Primero fue Carlos Moreira, el intendente de Colonia. Un caso aislado. Después fue Wilson Ezquerra, el intendente de Tacuarembó. Otro caso aislado. Luego llegó Valentina y el tío Caram, diputada e intendente por Artigas. También fue un caso aislado. Pero luego le tocó a Guillermo Besozzi ser acusado de cometer varios delitos, un hombre muy importante dentro del Partido Nacional y determinante en su departamento. Y fue difícil argumentar que se trataba de un caso aislado.
Al unísono, en manada, los principales dirigentes de la colectividad blanca, algunos periodistas y otros operadores de las redes sociales salieron inmediatamente en su defensa, apuntando de un modo muy virulento contra la fiscal del caso, algo inédito en la historia del país.
Eligieron el método de la inversión, que suele ser muy utilizado en los estrados judiciales cuando se dispone de una potente defensa (aunque no sea necesariamente buena): se trata de convertir al acusado en una víctima y al acusador en el acusado. En derecho, cuando se elige este método, es porque hay algunos problemas en argumentar contra las acusaciones.
Fueron muchos, pero recordemos los más importantes. El excandidato a la presidencia Álvaro Delgado tuiteó que se trató de una detención innecesaria, una medida excesiva y cuestionable jurídica y políticamente, y también condenó la prisión domiciliaria de la que fue objeto Besozzi. Denunció además la existencia de sesgos políticos en la decisión que recaía sobre el favorito a ganar la elección municipal en el departamento de Soriano y también condenó las filtraciones de toda la información del caso ocurridas desde la fiscalía.
Mucho más duro fue el senador Javier García, quien arremetió contra la fiscal del caso por supuestas publicaciones que habría hecho en las redes sociales en el pasado. También pretendió ver la mano del Frente Amplio en una supuesta operación política desde las sombras. Fue más al hueso y afirmó que desde la fiscalía funcionaba un centro de operaciones políticas.
El también senador Sebastián da Silva, ese orgullo de la derecha gaucha, el paladín de la ruralidad, el que nunca está en la posada y siempre se encuentra en el camino, aseveró que la fiscal incumplió sus obligaciones, no fue imparcial, y la acusó directamente de ser antiblanca y de faltarle el respeto al Partido Nacional. Remató diciendo que, si Besozzi por lo que hizo recibió una tobillera, él debería tener dos.
Esta defensa jurídica tan dura la realizaron un veterinario, un médico y un productor rural. Todos concordaron en reconocer una fiscalía tendenciosa, que acelera y dinamiza algunas causas, mientras que otras avanzan como una vieja tortuga. El fantasma del exfiscal de Corte, hoy prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz sobrevuela como si fuera la mano maquiavélica que mueve las piezas desde la oscuridad.
Sin espuelas, pero con tobillera
Guillermo Besozzi fue conducido por la Policía a la sede judicial, y salió de ella hacia su chacra, con tobillera y con prisión domiciliaria. Pocas horas después, sin embargo, tuvo el privilegio que en general no tienen quienes deben padecer los itinerarios del sistema judicial, y pudo brindar desde la comodidad de su hogar en las afueras de Mercedes una conferencia de prensa en la que estaban presentes los principales medios del país, y brindarnos una escena de hondo dramatismo y muy emotiva. Pudo verse al exintendente y hasta ese momento candidato favorito para renovarse en el cargo apelar al recuerdo de su padre y a no saber cómo explicarles a sus nietos, con ojos llorosos, lo que estaban viviendo.
Lo más grave es que con sus acusaciones sobre la fiscal, la fiscalía y el sistema judicial, demuestran que no les importa incendiar y deslegitimar a la justicia del país y al prestigio que puede aún tener.
Explicó su proceder, afirmó que nunca se quedó con un peso de otro, que no se benefició personalmente de ninguno de los favores realizados y, para que quedara claro de que no se trataba de una amenaza, que esto podía pasarle a cualquiera, del presidente para abajo, porque lo que él hizo lo hacen todos.
