El lunes se van a presentar los resultados de cuatro meses de diálogo político y social sobre la seguridad pública. Es un hecho esperanzador, aunque todavía estén por verse el plan nacional que utilizará este intercambio como insumo y sus resultados.
Sin embargo, varias de las noticias sobre el tema más difundidas en la semana no destacaron este trabajo conjunto, sino discrepancias entre el oficialismo y la oposición e intercambios de críticas.
En esta edición publicamos entrevistas con Emiliano Rojido y Nicolás Martinelli, dos de los principales referentes en la materia de ambas partes. Por debajo de las diferencias ideológicas y los cuestionamientos recíprocos, hay avances hacia una percepción compartida de los principales problemas y de la pertinencia de acordar respuestas integrales, que se sostengan más allá de un período de gobierno o de una gestión ministerial.
Sucesivos gobiernos de distintas orientaciones no han podido resolver algunos de esos problemas, ni impedir la aparición y el agravamiento de otros. La insatisfacción ciudadana le quita espacio a cualquier pretensión de plantear el asunto como debate partidista entre sabios e ignorantes.
Son obvias las necesidades de aprender a cooperar y de cooperar para aprender, superando por lo menos en este terreno la contienda electoralista permanente. La ausencia de políticas de Estado indica el estado de nuestra política, que deja mucho que desear.
A esta altura, por ejemplo, debería estar muy claro que no se construye nada sólido con reacciones coyunturales a cada percepción de inseguridad señalada por las encuestas.
Un ejemplo de esta conducta ha sido el aumento de penas para tal o cual delito sólo porque la población se atemoriza (o es atemorizada) por su aumento, como sucedió en distintas décadas con los copamientos o las rapiñas. Por el mismo camino de superficialidad llegaron los énfasis en clausurar lugares de venta de drogas al por menor, y últimamente en reprimir a personas en situación de calle.
Otro ejemplo es el incremento del despliegue público policial sólo para que la gente se sienta más custodiada, aunque esto no tenga ninguna otra consecuencia relevante.
Son tácticas de poco alcance que pueden deberse a un primitivismo bien intencionado o a politiquería, pero que no constituyen ni construyen una estrategia o un plan de seguridad pública, y en los hechos empeoran la situación. El Código Penal perdió criterios racionales de proporcionalidad, y los medios empleados para salvar las apariencias se les sustraen a fines mucho más prioritarios y productivos. Las cárceles precarias y hacinadas son una fábrica de reincidencias y una potencial cantera de reclutamiento para el crimen organizado.
Hay un creciente reconocimiento de la importancia que tienen la reforma carcelaria, la prevención mediante tareas de inteligencia, la atención a nuevas modalidades delictivas en auge o la articulación de recursos estatales y sociales mucho más amplios que los de la Policía. Son oportunidades para la planificación rigurosa y apoyada en evidencia. Si se aprovechan, no cosechará un partido sino el país.