pública es prioridad, entonces el Estado debe garantizar el presupuesto suficiente para sostenerla, dotarla de recursos humanos, materiales y de un clima de trabajo saludable.
Un llamado ético y práctico
Cuando los docentes alzan la voz en la ATD de agosto, no reclaman privilegios: reclaman dignidad, condiciones, salud, humanidad. Porque la escuela no puede seguir cargando sobre su espalda la responsabilidad de formar ciudadanos cuando los ciudadanos-formadores están agotados. Formemos y eduquemos, por supuesto, pero también cuidemos al que enseña; porque para que la educación sea de calidad, quienes la dan deben estar en condiciones de darla.
Si algo quedó claro en esa asamblea por escuelas es que la salud mental docente es también política de Estado, derecho laboral y base para una educación democrática. Ignorarla sería perder no sólo a las maestras y maestros, sino a lo mejor que la escuela pública puede dar. Y eso no lo podemos permitir.
Evelyn Marchicio es maestra de Educación Primaria.