El fideicomiso de Salto no debería leerse como un escándalo ni como una simple disputa coyuntural, aunque para la política local tenga todos los componentes de un sainete criollo: edila esposa de exintendente que vota en contra de lo que resolvió su fuerza política, edil que también desoyó a su fuerza política y que tiene orígenes en el mismo partido del actual intendente pero que pasó a tener protagonismo desde las filas del Frente Amplio (FA), sacudidas de opinión pública en los días previos a la votación, intriga de actores integrantes de la Coalición Republicana por el Partido Colorado que hasta último momento ponían en duda su voto, sumados a los gritos, insultos y desorden en la Junta Departamental el día de la votación.
Todo esto enrarece para el FA el clima en su interna, genera una grieta que podrá o no ser un quiebre y le da éxito al intendente Carlos Albisu en su objetivo económico del fideicomiso y otro político al dividir a la oposición. Pero todos estos elementos son mucho más anecdóticos que relevantes.
La aprobación del fideicomiso en la Junta Departamental de Salto también trasciende el debate puntual sobre un instrumento financiero. Lo ocurrido permite observar con bastante nitidez algunas de las tensiones habituales que caracterizan a la política subnacional en Uruguay: autonomía formal combinada con alta legitimidad electoral, pero con fragilidad fiscal; disciplina partidaria que se enfrenta a la lógica territorial y a los intereses personales de los actores en cuestión; responsabilidad de gestión y rendición de cuentas ante la ciudadanía; y, finalmente, el protagonismo y la centralidad de los intendentes a la hora de generar políticas y acuerdos con el sistema político local.
En esta línea Salto no es una anomalía, sino un caso evidente de dinámicas que atraviesan al conjunto de los gobiernos departamentales. En Montevideo, por ejemplo, distintos fideicomisos han sido utilizados para financiar infraestructura urbana y transporte, también con compromisos a largo plazo que trascienden al gobierno que los solicita. En Canelones, el recurso al endeudamiento ha acompañado procesos de expansión de políticas públicas y obras, con mayor estabilidad política, pero con desafíos similares en términos del plazo a pagar y débil control ciudadano directo. Incluso en departamentos con menor escala humana y presupuestal, como Maldonado o Paysandú, se observa la misma lógica: el fideicomiso emerge como herramienta central cuando los recursos son insuficientes. Actualmente un proceso similar está en marcha en Florida.
Desde hace un tiempo la literatura sobre política subnacional en general, y de Uruguay en particular, viene señalando una paradoja: los gobiernos departamentales cuentan con una legitimidad democrática directa fuerte, pero con capacidades fiscales limitadas y estructuralmente dependientes del gobierno central. El fideicomiso aprobado en Salto encaja en esa paradoja. Permite resolver problemas inmediatos (deudas acumuladas, obras postergadas) a costa de comprometer ingresos futuros por un período que excede varios ciclos de gobierno.
A esto debemos agregarle otro asunto que no es una paradoja, sino una constante: desde la salida de la dictadura los gobiernos departamentales tienen un proceso incremental de funciones, cada vez se ocupan de más asuntos y se convierten en estructuras de gobierno cada vez más complejas y con niveles de autonomía creciente en materia administrativa y de recursos humanos, pero con ello crecientemente dependientes de presupuestos centrales. Y más allá de que el Congreso de Intendentes se ha institucionalizado y posicionado como actor relevante para conseguir más recursos dirigidos a los gobiernos departamentales, a nuestra característica institucional unitaria se le suma un centralismo político fundacional que no hace nunca las cosas demasiados sencillas a la hora de la transferencia de recursos, es decir, a la hora de descentralizar.
No se trataría entonces de discutir si el fideicomiso es “bueno” o “malo” per se, sino de reconocer que expresa una forma recurrente de gestionar la escasez de recursos económicos a nivel subnacional: ampliar capacidad de acción en el presente mediante endeudamiento de largo plazo, trasladando parte de los costos políticos y presupuestales a administraciones futuras.
Los gobiernos departamentales cuentan con una legitimidad democrática directa fuerte, pero con capacidades fiscales limitadas y estructuralmente dependientes del gobierno central.
La diferencia no está tanto en el instrumento, sino en el contexto político. Allí donde el Ejecutivo cuenta con mayorías claras y partidos cohesionados, el conflicto queda atenuado, o simplemente no existe. En Salto, en cambio, el fideicomiso actuó como catalizador de tensiones latentes que se hicieron visibles tras la derrota electoral de mayo de 2025 y ahora dejan al descubierto los límites del control partidario central en el nivel departamental. Que ediles del Frente Amplio hayan votado el fideicomiso en contra de una resolución orgánica no debería leerse únicamente como indisciplina (que lo es), sino como expresión de una tensión clásica de la política local: la doble lealtad entre partido y territorio, o entre partido e intereses personales de dirigentes locales, así como las contradicciones típicas de la disciplina partidaria en contextos subnacionales: ¿prima el partido, o manda el político que por lo general supone que los votos son suyos?
Esto no debilita necesariamente a los partidos como organizaciones nacionales, pero sí muestra que su capacidad de control vertical es mucho más acotada cuando la política se juega en clave de gestión local y territorial. Las sanciones posteriores refuerzan una característica ya señalada por la literatura: los partidos uruguayos conservan alta institucionalización formal, pero enfrentan dificultades crecientes para procesar disensos que emergen desde arenas subnacionales con autonomía política real.
Otro aspecto clave es el de la rendición de cuentas a largo plazo. El fideicomiso introduce un intervalo de tiempo evidente entre la decisión política y las consecuencias derivadas de ella. Quienes impulsan y aprueban el endeudamiento difícilmente enfrenten los costos totales del pago. Esta lógica, habitual en gobiernos subnacionales, debilita la rendición de cuentas democrática: el elector evalúa políticas cuyos efectos fiscales más costosos y también complejos aún no se han materializado.
El episodio también confirma la centralidad del intendente como actor dominante en la política departamental. Aunque formalmente la Junta tiene poder de veto en diferentes asuntos, en la práctica el Ejecutivo concentra la iniciativa, define la agenda y construye las mayorías necesarias, incluso recurriendo a acuerdos poco previsibles y que terminan tendiendo un manto de sospecha sobre las razones que hacen que los opositores den su voto cuando las decisiones son individuales y no consensuadas con su fuerza política. Salto en esto tampoco difiere de otros departamentos: la figura del intendente sigue siendo el principal actor de decisión y articulación política a nivel local.
El de Salto entonces parece más bien un caso paradigmático de tensiones que atraviesan la política subnacional uruguaya: gobiernos con fuerte legitimidad electoral y débiles márgenes fiscales, partidos con vocación de control pero con límites efectivos para hacerlo, y decisiones que resuelven urgencias presentes a costa de compromisos futuros.
Mientras estas tensiones no se aborden de manera más estructural, los fideicomisos seguirán apareciendo como una solución recurrente a los dilemas de recursos de los gobiernos en el nivel departamental. Soluciones que en lo político desenmascaran la complejidad de la política local en dos dimensiones claves: intereses personales y representaciones territoriales.
Ernesto Nieto es doctor en Ciencia Política, investigador y docente en el Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República. Es fundador de Ágora Consultores.