Una transición, muchas ventanas al conflicto

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El lunes 25 de noviembre de 2024, los políticos ganadores y los perdedores de los comicios del domingo 24, los periodistas, los analistas y la ciudadanía empezamos a hablar de transición. Es febrero de 2025 y seguimos haciéndolo.

El 11 de febrero, el presidente en funciones, Luis Lacalle Pou, dijo: “Tres meses de transición, en la actualidad, es inentendible”.¹ La discusión en términos de extensión temporal de la transición parece poco fructífera. En su lugar, propongo que se converse sobre la complejidad que atraviesa a estos procesos a los que asistimos cada cinco años y que, además, se ven condicionados por el nombramiento de jerarcas ministeriales, directores de las empresas públicas, por la negociación política que está detrás de cada uno de esos movimientos y, además, por los coletazos de la contienda electoral. Que aún no terminó. Por ello, cuanta más información de calidad tenga la ciudadanía sobre lo que está en juego durante estos meses (más allá de los nombres y los cargos), será mejor, no sólo para interpretar y comprender el proceso que nos convoca, sino para sopesar el desempeño del nuevo gobierno durante esta especie de “tiempo cero”. Aunque no sea evidente, en las gateras el nuevo gobierno se juega bastante. Sobre todo, podría condicionar su primer año de gobierno.

En estos párrafos intentaré reflexionar sobre dos aspectos. Primero, compartiré algunas consideraciones generales sobre lo que son las transiciones. Segundo, mencionaré dos dimensiones directamente vinculadas a los procesos de transición y estrechamente asociadas entre sí: la institucionalidad y las políticas públicas.

Vamos, primero, por lo más fácil. ¿Qué es una transición? Es un período de tiempo en que los jerarcas del gobierno en funciones y los del gobierno electo comienzan a procesar el “pasaje” de información sobre las políticas, las instituciones y las decisiones estratégicas implementadas durante el período de gobierno a cargo del partido político saliente. Es una especie de puente que en nuestro país se ilustra con la imagen de “carpetas”.²

En Uruguay, la transición que nos convoca dura, aproximadamente, 14 semanas. Es un período de tiempo prudente para adentrarse y entender las políticas públicas en funcionamiento y sobre todo para comprender el estado de situación de la institucionalidad que las sostiene. Estamos hablando de 14 semanas para comprender cómo funciona un país. No parece demasiado tiempo. Uno de los problemas que atraviesan estas semanas es que se trata de un período de tiempo que está marcado por la incertidumbre, porque quien ostenta formalmente el poder –en nuestro caso el Partido Nacional– posee menor capital político, y quien fue respaldado por el voto popular y democrático aún no cuenta con el poder formal para tomar decisiones. Es, entonces, un escenario propicio para que surjan dudas, dimes y diretes o directamente conflictos en las dos dimensiones que mencionábamos antes: las políticas públicas y la institucionalidad. Sobre estas dos hubo “conflictos”. El caso de la firma del proyecto Arazatí y la discusión en torno a la cifra correcta del déficit fiscal son ejemplos. Seguramente, aparecerán más si se pone la lupa en distintas arenas de política pública (las dos más evidentes son los temas vinculados a la seguridad ciudadana y la seguridad social).

Ahora bien, ¿por qué nos importa mencionar la centralidad de la institucionalidad durante el período de transición? Porque, justamente, ella refiere –grosso modo– a esa arquitectura de normas, reglas y organizaciones que dan vida a las políticas públicas en particular y a la actividad política en general. Entonces, a la complejidad del proceso de transición en términos de poder, como se mencionaba anteriormente, debe sumarse, en este caso, que se trata de un proceso protagonizado por dos partidos políticos diferentes, con cierta distancia ideológica y algunas diferencias en materia programática que se han evidenciado en posturas disímiles sobre la institucionalidad de las políticas públicas.³ En otras palabras, durante estos 98 días, los elencos políticos y técnicos que están de salida y los que están en el banco esperando para entrar el 1º de marzo tienen que lidiar con los problemas propios de las transiciones –que también están presentes en los procesos que involucran a presidentes que suceden a presidentes del mismo partido– y con aquellos problemas derivados de las diferencias político-ideológicas que caracterizan a las transiciones de gobierno entre partidos distintos. Más allá de la congruencia ideológica o los grandes acuerdos que caracterizan a nuestros partidos políticos, tienen matices en cómo organizar el Estado en algunas áreas y funciones y en cómo diseñan e implementan políticas públicas. Por lo tanto, se abren otras ventanas para el conflicto.

Dijimos que durante estas semanas se pasa la posta sobre la institucionalidad y el estado de situación de las políticas públicas. Pero ¿cuál es el problema más evidente? Que son pocos los casos en que estas discusiones están sobre la mesa para que sean apropiadas por la ciudadanía de una forma aprehensible. Una de las explicaciones posibles, no excluyente de otras, es que aún sigue existiendo cierto clima de campaña electoral, lo que supone que quienes ganaron todavía están afectados por el clima de victoria de la campaña electoral y, por ende, tienden a pensar que sus respuestas a los problemas políticos son las correctas. No siempre es así, y este es un aspecto que no debemos perder de vista. Este ánimo se ve acrecentado en el caso uruguayo porque estamos transitando, además, el último hito que cierra nuestro ciclo electoral: las elecciones departamentales de mayo. Nuevamente, otra ventana abierta para el conflicto.

Entonces, ¿por qué negar el conflicto? ¿Por qué nos empecinamos en dar por sentado que nuestras transiciones serán “maduras”, “responsables”, “informadas”? Esa es la opinión de los políticos y técnicos involucrados en el proceso, pero puede no ser la realidad. Entonces, ¿por qué no estudiar más en profundidad estos procesos? Los presidentes y sus asesores saben que deben impulsar su agenda política a través del Parlamento durante el primer año para no perder su capital político. Ahora bien, como indican Eksterowicz y Hastedt refiriéndose a la transición de gobierno de Clinton en Estados Unidos, “la clave para un primer año exitoso es la planificación avanzada y el aprendizaje durante el período de transición de una administración a otra” (1998, 299).⁴ En definitiva, las transiciones importan, pero sobre todo importa la capacidad política y técnica de quienes están encargados de ellas. Las preguntas, entonces, sobre la eficacia de la transición podremos responderlas hacia fines de 2025, siempre y cuando lo hagamos rigurosamente. Anoten en vuestras agendas.

Camila Zeballos Lereté es politóloga.