Se dijo inocente, afirmó que todos son culpables de lo mismo, sin importar y definir si se trataba de acciones legales o ilegales; su argumento es que lo hacían todos, lo que legitimaba esas acciones y las volvía correctas. Fue más allá y dijo ser un preso político, una afirmación inadmisible que apela a una categoría que tiene extrema sensibilidad para buena parte del país, especialmente para quienes debieron sufrir esa condición.
Más allá de los detalles de las acusaciones, graves por cierto, quisiera detenerme en lo que creo es el problema central y núcleo principal de lo que debe condenarse, y es la evidencia de la existencia de una estructura de poder en muchos de los departamentos administrados por el Partido Nacional, que revela una forma de gobernar y administrar los dineros y la cosa pública, con una lábil línea que no siempre diferencia lo público y lo privado, y que se ha vuelto muy eficaz para conservar el poder. Una estructura en la que se beneficia a los amigos, se hacen discrecionalmente favores, se otorgan horas extras, trabajos y ayudas políticas y privadas, pero utilizando las arcas de los municipios. Y lo peor, está absolutamente naturalizada. Ingenuamente la han definido como una especie de cultura de la gauchada, y siempre afirman que los montevideanos no la comprenden, no saben cómo se conforma y funciona la sociabilidad en el interior del país, basada continuamente en la realización de favores. En definitiva, los capitalinos no entienden la idiosincrasia criolla.
Recordemos, además, que el Partido Nacional se opuso fuertemente al proyecto para regular el ingreso de trabajadores a las intendencias. Allí radica una de las patas fuertes de su poder.
Pero debe ser señalado que no es cierto lo que dijo Guillermo Besozzi, de que él no se benefició personalmente con algunas de las decisiones tomadas que se le imputan judicialmente y que son presentadas como actos de generosidad o de un necesario humanismo. En cada uno de los favores realizados hay beneficios políticos, económicos, los hay también simbólicos, y también los hay en el ejercicio, el desarrollo y la acumulación de poder.
El 20 de marzo, cinco intendentes blancos visitaron a Besozzi en su chacra, y lo hicieron para brindarle su total apoyo. Y el domingo 23, cientos de sus simpatizantes a caballo y en automóvil se congregaron en la entrada de su chacra bajo la consigna de “todos somos Besozzi” y pudieron expresarle todo su apoyo. Allí vimos nuevamente desplegar un teatro de inocencia y de victimización, dijo no haber hecho nada malo y se lo apreció entre el amor y apoyo de los suyos. Pudieron verse también imágenes de Jorge Larrañaga con la inscripción de una frase saravista que lo ha identificado y que ha calado hondo entre sus seguidores: “Hay orden de no aflojar”.
Por eso insisto en que la gravedad de los acontecimientos, por la importancia de los actores en juego, debe permitir dejar en evidencia una forma de ejercicio del poder en esas intendencias, en general centradas en un líder con características de caudillo, una especie de big man, amo y señor de la sociedad que distribuye favores, empleos, horas extras, negocios y ganancias de acuerdo a su total arbitrariedad y al que luego hay que retribuir con el voto.
Toda la patota blanca se ensañó con la fiscal, pero se olvidaron de señalar que hubo una decisión de un juez también. Lo más grave es que con sus acusaciones sobre la fiscal, la fiscalía y el sistema judicial demuestran que no les importa incendiar y deslegitimar a la Justicia del país y al prestigio que puede aún tener, para preservar un sistema que es la base que los ha mantenido en el poder en la mayoría de las intendencias del país.
Lo que debe condenarse es la defensa sostenida de los máximos dirigentes del Partido Nacional de los actos que reconocieron que son el procedimiento habitual y que han naturalizado como lo normal y correcto. La gauchada es una cosa, pero los delitos son otra. Quien debe definir si se trata de actividades delictivas o no será la Justicia, y se la debe dejar trabajar con tranquilidad. La presión que han ejercido los principales dirigentes nacionalistas y otros actores sociales debe ser condenada y reprobada.
Por último, recordar que Besozzi no es un preso político, sino un político preso. Y aunque suenen muy parecido, son cosas muy diferentes.
Fabricio Vomero es licenciado en Psicología, magíster y doctor en Antropología.